Este lunes, se dio a conocer que durante la semana en curso comenzarán los trabajos -que se extenderán por 400 días- para construir un crematorio en el Cementerio General de Antofagasta. Dicho proyecto implica una inversión de $3.200 millones de la Municipalidad de Antofagasta, más $600 millones que serán aportados por el propio camposanto. El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, que llegó hasta el panteón comunal donde recorrió el patio de 120 nichos construidos recientemente por una inversión de $122 millones 573 mil pesos, entregó detalles de estos adelantos. En este sentido, indicó que este martes comienza la “instalación de faenas para las obras de lo que será el nuevo crematorio municipal, que tiene 400 días para su construcción, es decir, poco más de un año”. La propuesta considera el crematorio y una serie de obras complementarias para su funcionamiento y atención de las familias que opten por esta opción para sus difuntos. Además, “esta batería de 120 nichos ayuda a compensar el déficit de espacios en el cementerio municipal. Prontamente, comenzará la construcción de 500 nichos adicionales”, resumió el jefe comunal. Por último, el edil puntualizó que “tendremos un crematorio municipal, más la nueva oferta de nichos. De esa manera, estamos atendiendo a las familias de Antofagasta en esta difícil etapa que puedan ser bien atendidos en este espacio”, cerró Razmilic.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha dictado una sentencia clave en un caso de malversación de caudales públicos, al condenar a los exfuncionarios municipales Misael Antonio Cortés Olivares, Richard Phillip Swaneck Ramírez y María Angélica Rojas Gutiérrez a indemnizar, de manera solidaria, a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta con la suma de $421.809.510. Esta indemnización corresponde al daño emergente causado por la venta irregular de derechos sobre terrenos en el cementerio de la ciudad entre 2015 y 2017. El tribunal, en un fallo unánime de la Segunda Sala, confirmó la sentencia del Primer Juzgado Civil de Antofagasta, pero revocó parcialmente la decisión que había acogido la excepción de prescripción presentada por la exfuncionaria María Angélica Rojas. El caso, que también incluye una condena penal por el delito de malversación de caudales públicos, demuestra cómo los exfuncionarios abusaron de su cargo para realizar transacciones ilegales, afectando gravemente las finanzas de la municipalidad. Asimismo, la Corte determinó que Rojas Gutiérrez, quien ocupaba funciones clave en el proceso administrativo del cementerio, tuvo una participación activa en los ilícitos, lo que llevó a desestimar la prescripción y confirmar su responsabilidad en el pago de la indemnización. De este modo, los tres exfuncionarios deberán pagar en conjunto los $421.809.510 a la municipalidad, cifra que será reajustada conforme a los intereses establecidos en la sentencia. Este fallo refuerza el principio de responsabilidad administrativa y penal, subrayando la obligación de los funcionarios públicos de velar por el correcto manejo de los recursos del Estado. La resolución también marca un precedente en cuanto a la forma en que se manejan los plazos de prescripción en delitos vinculados a la administración pública, resaltando la importancia de las admisiones de hechos en los procedimientos judiciales. El proceso comenzó con la denuncia de irregularidades en el manejo de los terrenos en el cementerio, donde se descubrió que los exfuncionarios habían vendido derechos de manera ilegal, causando un perjuicio económico significativo a la municipalidad. Las acciones se enmarcaron en un periodo crítico, entre 2015 y 2017, cuando las transacciones fraudulentas afectaron gravemente el patrimonio público. Finalmente, esta sentencia reafirma el compromiso de la justicia chilena de perseguir los actos de corrupción y garantizar que los responsables rindan cuentas por los daños causados.
Después de dos años de litigio, el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta condenó a la Municipalidad de Antofagasta a pagar $674.511.241 como indemnización por la venta ilegal de un mausoleo que pertenecía a la Federación de Suboficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas Sargento Segundo Luis Ettori Guzmán. Según la noticia del medio Timeline, el caso comenzó en 2022, cuando la federación denunció que la municipalidad había vendido sin autorización los nichos que originalmente pertenecían al mausoleo, un bien que había sido destinado a los miembros de la federación. Según los detalles del juicio, aunque la federación había accedido a permitir mejoras en el mausoleo a cambio de la construcción de nuevos nichos, la municipalidad comenzó a venderlos sin formalizar un contrato ni obtener el consentimiento de la organización. El abogado Jorge Meneses, quien representó a la federación, destacó que la sentencia reconoce la causalidad entre la acción ilegal del municipio y el perjuicio sufrido por la federación, al perder parte de los nichos que habían sido adquiridos para sus miembros. Meneses aseguró que el fallo constituye una reparación parcial, aunque reconoció que persisten dificultades prácticas, especialmente porque el mausoleo sigue compartiendo el terreno con la municipalidad, a pesar de que el terreno sigue siendo propiedad de la federación. Por su parte, la municipalidad defendió su accionar argumentando que la venta de los nichos fue una medida tomada por fuerza mayor , debido a la pandemia de COVID-19 y la posible sobredemanda de servicios en el cementerio municipal. No obstante, el tribunal rechazó este argumento, considerando que no hubo justificación legal para la venta de los nichos sin el consentimiento de la federación. Con la sentencia ya dictada, la Municipalidad de Antofagasta tiene hasta el 20 de noviembre para apelar la decisión.
Este lunes, se dio a conocer que durante la semana en curso comenzarán los trabajos -que se extenderán por 400 días- para construir un crematorio en el Cementerio General de Antofagasta. Dicho proyecto implica una inversión de $3.200 millones de la Municipalidad de Antofagasta, más $600 millones que serán aportados por el propio camposanto. El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, que llegó hasta el panteón comunal donde recorrió el patio de 120 nichos construidos recientemente por una inversión de $122 millones 573 mil pesos, entregó detalles de estos adelantos. En este sentido, indicó que este martes comienza la “instalación de faenas para las obras de lo que será el nuevo crematorio municipal, que tiene 400 días para su construcción, es decir, poco más de un año”. La propuesta considera el crematorio y una serie de obras complementarias para su funcionamiento y atención de las familias que opten por esta opción para sus difuntos. Además, “esta batería de 120 nichos ayuda a compensar el déficit de espacios en el cementerio municipal. Prontamente, comenzará la construcción de 500 nichos adicionales”, resumió el jefe comunal. Por último, el edil puntualizó que “tendremos un crematorio municipal, más la nueva oferta de nichos. De esa manera, estamos atendiendo a las familias de Antofagasta en esta difícil etapa que puedan ser bien atendidos en este espacio”, cerró Razmilic.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha dictado una sentencia clave en un caso de malversación de caudales públicos, al condenar a los exfuncionarios municipales Misael Antonio Cortés Olivares, Richard Phillip Swaneck Ramírez y María Angélica Rojas Gutiérrez a indemnizar, de manera solidaria, a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta con la suma de $421.809.510. Esta indemnización corresponde al daño emergente causado por la venta irregular de derechos sobre terrenos en el cementerio de la ciudad entre 2015 y 2017. El tribunal, en un fallo unánime de la Segunda Sala, confirmó la sentencia del Primer Juzgado Civil de Antofagasta, pero revocó parcialmente la decisión que había acogido la excepción de prescripción presentada por la exfuncionaria María Angélica Rojas. El caso, que también incluye una condena penal por el delito de malversación de caudales públicos, demuestra cómo los exfuncionarios abusaron de su cargo para realizar transacciones ilegales, afectando gravemente las finanzas de la municipalidad. Asimismo, la Corte determinó que Rojas Gutiérrez, quien ocupaba funciones clave en el proceso administrativo del cementerio, tuvo una participación activa en los ilícitos, lo que llevó a desestimar la prescripción y confirmar su responsabilidad en el pago de la indemnización. De este modo, los tres exfuncionarios deberán pagar en conjunto los $421.809.510 a la municipalidad, cifra que será reajustada conforme a los intereses establecidos en la sentencia. Este fallo refuerza el principio de responsabilidad administrativa y penal, subrayando la obligación de los funcionarios públicos de velar por el correcto manejo de los recursos del Estado. La resolución también marca un precedente en cuanto a la forma en que se manejan los plazos de prescripción en delitos vinculados a la administración pública, resaltando la importancia de las admisiones de hechos en los procedimientos judiciales. El proceso comenzó con la denuncia de irregularidades en el manejo de los terrenos en el cementerio, donde se descubrió que los exfuncionarios habían vendido derechos de manera ilegal, causando un perjuicio económico significativo a la municipalidad. Las acciones se enmarcaron en un periodo crítico, entre 2015 y 2017, cuando las transacciones fraudulentas afectaron gravemente el patrimonio público. Finalmente, esta sentencia reafirma el compromiso de la justicia chilena de perseguir los actos de corrupción y garantizar que los responsables rindan cuentas por los daños causados.
Después de dos años de litigio, el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta condenó a la Municipalidad de Antofagasta a pagar $674.511.241 como indemnización por la venta ilegal de un mausoleo que pertenecía a la Federación de Suboficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas Sargento Segundo Luis Ettori Guzmán. Según la noticia del medio Timeline, el caso comenzó en 2022, cuando la federación denunció que la municipalidad había vendido sin autorización los nichos que originalmente pertenecían al mausoleo, un bien que había sido destinado a los miembros de la federación. Según los detalles del juicio, aunque la federación había accedido a permitir mejoras en el mausoleo a cambio de la construcción de nuevos nichos, la municipalidad comenzó a venderlos sin formalizar un contrato ni obtener el consentimiento de la organización. El abogado Jorge Meneses, quien representó a la federación, destacó que la sentencia reconoce la causalidad entre la acción ilegal del municipio y el perjuicio sufrido por la federación, al perder parte de los nichos que habían sido adquiridos para sus miembros. Meneses aseguró que el fallo constituye una reparación parcial, aunque reconoció que persisten dificultades prácticas, especialmente porque el mausoleo sigue compartiendo el terreno con la municipalidad, a pesar de que el terreno sigue siendo propiedad de la federación. Por su parte, la municipalidad defendió su accionar argumentando que la venta de los nichos fue una medida tomada por fuerza mayor , debido a la pandemia de COVID-19 y la posible sobredemanda de servicios en el cementerio municipal. No obstante, el tribunal rechazó este argumento, considerando que no hubo justificación legal para la venta de los nichos sin el consentimiento de la federación. Con la sentencia ya dictada, la Municipalidad de Antofagasta tiene hasta el 20 de noviembre para apelar la decisión.
