El Frente Amplio confirmó la renuncia de la diputada Catalina Pérez, ocurrida el pasado 15 de noviembre, tras la divulgación de nuevos antecedentes sobre los cuestionados convenios entre la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta. Estas nuevas filtraciones incluyen conversaciones entre Pérez y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que reavivaron las dudas sobre el grado de conocimiento que tenía la diputada respecto a las irregularidades asociadas a estos traspasos. Según señala La Tercera, la decisión de Pérez se concretó justo antes de que expirara el plazo de la “ley antidíscolos”, que permite a políticos postular a cargos públicos como independientes. Según Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, el partido aceptó su renuncia entendiendo que militar en una organización política es una decisión personal. Asimismo, reiteró la importancia de que la justicia esclarezca los hechos y determine responsabilidades en el caso. En cuanto a los procesos internos, Couble señaló que, tras la renuncia de Pérez, los tribunales del partido ya no tienen jurisdicción para investigar denuncias o aplicar sanciones en su contra. Los nuevos antecedentes incluyen un informe de la PDI que sugiere que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios desde julio de 2022. Según las transcripciones, Andrade le comentó en una ocasión que “parece que pueden salir las lucas” tras una conversación con Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Este dato contradice las declaraciones iniciales de Pérez, quien afirmó desconocer los convenios. La polémica en torno a Catalina Pérez continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad en el manejo de recursos públicos, mientras el Frente Amplio busca distanciarse de las implicancias legales y éticas del caso.
Este martes, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. En medio del litigio y para determinar su decisión, el juez Mario Cayu l se amparó en la Convención Belem do Pará, decretando la cautelar para el otrora personero de Gobierno, puesto que es considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Qué dice este tratado internacional? En 1994, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, tuvo lugar un acuerdo pionero en formalizar la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. El documento suscrito a nivel interamericano, señala expresamente que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. En ese sentido, la Convención entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. De acuerdo a lo referido en el artículo 4, “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado“, así como al “reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos“, profundiza. Con todo, el texto precisa que entre los derechos que poseen las mujeres se encuentran el de que “se respete su vida; su integridad física, psíquica y moral; su libertad y seguridad personales; la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; la igualdad de protección ante la ley y de la ley, y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos”, entre otros. Para concluir, conforme a lo que indicaron desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el acuerdo en cuestión ha dado pauta para “la adopción de leyes y políticas de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención”.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”.Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno.“Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”.“En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
El suboficial mayor de Gendarmería y dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), César Guzmán, expresó su preocupación por el traslado de Manuel Monsalve a la cárcel de Rancagua, donde, según el dirigente, existen serios riesgos de seguridad para el exsubsecretario del Interior. Monsalve, quien enfrenta acusaciones por abuso sexual, violación y violación tentativa en contra de una funcionaria del Gobierno, fue derivado al módulo 86 de este recinto, destinado a imputados primerizos por delitos sexuales. Ante esto, Guzmán detalló que el módulo, que alberga alrededor de 70 reclusos, incluye a algunos internos vinculados al crimen organizado, además de figuras de relevancia como el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. El dirigente denunció deficiencias en la mantención de la cárcel, a cargo de la empresa Siges, y señaló que recientemente se produjo un evento de fuga, donde un recluso logró escapar tras abrir su celda con una cuchara, lo que subraya la vulnerabilidad de la instalación. Cuando nos hablan de la cárcel de Rancagua como una prisión de alta seguridad, debemos recordar que la semana pasada fuimos vulnerados por una cuchara, afirmó Guzmán. Además, destacó que, debido a la presencia de internos vinculados al crimen organizado, Monsalve podría estar en peligro.No tenemos el personal adecuado para custodiarlo de forma directa, señaló, y enfatizó la carencia de recursos humanos para brindar una seguridad efectiva. Finalmente, el dirigente reiteró sus críticas hacia las condiciones del centro penitenciario, advirtiendo que cualquier intento de agresión contra Monsalve sería difícil de prevenir sin el personal necesario para ofrecer protección personalizada.
Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y otras autoridades, promulgó la Ley que regula los denominados “narcofunerales”. La ceremonia se realizó en San Ramón, comuna que ha sido afectada por este tipo de eventos, marcados por balaceras, fuegos artificiales y desórdenes que alteran la tranquilidad de los vecinos. La normativa, despachada por el Congreso el pasado 7 de noviembre, busca prevenir riesgos para la seguridad y el orden público en funerales asociados a delitos de alta peligrosidad. Durante el acto, Boric destacó que esta Ley responde a un compromiso adquirido en su Cuenta Pública 2023: “Es hora de decir cumplimos”. Según explicó Presidencia, la nueva Ley regula los funerales considerados de riesgo, estableciendo un catálogo de delitos que conllevarán penas agravadas, como desórdenes públicos, saqueos y uso de armas o fuegos artificiales. Además, la normativa reduce a 24 horas el tiempo permitido para el proceso funerario, y el recorrido del cortejo será decidido exclusivamente por Carabineros. Ante esto, la ministra Tohá subrayó que los derechos individuales tienen límites cuando afectan a la comunidad: “ No será la banda del narco quien decida el trayecto del féretro, sino Carabineros. Este es un acto en favor del interés general”. En caso de incidentes durante el funeral, como balaceras o cortes de tránsito, los responsables enfrentarán sanciones más severas. Asimismo, se controlará la identidad de los asistentes y se prohibirá la presencia de personas bajo la influencia de alcohol o drogas. Finalmente, con esta normativa, el Ejecutivo refuerza su estrategia de seguridad, buscando erradicar prácticas que han infundido temor en las comunidades afectadas.
El Frente Amplio confirmó la renuncia de la diputada Catalina Pérez, ocurrida el pasado 15 de noviembre, tras la divulgación de nuevos antecedentes sobre los cuestionados convenios entre la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta. Estas nuevas filtraciones incluyen conversaciones entre Pérez y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que reavivaron las dudas sobre el grado de conocimiento que tenía la diputada respecto a las irregularidades asociadas a estos traspasos. Según señala La Tercera, la decisión de Pérez se concretó justo antes de que expirara el plazo de la “ley antidíscolos”, que permite a políticos postular a cargos públicos como independientes. Según Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, el partido aceptó su renuncia entendiendo que militar en una organización política es una decisión personal. Asimismo, reiteró la importancia de que la justicia esclarezca los hechos y determine responsabilidades en el caso. En cuanto a los procesos internos, Couble señaló que, tras la renuncia de Pérez, los tribunales del partido ya no tienen jurisdicción para investigar denuncias o aplicar sanciones en su contra. Los nuevos antecedentes incluyen un informe de la PDI que sugiere que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios desde julio de 2022. Según las transcripciones, Andrade le comentó en una ocasión que “parece que pueden salir las lucas” tras una conversación con Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Este dato contradice las declaraciones iniciales de Pérez, quien afirmó desconocer los convenios. La polémica en torno a Catalina Pérez continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad en el manejo de recursos públicos, mientras el Frente Amplio busca distanciarse de las implicancias legales y éticas del caso.
Este martes, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. En medio del litigio y para determinar su decisión, el juez Mario Cayu l se amparó en la Convención Belem do Pará, decretando la cautelar para el otrora personero de Gobierno, puesto que es considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Qué dice este tratado internacional? En 1994, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, tuvo lugar un acuerdo pionero en formalizar la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. El documento suscrito a nivel interamericano, señala expresamente que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. En ese sentido, la Convención entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. De acuerdo a lo referido en el artículo 4, “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado“, así como al “reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos“, profundiza. Con todo, el texto precisa que entre los derechos que poseen las mujeres se encuentran el de que “se respete su vida; su integridad física, psíquica y moral; su libertad y seguridad personales; la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; la igualdad de protección ante la ley y de la ley, y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos”, entre otros. Para concluir, conforme a lo que indicaron desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el acuerdo en cuestión ha dado pauta para “la adopción de leyes y políticas de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención”.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”.Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno.“Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”.“En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
El suboficial mayor de Gendarmería y dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), César Guzmán, expresó su preocupación por el traslado de Manuel Monsalve a la cárcel de Rancagua, donde, según el dirigente, existen serios riesgos de seguridad para el exsubsecretario del Interior. Monsalve, quien enfrenta acusaciones por abuso sexual, violación y violación tentativa en contra de una funcionaria del Gobierno, fue derivado al módulo 86 de este recinto, destinado a imputados primerizos por delitos sexuales. Ante esto, Guzmán detalló que el módulo, que alberga alrededor de 70 reclusos, incluye a algunos internos vinculados al crimen organizado, además de figuras de relevancia como el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. El dirigente denunció deficiencias en la mantención de la cárcel, a cargo de la empresa Siges, y señaló que recientemente se produjo un evento de fuga, donde un recluso logró escapar tras abrir su celda con una cuchara, lo que subraya la vulnerabilidad de la instalación. Cuando nos hablan de la cárcel de Rancagua como una prisión de alta seguridad, debemos recordar que la semana pasada fuimos vulnerados por una cuchara, afirmó Guzmán. Además, destacó que, debido a la presencia de internos vinculados al crimen organizado, Monsalve podría estar en peligro.No tenemos el personal adecuado para custodiarlo de forma directa, señaló, y enfatizó la carencia de recursos humanos para brindar una seguridad efectiva. Finalmente, el dirigente reiteró sus críticas hacia las condiciones del centro penitenciario, advirtiendo que cualquier intento de agresión contra Monsalve sería difícil de prevenir sin el personal necesario para ofrecer protección personalizada.
Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y otras autoridades, promulgó la Ley que regula los denominados “narcofunerales”. La ceremonia se realizó en San Ramón, comuna que ha sido afectada por este tipo de eventos, marcados por balaceras, fuegos artificiales y desórdenes que alteran la tranquilidad de los vecinos. La normativa, despachada por el Congreso el pasado 7 de noviembre, busca prevenir riesgos para la seguridad y el orden público en funerales asociados a delitos de alta peligrosidad. Durante el acto, Boric destacó que esta Ley responde a un compromiso adquirido en su Cuenta Pública 2023: “Es hora de decir cumplimos”. Según explicó Presidencia, la nueva Ley regula los funerales considerados de riesgo, estableciendo un catálogo de delitos que conllevarán penas agravadas, como desórdenes públicos, saqueos y uso de armas o fuegos artificiales. Además, la normativa reduce a 24 horas el tiempo permitido para el proceso funerario, y el recorrido del cortejo será decidido exclusivamente por Carabineros. Ante esto, la ministra Tohá subrayó que los derechos individuales tienen límites cuando afectan a la comunidad: “ No será la banda del narco quien decida el trayecto del féretro, sino Carabineros. Este es un acto en favor del interés general”. En caso de incidentes durante el funeral, como balaceras o cortes de tránsito, los responsables enfrentarán sanciones más severas. Asimismo, se controlará la identidad de los asistentes y se prohibirá la presencia de personas bajo la influencia de alcohol o drogas. Finalmente, con esta normativa, el Ejecutivo refuerza su estrategia de seguridad, buscando erradicar prácticas que han infundido temor en las comunidades afectadas.
