El Gobierno ha promulgado la ley que establece el acceso a internet como un servicio público en Chile, un hito que consagra la conectividad digital como un derecho fundamental para todos los ciudadanos del país. Esta legislación, impulsada originalmente durante la segunda administración de Michelle Bachelet y respaldada ahora por el Presidente Gabriel Boric, marca un antes y un después en el acceso equitativo a la tecnología y la información. Según declaraciones del Gobierno, la ley otorga al Estado las herramientas necesarias para asegurar que cada persona tenga acceso a internet, de manera similar a como se regula el servicio de telefonía. Uno de los puntos clave de esta nueva normativa es la posibilidad de fiscalizar a las empresas proveedoras de internet, garantizando que cumplan con la obligación de brindar cobertura en todas las zonas del país, incluso en aquellas de difícil acceso. Además, la ley facilita la creación de cooperativas de internet, permitiendo que comunidades y organizaciones locales puedan coordinarse para proveerse de conectividad de manera autónoma. En términos de inclusión, la legislación contempla la creación de mecanismos de subsidios para la demanda, dirigidos especialmente a familias vulnerables que no pueden costear planes de internet. Este subsidio busca asegurar que todos los sectores de la población tengan la oportunidad de acceder a los beneficios de la era digital. Además, se implementará un subsidio para el pago de cuentas de servicios de internet dirigido específicamente a los usuarios más vulnerables del país.
El Gobierno ha promulgado la ley que establece el acceso a internet como un servicio público en Chile, un hito que consagra la conectividad digital como un derecho fundamental para todos los ciudadanos del país. Esta legislación, impulsada originalmente durante la segunda administración de Michelle Bachelet y respaldada ahora por el Presidente Gabriel Boric, marca un antes y un después en el acceso equitativo a la tecnología y la información. Según declaraciones del Gobierno, la ley otorga al Estado las herramientas necesarias para asegurar que cada persona tenga acceso a internet, de manera similar a como se regula el servicio de telefonía. Uno de los puntos clave de esta nueva normativa es la posibilidad de fiscalizar a las empresas proveedoras de internet, garantizando que cumplan con la obligación de brindar cobertura en todas las zonas del país, incluso en aquellas de difícil acceso. Además, la ley facilita la creación de cooperativas de internet, permitiendo que comunidades y organizaciones locales puedan coordinarse para proveerse de conectividad de manera autónoma. En términos de inclusión, la legislación contempla la creación de mecanismos de subsidios para la demanda, dirigidos especialmente a familias vulnerables que no pueden costear planes de internet. Este subsidio busca asegurar que todos los sectores de la población tengan la oportunidad de acceder a los beneficios de la era digital. Además, se implementará un subsidio para el pago de cuentas de servicios de internet dirigido específicamente a los usuarios más vulnerables del país.
