Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
Este lunes 7 de abril, a las 14:00 horas, la Corte Suprema revisará la apelación presentada por la defensa de la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, luego de que en febrero pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera su desafuero a petición del Ministerio Público. La resolución de la Corte será determinante para definir si se mantiene o no el desafuero, lo que habilitaría a la Fiscalía para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en su contra. En la audiencia anterior, el tribunal de alzada aprobó por unanimidad la medida, argumentando que Pérez habría tenido un rol activo en la recolección de antecedentes necesarios para concretar un millonario convenio entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pese a saber —según el fallo— que la entidad no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria. La diputada, militante de Revolución Democrática, está acusada por el Ministerio Público de haber dirigido la operación que permitió la adjudicación de más de $400 millones a Democracia Viva. En esa época, el seremi que visó el convenio era Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez. Por su parte, la defensa de la parlamentaria sostiene que el fallo no se ajusta a los estándares jurídicos exigidos y que en la carpeta investigativa “no existe ningún antecedente que pruebe la comisión de un delito”, por lo que no habría fundamento para el desafuero. Durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que se trató de una “maquinación para obtener recursos públicos con fines políticos”, lo que justificaría avanzar hacia la formalización.
La Corte Suprema fijó para el próximo 7 de abril la audiencia de desafuero de la diputada Catalina Pérez. La solicitud fue presentada por el Ministerio Público, que acusa a la parlamentaria de haber tenido conocimiento y haber contribuido a la ejecución del fraude en el caso Democracia Viva, ocurrido en la Región de Antofagasta y liderado por su expareja, Daniel Andrade. En este contexto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió de manera unánime la solicitud de la Fiscalía, argumentando que existen “elementos objetivos y precisos” que vinculan a Pérez con los hechos delictivos investigados. Defensa de Pérez cuestiona la decisión Tras conocerse el fallo del tribunal de alzada, la defensa de Catalina Pérez, encabezada por el abogado Gonzalo Medina, presentó un recurso ante la Corte Suprema. A través de un comunicado en redes sociales, Medina cuestionó la resolución, asegurando que “este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”. La audiencia en la Corte Suprema será clave para el futuro judicial de la diputada. Si el tribunal ratifica su desafuero, la Fiscalía podría formalizarla en el caso Democracia Viva y solicitar medidas cautelares en su contra. Si Pérez es formalizada y eventualmente condenada por fraude al Fisco reiterado, enfrentaría penas de hasta 20 años de prisión, además de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de hasta 15 años.
El pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en sesión de este martes, resolvió presentar querellas criminales en el marco de las investigaciones penales relacionadas con la Fundación Democracia Viva y el caso que involucra al fiscal regional Carlos Palma. En el caso de Democracia Viva, el CDE decidió ampliar su querella contra la diputada Catalina Pérez Salinas, acusándola de cómplice en el delito de fraude al Fisco. Además, se confirmó la participación del Consejo en la audiencia de desafuero programada para febrero próximo. Respecto al fiscal regional Carlos Palma, la acción penal se centra en su presunta responsabilidad por la divulgación de antecedentes protegidos bajo el secreto establecido en el artículo 38 de la Ley 20.000, vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes. Ambas decisiones se sustentan en los antecedentes recopilados hasta la fecha en las carpetas investigativas, los cuales permiten al CDE fundamentar estas acciones con el debido respaldo jurídico.
El escándalo del convenio entre la fundación Democracia Viva y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta, por $426 millones, sigue escalando tras la revelación de más de 10 mil páginas de antecedentes investigativos. Entre ellos, se encuentran mensajes de WhatsApp que cuestionan las declaraciones públicas de la diputada Catalina Pérez (RD), quien ha negado conocer los detalles del acuerdo. En una conversación fechada el 16 de junio, Daniel Andrade, exlíder de Revolución Democrática y pareja de Pérez en ese entonces, expresó a Edson Dettoni, secretario ejecutivo del partido: Daniel Andrade (D.A): Ha sido un calvario la wea. Yo lo he pasado súper mal, pensando en este flanco. Me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez, por la wea. Bueno, está demás decir que tiene que haber silencio total, no vaya (sic) a ser que la wea se filtre por nuestro lado. Y si quieres hablar o dar consejo de esta wea, estaría súper agradecido . Ese mismo día, Catalina Pérez inició una conversación con Dettoni sobre la declaración del partido: Catalina Pérez (C.P):Leo esto y pienso que tb (también) tengo que enviar antecedentes. Edson Dettoni (E.D): Tú no. C.P: Soy una afiliada involucrada. E.D: No hay indicio alguno de que sea así. C.P: Pero si la nota que envían me involucre pu, porque no sé si contribuye mucho al objetivo de cuidado. E.D: Pero si poníamos los nombres de Carlos (Contreras) y Daniel (Andrade), los exponía demasiado a ellos también, y entiendo que tú también quieres que ellos estén cuidados. Fue lo último que me dijiste antes de salir de la sala de la DN. En los días posteriores, Andrade y Dettoni discutieron cómo manejar la crisis mediática: Edson Dettoni (E.D): ¿Por qué servicios se pagan 400m? Como equivalente, 3 farmacias municipales te cuestan eso . Daniel Andrade (D.A): Es un convenio por 16 meses, entonces igual hay sueldos por cada mes y hay construcción de infraestructura liviana. Postes de luz, elementos sanitarios, la Puli tiene los detalles de todo y el Serviu igual. Somos la fundación más avanzada de todas las fundaciones. Y toda esta parte está súper respaldada. E.D: ¿Por qué no se licitó? En términos de compras públicas, creo que es lo que más urge tener claridad. D.A: Te voy a decir lo que yo entendí [...] Al ser entidades sin fines de lucro, se les da funciones del Estado porque necesitan que las hagan más rápidas que el Estado. Que no tengan la carga burocrática, pero tenemos que rendir todo. Antes era más discrecional aún . Otro punto crítico fue el intento de ocultar información. Una conversación entre Carlos Contreras y Paloma Larraín, integrante del equipo de Catalina Pérez, muestra el uso de aplicaciones más seguras: Carlos Contreras (C.C): Ahí tienes ejemplo de otra fundación . Paloma Larraín (P.L): Yaaa, vale. C.C: Me avisas y borro. P.L: Todo ok, borra no más. ¿Tienes cuenta de Signal? Podríamos trasladar para allá esta conversación. C.C: Ya, la instalo. En otro intercambio, Andrade y Dettoni discutieron sobre borrar evidencias digitales: Daniel Andrade (D.A): Oye, revisé correo y WhatsApp y cosas, y no pillé nada 'sospechoso'. ¿Qué cosas crees que debería revisar en detalle o tener cuidado? Edson Dettoni (E.D): Eventualmente, les pueden pedir la entrega voluntaria de computadores y teléfonos, así como el alzamiento del secreto bancario. Todo lo que se pierda o se borre, levanta sospechas, como el caso del celular de Pradenas. D.A: Yap. No hay nada de eso por mi lado. Entiendo que Carlos tiene, por su lado, los antecedentes para justificar que lo segundo no ocurrió. E.D: De las fotos del IG (Instagram), ¿ya le pegaste una revisada larga? Que te deben estar buscando hasta en el cajón de calcetines. D.A: No, está cerrado ya. E.D: Yo todavía puedo verlo. Le voy a pegar una mirada igual. D.A: Sipo, si tú eres mi amigo. E.D: Ya, solo encontré un tema que puede ser delicado, porque el tema involucra platas también (adjunta link de Instagram). D.A: Te cacho. Estas conversaciones, contenidas en más de 10 mil páginas de la carpeta investigativa, son clave en el caso que podría derivar en acusaciones de cohecho y tráfico de influencias, complicando la situación de Catalina Pérez y otros involucrados.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
Este lunes 7 de abril, a las 14:00 horas, la Corte Suprema revisará la apelación presentada por la defensa de la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, luego de que en febrero pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera su desafuero a petición del Ministerio Público. La resolución de la Corte será determinante para definir si se mantiene o no el desafuero, lo que habilitaría a la Fiscalía para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en su contra. En la audiencia anterior, el tribunal de alzada aprobó por unanimidad la medida, argumentando que Pérez habría tenido un rol activo en la recolección de antecedentes necesarios para concretar un millonario convenio entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pese a saber —según el fallo— que la entidad no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria. La diputada, militante de Revolución Democrática, está acusada por el Ministerio Público de haber dirigido la operación que permitió la adjudicación de más de $400 millones a Democracia Viva. En esa época, el seremi que visó el convenio era Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez. Por su parte, la defensa de la parlamentaria sostiene que el fallo no se ajusta a los estándares jurídicos exigidos y que en la carpeta investigativa “no existe ningún antecedente que pruebe la comisión de un delito”, por lo que no habría fundamento para el desafuero. Durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que se trató de una “maquinación para obtener recursos públicos con fines políticos”, lo que justificaría avanzar hacia la formalización.
La Corte Suprema fijó para el próximo 7 de abril la audiencia de desafuero de la diputada Catalina Pérez. La solicitud fue presentada por el Ministerio Público, que acusa a la parlamentaria de haber tenido conocimiento y haber contribuido a la ejecución del fraude en el caso Democracia Viva, ocurrido en la Región de Antofagasta y liderado por su expareja, Daniel Andrade. En este contexto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió de manera unánime la solicitud de la Fiscalía, argumentando que existen “elementos objetivos y precisos” que vinculan a Pérez con los hechos delictivos investigados. Defensa de Pérez cuestiona la decisión Tras conocerse el fallo del tribunal de alzada, la defensa de Catalina Pérez, encabezada por el abogado Gonzalo Medina, presentó un recurso ante la Corte Suprema. A través de un comunicado en redes sociales, Medina cuestionó la resolución, asegurando que “este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”. La audiencia en la Corte Suprema será clave para el futuro judicial de la diputada. Si el tribunal ratifica su desafuero, la Fiscalía podría formalizarla en el caso Democracia Viva y solicitar medidas cautelares en su contra. Si Pérez es formalizada y eventualmente condenada por fraude al Fisco reiterado, enfrentaría penas de hasta 20 años de prisión, además de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de hasta 15 años.
El pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en sesión de este martes, resolvió presentar querellas criminales en el marco de las investigaciones penales relacionadas con la Fundación Democracia Viva y el caso que involucra al fiscal regional Carlos Palma. En el caso de Democracia Viva, el CDE decidió ampliar su querella contra la diputada Catalina Pérez Salinas, acusándola de cómplice en el delito de fraude al Fisco. Además, se confirmó la participación del Consejo en la audiencia de desafuero programada para febrero próximo. Respecto al fiscal regional Carlos Palma, la acción penal se centra en su presunta responsabilidad por la divulgación de antecedentes protegidos bajo el secreto establecido en el artículo 38 de la Ley 20.000, vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes. Ambas decisiones se sustentan en los antecedentes recopilados hasta la fecha en las carpetas investigativas, los cuales permiten al CDE fundamentar estas acciones con el debido respaldo jurídico.
El escándalo del convenio entre la fundación Democracia Viva y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta, por $426 millones, sigue escalando tras la revelación de más de 10 mil páginas de antecedentes investigativos. Entre ellos, se encuentran mensajes de WhatsApp que cuestionan las declaraciones públicas de la diputada Catalina Pérez (RD), quien ha negado conocer los detalles del acuerdo. En una conversación fechada el 16 de junio, Daniel Andrade, exlíder de Revolución Democrática y pareja de Pérez en ese entonces, expresó a Edson Dettoni, secretario ejecutivo del partido: Daniel Andrade (D.A): Ha sido un calvario la wea. Yo lo he pasado súper mal, pensando en este flanco. Me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez, por la wea. Bueno, está demás decir que tiene que haber silencio total, no vaya (sic) a ser que la wea se filtre por nuestro lado. Y si quieres hablar o dar consejo de esta wea, estaría súper agradecido . Ese mismo día, Catalina Pérez inició una conversación con Dettoni sobre la declaración del partido: Catalina Pérez (C.P):Leo esto y pienso que tb (también) tengo que enviar antecedentes. Edson Dettoni (E.D): Tú no. C.P: Soy una afiliada involucrada. E.D: No hay indicio alguno de que sea así. C.P: Pero si la nota que envían me involucre pu, porque no sé si contribuye mucho al objetivo de cuidado. E.D: Pero si poníamos los nombres de Carlos (Contreras) y Daniel (Andrade), los exponía demasiado a ellos también, y entiendo que tú también quieres que ellos estén cuidados. Fue lo último que me dijiste antes de salir de la sala de la DN. En los días posteriores, Andrade y Dettoni discutieron cómo manejar la crisis mediática: Edson Dettoni (E.D): ¿Por qué servicios se pagan 400m? Como equivalente, 3 farmacias municipales te cuestan eso . Daniel Andrade (D.A): Es un convenio por 16 meses, entonces igual hay sueldos por cada mes y hay construcción de infraestructura liviana. Postes de luz, elementos sanitarios, la Puli tiene los detalles de todo y el Serviu igual. Somos la fundación más avanzada de todas las fundaciones. Y toda esta parte está súper respaldada. E.D: ¿Por qué no se licitó? En términos de compras públicas, creo que es lo que más urge tener claridad. D.A: Te voy a decir lo que yo entendí [...] Al ser entidades sin fines de lucro, se les da funciones del Estado porque necesitan que las hagan más rápidas que el Estado. Que no tengan la carga burocrática, pero tenemos que rendir todo. Antes era más discrecional aún . Otro punto crítico fue el intento de ocultar información. Una conversación entre Carlos Contreras y Paloma Larraín, integrante del equipo de Catalina Pérez, muestra el uso de aplicaciones más seguras: Carlos Contreras (C.C): Ahí tienes ejemplo de otra fundación . Paloma Larraín (P.L): Yaaa, vale. C.C: Me avisas y borro. P.L: Todo ok, borra no más. ¿Tienes cuenta de Signal? Podríamos trasladar para allá esta conversación. C.C: Ya, la instalo. En otro intercambio, Andrade y Dettoni discutieron sobre borrar evidencias digitales: Daniel Andrade (D.A): Oye, revisé correo y WhatsApp y cosas, y no pillé nada 'sospechoso'. ¿Qué cosas crees que debería revisar en detalle o tener cuidado? Edson Dettoni (E.D): Eventualmente, les pueden pedir la entrega voluntaria de computadores y teléfonos, así como el alzamiento del secreto bancario. Todo lo que se pierda o se borre, levanta sospechas, como el caso del celular de Pradenas. D.A: Yap. No hay nada de eso por mi lado. Entiendo que Carlos tiene, por su lado, los antecedentes para justificar que lo segundo no ocurrió. E.D: De las fotos del IG (Instagram), ¿ya le pegaste una revisada larga? Que te deben estar buscando hasta en el cajón de calcetines. D.A: No, está cerrado ya. E.D: Yo todavía puedo verlo. Le voy a pegar una mirada igual. D.A: Sipo, si tú eres mi amigo. E.D: Ya, solo encontré un tema que puede ser delicado, porque el tema involucra platas también (adjunta link de Instagram). D.A: Te cacho. Estas conversaciones, contenidas en más de 10 mil páginas de la carpeta investigativa, son clave en el caso que podría derivar en acusaciones de cohecho y tráfico de influencias, complicando la situación de Catalina Pérez y otros involucrados.
