Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
Fue durante la última jornada, que se dieron a conocer unas serie de chats a través de WhatsApp entre la diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que harían sospechar de su supuesto conocimiento sobre los traspasos de dinero que hicieron estallar el Caso Convenios. Recordemos que un informe de 101 páginas de la Policía de Investigaciones (PDI) vincula directamente a la parlamentaria al presunto fraude al Fisco por 426 millones de pesos, documento que incluye conversaciones en donde discuten estrategias para deslindar responsabilidades, según publicó T13. En ese escenario, este viernes la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al tema, aludiendo que al Gobierno no le compete pronunciarse, puesto que se trata de un proceso que está en manos de la justicia. “La postura del Gobierno ha sido permanente durante el tiempo, nosotros creemos que estos casos tienen que resolverse en sede judicial, es donde se están hoy día trabajando”, aclaró. Pese a ello, sostuvo que “nuestra disposición como Gobierno ha sido colaborar en cada una de las etapas, es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, esperando que estas investigaciones y estos casos judiciales lleguen a término de la manera que mejor corresponda, acotó la portavoz. “Por lo tanto, más que colaborar, a nosotros no nos compete pronunciarnos respecto de procesos en curso [...] esta materia se está tratando en procesos en curso y, por lo tanto, como Ejecutivo no nos corresponde pronunciarnos, ni emitir opiniones, sino que más bien remitirnos a nuestra función que es colaborar con que la justicia llegue a puerto”, fustigó la secretaria de Estado. Con todo, vale consignar que la Fiscalía de Antofagasta revelará las conversaciones sostenidas entre la parlamentaria y su expareja Daniel Andrade en la audiencia de desafuero pactada para el próximo 10 de febrero.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero , se refirió a la filtración de los chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, que han reactivado las críticas en torno al caso Democracia Viva . Estas conversaciones, incluidas en un informe de la fiscalía, buscan avanzar en el desafuero de Pérez por presunto fraude al fisco. Lee también: “Breaking Bad en Chile todavía no tenemos”, la reflexión de Cordero por el avance de las drogas en el país Cordero aseguró que el Ejecutivo ha colaborado plenamente con la investigación desde sus inicios. “La posición del Gobierno ha sido entregar toda la información necesaria para que se asuman responsabilidades efectivas por quienes hayan cometido delitos”, afirmó. El subsecretario también enfatizó la gravedad del caso, señalando que “los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo quién los haya cometido”. Asimismo, destacó el trabajo de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado , instancias que han recibido apoyo del Ejecutivo para avanzar en las indagatorias. Cordero evitó referirse directamente a los detalles de las conversaciones entre Pérez y Andrade, reiterando que “ al Gobierno no le corresponde comentar ningún tipo de prueba que esté proporcionando el Ministerio Público”. Fuente: CNN Chile País
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el viernes 29 de noviembre, a las 08:30 horas, una audiencia clave solicitada por la defensa de Daniel Andrade, en el marco de una cautela de garantías. Los abogados José Ignacio Figueroa y Diego Sporman buscan que el tribunal ordene al Ministerio Público entregar una copia de un informe policial que consideran esencial para la defensa de su representado. Según la defensa, el informe en cuestión, elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, está relacionado con el vaciado del teléfono celular que Andrade entregó voluntariamente. Este documento fue utilizado por el Ministerio Público para sustentar diligencias investigativas, pero su contenido ha sido declarado secreto, lo que, a juicio de los abogados, vulnera el derecho a defensa consagrado en la Constitución y en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Argumentan que, según el artículo 182, inciso quinto, del Código Procesal Penal, no corresponde mantener el secreto en este caso, dado que el informe contiene información de actuaciones en las que Andrade habría participado directamente. “La negativa del Ministerio Público de entregar este informe afecta gravemente el derecho de defensa de nuestro representado”, señala el escrito presentado por la defensa. Ante esta situación, solicitan que el tribunal adopte medidas para garantizar que Andrade pueda ejercer plenamente su derecho. La audiencia será determinante para evaluar si la negativa del Ministerio Público constituye una vulneración de garantías fundamentales. En su resolución, el tribunal accedió a la solicitud de audiencia y autorizó que los defensores de Andrade participen de manera remota, considerando que residen en Santiago. El caso ha adquirido mayor notoriedad tras la renuncia de la diputada Catalina Pérez al Frente Amplio, luego de la divulgación de antecedentes que la vinculan al caso. Según un informe de la PDI, Pérez habría tenido conocimiento del vínculo entre Daniel Andrade y Carlos Contreras desde julio de 2022, en el contexto de transferencias de dinero y convenios investigados.
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
Fue durante la última jornada, que se dieron a conocer unas serie de chats a través de WhatsApp entre la diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que harían sospechar de su supuesto conocimiento sobre los traspasos de dinero que hicieron estallar el Caso Convenios. Recordemos que un informe de 101 páginas de la Policía de Investigaciones (PDI) vincula directamente a la parlamentaria al presunto fraude al Fisco por 426 millones de pesos, documento que incluye conversaciones en donde discuten estrategias para deslindar responsabilidades, según publicó T13. En ese escenario, este viernes la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al tema, aludiendo que al Gobierno no le compete pronunciarse, puesto que se trata de un proceso que está en manos de la justicia. “La postura del Gobierno ha sido permanente durante el tiempo, nosotros creemos que estos casos tienen que resolverse en sede judicial, es donde se están hoy día trabajando”, aclaró. Pese a ello, sostuvo que “nuestra disposición como Gobierno ha sido colaborar en cada una de las etapas, es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, esperando que estas investigaciones y estos casos judiciales lleguen a término de la manera que mejor corresponda, acotó la portavoz. “Por lo tanto, más que colaborar, a nosotros no nos compete pronunciarnos respecto de procesos en curso [...] esta materia se está tratando en procesos en curso y, por lo tanto, como Ejecutivo no nos corresponde pronunciarnos, ni emitir opiniones, sino que más bien remitirnos a nuestra función que es colaborar con que la justicia llegue a puerto”, fustigó la secretaria de Estado. Con todo, vale consignar que la Fiscalía de Antofagasta revelará las conversaciones sostenidas entre la parlamentaria y su expareja Daniel Andrade en la audiencia de desafuero pactada para el próximo 10 de febrero.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero , se refirió a la filtración de los chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, que han reactivado las críticas en torno al caso Democracia Viva . Estas conversaciones, incluidas en un informe de la fiscalía, buscan avanzar en el desafuero de Pérez por presunto fraude al fisco. Lee también: “Breaking Bad en Chile todavía no tenemos”, la reflexión de Cordero por el avance de las drogas en el país Cordero aseguró que el Ejecutivo ha colaborado plenamente con la investigación desde sus inicios. “La posición del Gobierno ha sido entregar toda la información necesaria para que se asuman responsabilidades efectivas por quienes hayan cometido delitos”, afirmó. El subsecretario también enfatizó la gravedad del caso, señalando que “los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo quién los haya cometido”. Asimismo, destacó el trabajo de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado , instancias que han recibido apoyo del Ejecutivo para avanzar en las indagatorias. Cordero evitó referirse directamente a los detalles de las conversaciones entre Pérez y Andrade, reiterando que “ al Gobierno no le corresponde comentar ningún tipo de prueba que esté proporcionando el Ministerio Público”. Fuente: CNN Chile País
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el viernes 29 de noviembre, a las 08:30 horas, una audiencia clave solicitada por la defensa de Daniel Andrade, en el marco de una cautela de garantías. Los abogados José Ignacio Figueroa y Diego Sporman buscan que el tribunal ordene al Ministerio Público entregar una copia de un informe policial que consideran esencial para la defensa de su representado. Según la defensa, el informe en cuestión, elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, está relacionado con el vaciado del teléfono celular que Andrade entregó voluntariamente. Este documento fue utilizado por el Ministerio Público para sustentar diligencias investigativas, pero su contenido ha sido declarado secreto, lo que, a juicio de los abogados, vulnera el derecho a defensa consagrado en la Constitución y en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Argumentan que, según el artículo 182, inciso quinto, del Código Procesal Penal, no corresponde mantener el secreto en este caso, dado que el informe contiene información de actuaciones en las que Andrade habría participado directamente. “La negativa del Ministerio Público de entregar este informe afecta gravemente el derecho de defensa de nuestro representado”, señala el escrito presentado por la defensa. Ante esta situación, solicitan que el tribunal adopte medidas para garantizar que Andrade pueda ejercer plenamente su derecho. La audiencia será determinante para evaluar si la negativa del Ministerio Público constituye una vulneración de garantías fundamentales. En su resolución, el tribunal accedió a la solicitud de audiencia y autorizó que los defensores de Andrade participen de manera remota, considerando que residen en Santiago. El caso ha adquirido mayor notoriedad tras la renuncia de la diputada Catalina Pérez al Frente Amplio, luego de la divulgación de antecedentes que la vinculan al caso. Según un informe de la PDI, Pérez habría tenido conocimiento del vínculo entre Daniel Andrade y Carlos Contreras desde julio de 2022, en el contexto de transferencias de dinero y convenios investigados.
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
