La Contraloría General de la República notificó la toma de razón del reglamento de la esperada Ley Uber, un acto administrativo calificado como histórico por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este paso crucial allana el camino para la pronta entrada en vigencia de la normativa que busca regular a las empresas de aplicaciones de transporte. Ante esto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, hizo un llamado a las empresas del sector a colaborar en la correcta implementación de la ley, que se espera entre en vigor en los próximos días. Sin embargo, la directora ejecutiva de Alianza IN Chile, Marcela Sabat, expresó su preocupación y no descartó recurrir a instancias internacionales para frenar la norma, argumentando que sobrepasa los límites de la protección de datos de los usuarios. Finalmente, desde la Confederación Nacional de Taxistas de Chile (Confenatach), su presidente nacional, Luis Reyes, señaló que la leyempareja la cancha, aunque reconoció que no era el escenario ideal que buscaban. Tras la publicación del reglamento en el Diario Oficial, se abrirá un plazo legal de 30 días para que la Ley Uber comience a regir en el país.
La Contraloría General emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a la exministra del Interior de cualquier sanción económica. Este viernes se dio a conocer que Carolina Tohá , exministra del Interior y actual candidata presidencial del PPD, fue exonerada por la Contraloría General de la República en dos juicios de cuentas relacionados con su gestión como alcaldesa de Santiago (2012-2016). En ambos casos, la Fiscalía de la Contraloría intentó vincularla con la responsabilidad civil por daños al patrimonio municipal, pero no logró fundamentar sus acusaciones. El Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a Tohá de cualquier sanción económica, según dio a conocer un reportaje de Radio Biobío . El primer caso corresponde al pago de $195.944.361 en multas e intereses derivados del retraso en el pago de cotizaciones previsionales y salud. El tribunal, sin embargo, exoneró a Tohá al señalar que la demora fue ocasionada por la huelga de profesores, que duró 57 días en 2015, la cual redujo significativamente los recursos disponibles para el municipio. En ese sentido, la instancia judicial descartó que existiera responsabilidad civil en este caso, confirmando que la autoridad municipal no podía disponer de fondos que no había recibido. En el segundo juicio, el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia abordó el uso irregular de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). La investigación reveló compras y contrataciones sin respaldo adecuado, incluidas tecnologías como pendrives, proyectores y computadoras, para establecimientos educativos que no formaban parte de la subvención. A pesar de que la Fiscalía incluyó a Tohá entre los responsables, el tribunal desestimó las acusaciones en su contra, considerando que la exalcaldesa había ejercido el control jerárquico adecuadamente. No obstante, el tribunal dictó condenas para siete funcionarios municipales quienes fueron responsables del mal uso fondos públicos y deberán pagar más $15 millones por gastos improcedentes y pagos sin respaldo. Fuente: CNN Chile País
El organismo penitenciario advirtió que la filtración del informe es una vulneración grave y que constituye los delitos de violación de secreto, infidelidad en la custodia de documentos y delito informático. Gendarmería presentó una querella tras la filtración de un informe de la Contraloría General de la República en el que se detectaron falencias en los inhibidores de señal implementados en tres centros penitenciarios. La acción judicial fue interpuesta por el director nacional del organismo, Sebastián Urra, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y es contra “quienes resulten responsables” de la filtración del informe reservado. En el informe, además, se señaló que hay una serie de deficiencias que estarían permitiendo que los reos cometan ilícitos desde el interior de los penales, como estafas telefónicas. En palabras textuales: Gobierno interpone denuncia por filtración de informe de Contraloría que evidenció irregularidades en sistema de inhibidores . Sin embargo, el escrito del órgano contralor fue publicado en diversos medios de comunicación y “ sin reservas de ningún tipo”, lo cual constituye una grave vulneración según Gendarmería. El director del organismo penitenciario remarcó que ya fueron acogidas las observaciones hechas por Contraloría y también se incorporaron en el proceso licitatorio para las próximas 9 unidades penales donde se implementará el sistema bloqueo. Según sus palabras: El sistema sí funciona. Eso produce tranquilidad tanto para el entorno más cercano del cuadrante Pedro Montt, así como también en ámbito seguridad nacional respecto combate a criminalidad. Fuente: CNN Chile País
El organismo recalcó que jamás han protegido antes, hoy ni nunca, a empresa alguna, cumpliendo siempre con su mandato legal. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) negó de manera tajante haber favorecido a empresas eléctricas en medio de los reclamos recibidos por el mega apagón ocurrido en gran parte de Chile en febrero de este año. Todo comenzó tras una publicación de El Mostrador , en el cual se mostraron correos electrónicos que evidenciarían que el organismo intentó que los reclamos presentados por usuarios y usuarias no llegaran directamente a las distribuidoras. Con ello, se habría protegido a las empresas. Tras ello, la Contraloría General de la República dio a conocer que investigará al Sernac por la situación. Conocidos los hechos, desde el Servicio emitieron una declaración descartando que lo dado a conocer por el citado medio sea real. “Cabe señalar, de manera clara y contundente, que el Sernac no ha protegido, antes, hoy ni nunca, a empresa alguna, cumpliendo siempre con su mandato legal. Por tanto, dicha afirmación es grave y no se condice en absoluto con la realidad”, aseveraron. En ese sentido, rechazaron categóricamente la afirmación que “acusa un supuesto trato preferencial a las empresas de distribución eléctrica en la gestión de los reclamos. Ello no es efectivo”. El organismo explicó que el proceso de reclamos y acciones por el corte del suministro eléctrico se llevaría a cabo en dos partes: primero se cuantificaría la afectación de consumidores y luego vendría la etapa de “acciones de protección a adoptar por el Sernac para defenderlos en contra de las empresas responsables”. Confirman causa del apagón masivo de febrero: Coordinador eléctrico vuelve a apuntar contra operadores de línea de transmisión Al igual como respondieron ante el medio citado, los principales reclamos de los clientes iban en contra de las empresas de distribución eléctrica, las que comenzaron a responder a los casos como “no acogido”, argumentando “no ser los responsables del corte de suministro de electricidad y generando molestia en los consumidores”. Sernac también remarcó que las gestiones que han realizado han sido dentro de sus atribuciones legales. Fuente: CNN Chile País
Patricio Céspedes, quien fuera director de la Empresa Nacional de Minería (Enami) durante más de 12 años, presentó su renuncia a su cargo como jefe de gabinete de la alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera. La dimisión se produjo luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) revelara que Enami pagó más de $10.444 millones a empresas proveedoras ligadas a familiares del exdirector. Ante esto, Céspedes, quien también fue vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), dejó su puesto en el municipio para poder concentrarse en los posibles procesos judiciales derivados del informe. Según fuentes internas de la municipalidad de Sierra Gorda, su decisión de renunciar fue impulsada por la necesidad de enfrentar el escenario judicial que podría surgir a raíz de la auditoría. Asimismo, el informe de la CGR ha sido remitido al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que investiguen eventuales responsabilidades legales de Céspedes por los millonarios contratos que comprometen la transparencia de su gestión en la estatal. Finalmente, la situación genera gran expectación, dado que Céspedes desempeñó un rol clave en Enami durante más de una década y ahora deberá enfrentar las consecuencias legales de las acusaciones que lo vinculan con estos pagos irregulares.
La Contraloría General de la República notificó la toma de razón del reglamento de la esperada Ley Uber, un acto administrativo calificado como histórico por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este paso crucial allana el camino para la pronta entrada en vigencia de la normativa que busca regular a las empresas de aplicaciones de transporte. Ante esto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, hizo un llamado a las empresas del sector a colaborar en la correcta implementación de la ley, que se espera entre en vigor en los próximos días. Sin embargo, la directora ejecutiva de Alianza IN Chile, Marcela Sabat, expresó su preocupación y no descartó recurrir a instancias internacionales para frenar la norma, argumentando que sobrepasa los límites de la protección de datos de los usuarios. Finalmente, desde la Confederación Nacional de Taxistas de Chile (Confenatach), su presidente nacional, Luis Reyes, señaló que la leyempareja la cancha, aunque reconoció que no era el escenario ideal que buscaban. Tras la publicación del reglamento en el Diario Oficial, se abrirá un plazo legal de 30 días para que la Ley Uber comience a regir en el país.
La Contraloría General emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a la exministra del Interior de cualquier sanción económica. Este viernes se dio a conocer que Carolina Tohá , exministra del Interior y actual candidata presidencial del PPD, fue exonerada por la Contraloría General de la República en dos juicios de cuentas relacionados con su gestión como alcaldesa de Santiago (2012-2016). En ambos casos, la Fiscalía de la Contraloría intentó vincularla con la responsabilidad civil por daños al patrimonio municipal, pero no logró fundamentar sus acusaciones. El Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a Tohá de cualquier sanción económica, según dio a conocer un reportaje de Radio Biobío . El primer caso corresponde al pago de $195.944.361 en multas e intereses derivados del retraso en el pago de cotizaciones previsionales y salud. El tribunal, sin embargo, exoneró a Tohá al señalar que la demora fue ocasionada por la huelga de profesores, que duró 57 días en 2015, la cual redujo significativamente los recursos disponibles para el municipio. En ese sentido, la instancia judicial descartó que existiera responsabilidad civil en este caso, confirmando que la autoridad municipal no podía disponer de fondos que no había recibido. En el segundo juicio, el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia abordó el uso irregular de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). La investigación reveló compras y contrataciones sin respaldo adecuado, incluidas tecnologías como pendrives, proyectores y computadoras, para establecimientos educativos que no formaban parte de la subvención. A pesar de que la Fiscalía incluyó a Tohá entre los responsables, el tribunal desestimó las acusaciones en su contra, considerando que la exalcaldesa había ejercido el control jerárquico adecuadamente. No obstante, el tribunal dictó condenas para siete funcionarios municipales quienes fueron responsables del mal uso fondos públicos y deberán pagar más $15 millones por gastos improcedentes y pagos sin respaldo. Fuente: CNN Chile País
El organismo penitenciario advirtió que la filtración del informe es una vulneración grave y que constituye los delitos de violación de secreto, infidelidad en la custodia de documentos y delito informático. Gendarmería presentó una querella tras la filtración de un informe de la Contraloría General de la República en el que se detectaron falencias en los inhibidores de señal implementados en tres centros penitenciarios. La acción judicial fue interpuesta por el director nacional del organismo, Sebastián Urra, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y es contra “quienes resulten responsables” de la filtración del informe reservado. En el informe, además, se señaló que hay una serie de deficiencias que estarían permitiendo que los reos cometan ilícitos desde el interior de los penales, como estafas telefónicas. En palabras textuales: Gobierno interpone denuncia por filtración de informe de Contraloría que evidenció irregularidades en sistema de inhibidores . Sin embargo, el escrito del órgano contralor fue publicado en diversos medios de comunicación y “ sin reservas de ningún tipo”, lo cual constituye una grave vulneración según Gendarmería. El director del organismo penitenciario remarcó que ya fueron acogidas las observaciones hechas por Contraloría y también se incorporaron en el proceso licitatorio para las próximas 9 unidades penales donde se implementará el sistema bloqueo. Según sus palabras: El sistema sí funciona. Eso produce tranquilidad tanto para el entorno más cercano del cuadrante Pedro Montt, así como también en ámbito seguridad nacional respecto combate a criminalidad. Fuente: CNN Chile País
El organismo recalcó que jamás han protegido antes, hoy ni nunca, a empresa alguna, cumpliendo siempre con su mandato legal. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) negó de manera tajante haber favorecido a empresas eléctricas en medio de los reclamos recibidos por el mega apagón ocurrido en gran parte de Chile en febrero de este año. Todo comenzó tras una publicación de El Mostrador , en el cual se mostraron correos electrónicos que evidenciarían que el organismo intentó que los reclamos presentados por usuarios y usuarias no llegaran directamente a las distribuidoras. Con ello, se habría protegido a las empresas. Tras ello, la Contraloría General de la República dio a conocer que investigará al Sernac por la situación. Conocidos los hechos, desde el Servicio emitieron una declaración descartando que lo dado a conocer por el citado medio sea real. “Cabe señalar, de manera clara y contundente, que el Sernac no ha protegido, antes, hoy ni nunca, a empresa alguna, cumpliendo siempre con su mandato legal. Por tanto, dicha afirmación es grave y no se condice en absoluto con la realidad”, aseveraron. En ese sentido, rechazaron categóricamente la afirmación que “acusa un supuesto trato preferencial a las empresas de distribución eléctrica en la gestión de los reclamos. Ello no es efectivo”. El organismo explicó que el proceso de reclamos y acciones por el corte del suministro eléctrico se llevaría a cabo en dos partes: primero se cuantificaría la afectación de consumidores y luego vendría la etapa de “acciones de protección a adoptar por el Sernac para defenderlos en contra de las empresas responsables”. Confirman causa del apagón masivo de febrero: Coordinador eléctrico vuelve a apuntar contra operadores de línea de transmisión Al igual como respondieron ante el medio citado, los principales reclamos de los clientes iban en contra de las empresas de distribución eléctrica, las que comenzaron a responder a los casos como “no acogido”, argumentando “no ser los responsables del corte de suministro de electricidad y generando molestia en los consumidores”. Sernac también remarcó que las gestiones que han realizado han sido dentro de sus atribuciones legales. Fuente: CNN Chile País
Patricio Céspedes, quien fuera director de la Empresa Nacional de Minería (Enami) durante más de 12 años, presentó su renuncia a su cargo como jefe de gabinete de la alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera. La dimisión se produjo luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) revelara que Enami pagó más de $10.444 millones a empresas proveedoras ligadas a familiares del exdirector. Ante esto, Céspedes, quien también fue vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), dejó su puesto en el municipio para poder concentrarse en los posibles procesos judiciales derivados del informe. Según fuentes internas de la municipalidad de Sierra Gorda, su decisión de renunciar fue impulsada por la necesidad de enfrentar el escenario judicial que podría surgir a raíz de la auditoría. Asimismo, el informe de la CGR ha sido remitido al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que investiguen eventuales responsabilidades legales de Céspedes por los millonarios contratos que comprometen la transparencia de su gestión en la estatal. Finalmente, la situación genera gran expectación, dado que Céspedes desempeñó un rol clave en Enami durante más de una década y ahora deberá enfrentar las consecuencias legales de las acusaciones que lo vinculan con estos pagos irregulares.
