La Contraloría General de la República (CGR) ha dado a conocer su informe final N° 247 de 2024, que pone de manifiesto irregularidades significativas en los acuerdos entre la Fundación Daya y 13 municipalidades del país. El análisis, que abarca convenios firmados entre enero de 2015 y diciembre de 2023, revela problemas serios en la ejecución delPrograma de uso compasivo de aceite de cannabis destinado a pacientes oncológicos, con epilepsia y otras patologías con dolor crónico. El informe señala que el total de recursos destinados al programa ascendió a $423.426.000, de los cuales se transfirieron $359.025.625 a la Fundación Daya. Sin embargo, se identificaron graves irregularidades que afectan la legalidad y eficacia del proyecto. Uno de los hallazgos clave es que el laboratorio encargado de la producción del aceite de cannabis carecía de la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) durante la mayor parte del periodo del proyecto, cuestionando así la legalidad del proceso. Adicionalmente, las dosis producidas no fueron suficientes para cumplir con los acuerdos establecidos, perjudicando a los pacientes que necesitaban el tratamiento. El informe de la CGR revela que las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, que participaron en el proyecto, enfrentaron diversas problemáticas. En particular: Nueve de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado. Dos municipalidades recibieron solo una parte de las dosis comprometidas. Municipalidades afectadas no exigieron el cumplimiento íntegro de los convenios ni solicitaron la restitución de los recursos transferidos, ni tomaron acciones judiciales. Además, la Contraloría constató deficiencias en la rendición de cuentas por parte de algunos gobiernos locales. Se observaron casos de inexistencia y duplicidad de rendiciones en Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros, aceptación de rendiciones por montos superiores a los transferidos en Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros, y falta de revisión de rendiciones en Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral. También se detectó que el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni concedió el registro sanitario, lo que afectó la disponibilidad de dosis para el tratamiento de los 2.300 pacientes previstos por el acuerdo. En respuesta a estos hallazgos, la Contraloría ha decidido iniciar un sumario para determinar las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Asimismo, los resultados de la investigación serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones legales correspondientes.
La Contraloría General de la República (CGR) ha dado a conocer su informe final N° 247 de 2024, que pone de manifiesto irregularidades significativas en los acuerdos entre la Fundación Daya y 13 municipalidades del país. El análisis, que abarca convenios firmados entre enero de 2015 y diciembre de 2023, revela problemas serios en la ejecución delPrograma de uso compasivo de aceite de cannabis destinado a pacientes oncológicos, con epilepsia y otras patologías con dolor crónico. El informe señala que el total de recursos destinados al programa ascendió a $423.426.000, de los cuales se transfirieron $359.025.625 a la Fundación Daya. Sin embargo, se identificaron graves irregularidades que afectan la legalidad y eficacia del proyecto. Uno de los hallazgos clave es que el laboratorio encargado de la producción del aceite de cannabis carecía de la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) durante la mayor parte del periodo del proyecto, cuestionando así la legalidad del proceso. Adicionalmente, las dosis producidas no fueron suficientes para cumplir con los acuerdos establecidos, perjudicando a los pacientes que necesitaban el tratamiento. El informe de la CGR revela que las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, que participaron en el proyecto, enfrentaron diversas problemáticas. En particular: Nueve de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado. Dos municipalidades recibieron solo una parte de las dosis comprometidas. Municipalidades afectadas no exigieron el cumplimiento íntegro de los convenios ni solicitaron la restitución de los recursos transferidos, ni tomaron acciones judiciales. Además, la Contraloría constató deficiencias en la rendición de cuentas por parte de algunos gobiernos locales. Se observaron casos de inexistencia y duplicidad de rendiciones en Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros, aceptación de rendiciones por montos superiores a los transferidos en Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros, y falta de revisión de rendiciones en Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral. También se detectó que el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni concedió el registro sanitario, lo que afectó la disponibilidad de dosis para el tratamiento de los 2.300 pacientes previstos por el acuerdo. En respuesta a estos hallazgos, la Contraloría ha decidido iniciar un sumario para determinar las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Asimismo, los resultados de la investigación serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones legales correspondientes.
