Este martes, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. En medio del litigio y para determinar su decisión, el juez Mario Cayu l se amparó en la Convención Belem do Pará, decretando la cautelar para el otrora personero de Gobierno, puesto que es considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Qué dice este tratado internacional? En 1994, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, tuvo lugar un acuerdo pionero en formalizar la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. El documento suscrito a nivel interamericano, señala expresamente que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. En ese sentido, la Convención entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. De acuerdo a lo referido en el artículo 4, “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado“, así como al “reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos“, profundiza. Con todo, el texto precisa que entre los derechos que poseen las mujeres se encuentran el de que “se respete su vida; su integridad física, psíquica y moral; su libertad y seguridad personales; la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; la igualdad de protección ante la ley y de la ley, y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos”, entre otros. Para concluir, conforme a lo que indicaron desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el acuerdo en cuestión ha dado pauta para “la adopción de leyes y políticas de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención”.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”.Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno.“Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”.“En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, fue trasladado al Complejo Penitenciario de Rancagua para cumplir prisión preventiva, luego de ser formalizado por los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. La medida fue decretada por el juez Mario Cayul, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, quien lo consideró un peligro para la sociedad. Desde Gendarmería confirmaron su ingreso a las 01:25 horas al módulo 86, destinado a imputados primerizos acusados de delitos sexuales. Este sector alberga alrededor de 70 reclusos, incluyendo a exfuncionarios policiales y militares, así como al exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, con quien Monsalve compartirá celda. Ante esto, la defensa del exsubsecretario anunció la presentación de un recurso de apelación para revertir la medida cautelar. Confiamos en que esta situación podrá cambiar en instancias superiores, afirmó su abogado, Lino Disi. Mientras tanto, Monsalve deberá permanecer en reclusión durante los cuatro meses fijados para la investigación. La formalización se centró exclusivamente en los delitos sexuales, sin incluir aún las indagatorias relacionadas con la Ley de Inteligencia.
La Fiscalía de Tocopilla formalizó a un imputado venezolano por el delito de homicidio frustrado, tras un violento ataque ocurrido ayer por la tarde en el centro de la ciudad. El acusado está señalado como responsable de las graves lesiones sufridas por dos víctimas chilenas, quienes fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios. De acuerdo con lo informado en la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Tocopilla, los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas en la intersección de las calles 21 de Mayo y Manuel Rodríguez, donde el imputado comenzó una discusión con las víctimas. La situación escaló rápidamente cuando el agresor extrajo un cuchillo, con el cual causó varias heridas a los afectados. Tras el incidente, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Calama, en conjunto con Carabineros de la SIP y un fiscal de la comuna, se dirigieron al lugar para realizar las investigaciones pertinentes. Finalmente, por solicitud del Ministerio Público, el juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, dado el peligro que representa para la seguridad de las víctimas y la comunidad, así como el riesgo de fuga. El tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación del caso.
La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta formalizó a un ciudadano colombiano por tráfico de drogas, tras ser detenido por carabineros del OS7 mientras transportaba 345 kilos de marihuana y 10 kilos de pasta base en un vehículo. Según se detalló en la audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el operativo comenzó cerca de las 21:30 horas en la ruta 5 Norte, cuando el sujeto fue detectado circulando a alta velocidad por funcionarios apostados en el control La Negra. Tras iniciar el seguimiento, el vehículo fue interceptado kilómetros más al sur, donde se encontró en los asientos traseros sacos que contenían bolsas con la droga. El imputado fue formalizado por tráfico de drogas y quedó sujeto a prisión preventiva, ya que el tribunal consideró que representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación se fijó en 100 días. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que este procedimiento confirma el incremento de incautaciones de droga en la región durante 2024, especialmente de marihuana.Restando aún siete semanas para que concluya el año, hemos alcanzado las 16,8 toneladas de drogas incautadas , lo que supera largamente las 12,5 toneladas que se incautaron durante todo el año pasado y nos confirma como la región que más droga incauta no solo en la macrozona norte, sino que en todo el país, afirmó. Castro Bekios agregó que gran parte de los detenidos por tráfico de grandes cantidades son extranjeros, lo que sugiere la presencia de organizaciones criminales transnacionales que aprovechan la vulnerabilidad de la frontera para ingresar cargamentos al país. En cuanto a los desafíos que enfrenta el Ministerio Público en materia de drogas, el persecutor recordó que recientemente fue nombrado como fiscal a cargo de las investigaciones de tráfico marítimo entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo, labor que desarrollará junto a equipos especializados del Ministerio Público, Armada, Aduanas y policías, y que resulta de gran relevancia para un combate más efectivo a este delito.
Este martes, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. En medio del litigio y para determinar su decisión, el juez Mario Cayu l se amparó en la Convención Belem do Pará, decretando la cautelar para el otrora personero de Gobierno, puesto que es considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Qué dice este tratado internacional? En 1994, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, tuvo lugar un acuerdo pionero en formalizar la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. El documento suscrito a nivel interamericano, señala expresamente que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. En ese sentido, la Convención entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. De acuerdo a lo referido en el artículo 4, “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado“, así como al “reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos“, profundiza. Con todo, el texto precisa que entre los derechos que poseen las mujeres se encuentran el de que “se respete su vida; su integridad física, psíquica y moral; su libertad y seguridad personales; la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; la igualdad de protección ante la ley y de la ley, y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos”, entre otros. Para concluir, conforme a lo que indicaron desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el acuerdo en cuestión ha dado pauta para “la adopción de leyes y políticas de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención”.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”.Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno.“Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”.“En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, fue trasladado al Complejo Penitenciario de Rancagua para cumplir prisión preventiva, luego de ser formalizado por los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. La medida fue decretada por el juez Mario Cayul, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, quien lo consideró un peligro para la sociedad. Desde Gendarmería confirmaron su ingreso a las 01:25 horas al módulo 86, destinado a imputados primerizos acusados de delitos sexuales. Este sector alberga alrededor de 70 reclusos, incluyendo a exfuncionarios policiales y militares, así como al exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, con quien Monsalve compartirá celda. Ante esto, la defensa del exsubsecretario anunció la presentación de un recurso de apelación para revertir la medida cautelar. Confiamos en que esta situación podrá cambiar en instancias superiores, afirmó su abogado, Lino Disi. Mientras tanto, Monsalve deberá permanecer en reclusión durante los cuatro meses fijados para la investigación. La formalización se centró exclusivamente en los delitos sexuales, sin incluir aún las indagatorias relacionadas con la Ley de Inteligencia.
La Fiscalía de Tocopilla formalizó a un imputado venezolano por el delito de homicidio frustrado, tras un violento ataque ocurrido ayer por la tarde en el centro de la ciudad. El acusado está señalado como responsable de las graves lesiones sufridas por dos víctimas chilenas, quienes fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios. De acuerdo con lo informado en la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Tocopilla, los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas en la intersección de las calles 21 de Mayo y Manuel Rodríguez, donde el imputado comenzó una discusión con las víctimas. La situación escaló rápidamente cuando el agresor extrajo un cuchillo, con el cual causó varias heridas a los afectados. Tras el incidente, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Calama, en conjunto con Carabineros de la SIP y un fiscal de la comuna, se dirigieron al lugar para realizar las investigaciones pertinentes. Finalmente, por solicitud del Ministerio Público, el juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, dado el peligro que representa para la seguridad de las víctimas y la comunidad, así como el riesgo de fuga. El tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación del caso.
La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta formalizó a un ciudadano colombiano por tráfico de drogas, tras ser detenido por carabineros del OS7 mientras transportaba 345 kilos de marihuana y 10 kilos de pasta base en un vehículo. Según se detalló en la audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el operativo comenzó cerca de las 21:30 horas en la ruta 5 Norte, cuando el sujeto fue detectado circulando a alta velocidad por funcionarios apostados en el control La Negra. Tras iniciar el seguimiento, el vehículo fue interceptado kilómetros más al sur, donde se encontró en los asientos traseros sacos que contenían bolsas con la droga. El imputado fue formalizado por tráfico de drogas y quedó sujeto a prisión preventiva, ya que el tribunal consideró que representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación se fijó en 100 días. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que este procedimiento confirma el incremento de incautaciones de droga en la región durante 2024, especialmente de marihuana.Restando aún siete semanas para que concluya el año, hemos alcanzado las 16,8 toneladas de drogas incautadas , lo que supera largamente las 12,5 toneladas que se incautaron durante todo el año pasado y nos confirma como la región que más droga incauta no solo en la macrozona norte, sino que en todo el país, afirmó. Castro Bekios agregó que gran parte de los detenidos por tráfico de grandes cantidades son extranjeros, lo que sugiere la presencia de organizaciones criminales transnacionales que aprovechan la vulnerabilidad de la frontera para ingresar cargamentos al país. En cuanto a los desafíos que enfrenta el Ministerio Público en materia de drogas, el persecutor recordó que recientemente fue nombrado como fiscal a cargo de las investigaciones de tráfico marítimo entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo, labor que desarrollará junto a equipos especializados del Ministerio Público, Armada, Aduanas y policías, y que resulta de gran relevancia para un combate más efectivo a este delito.
