El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso, encabezó las diligencias de búsqueda en las minas La Coca y La Veleidosa, de la comuna de Tocopilla, que se enmarcan en la causa por el delito de inhumación y exhumación ilegal de siete víctimas. Es una causa relativamente nueva, abierta a propósito de la inhumación ilegal de los restos de personas detenidas desaparecidas y que corresponde a varias víctimas de la represión en los primeros años de la dictadura en la región Antofagasta, particularmente en Tocopilla. Estamos hablando de siete personas fallecidas que tienen causas individualmente consideradas, una de ellas todavía en tramitación, sostuvo el ministro. En los antiguos piques mineros, Troncoso inspeccionó en terreno el trabajo realizado por el equipo especializado en sondaje que ha desarrollado la búsqueda de restos de ejecutados políticos. Las diligencias fueron acompañadas por el personal del Servicio Médico Legal, la brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos de la Policía de Investigaciones, funcionarias del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y familiares de ejecutados políticos. En las labores efectuadas en la mina La Coca se determinó que no existían restos humanos en su interior. En tanto que, en el pique La Veleidosa, se continuará con las labores de aseguramiento necesarias e imprescindibles para desarrollar los trabajos de excavación y de recogida de materia propiamente tal. Lo que corresponde realizar ahora es ver si ya están dadas las condiciones para iniciar los trabajos forenses propiamente tales en este segundo pique. Este es un pique muy complejo, bastante grande y profundo, y que ha habido que mapearlo, explorarlo [...] el trabajo del interior por parte de los profesionales del área forense, que son los que van a buscar los restos, precisó el juez. Por último, el ministro informó que la aprobación para el trabajo forense al interior del pique depende de los informes del resultado de reciente diligencia, aunque se espera que los trabajos se ejecuten en un mediano plazo durante este primer semestre.
Fue durante la jornada de este martes, que en medio de una ceremonia de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric, dio a conocer que se hizo oficial el inicio del trabajo a cargo de la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) que han estado y están bajo la custodia del Sename, en el período comprendido entre 1979 y 2024. Esta iniciativa, comunicada desde el Palacio de La Moneda, es el resultado de la labor realizada durante este año por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Unicef y la Defensoría de la Niñez, quienes crearon las bases técnicas y administrativas de la Comisión Asesora para delimitar su ámbito de acción y generar los insumos técnicos necesarios. En concreto, el objetivo de esta instancia es establecer un marco de verdad histórica sobre los diversos casos ocurridos y así poder implementar mecanismos de reparación; para ello, se buscará escuchar a víctimas, familias y trabajadores, proponiendo mecanismos de reparación y prevención de nuevos abusos. “Sin verdad, difícilmente podremos asegurar que no vuelvan a suceder estas vulneraciones en el futuro”, enfatizó el Mandatario. “La creación de esta comisión reafirma el compromiso del Estado de Chile con la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y nos permite avanzar como país transformando el dolor en justicia para quienes vivieron estos hechos”, profundizó el jefe de Estado. Cabe destacar además, que Boric destacó avances como la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y el fortalecimiento de servicios de protección y reinserción juvenil, aunque reconoció que “todavía tenemos mucho que hacer”. Además, hizo un llamado a proteger los derechos humanos frente a los discursos que relativizan su importancia. “Los derechos humanos no son patrimonio de un sector político en específico; en su defensa debemos estar todos y todas comprometidos”, concluyó. Con todo, la comisión tendrá una duración de al menos un año y será conformada por siete comisionados designados por el Presidente de la República, con apoyo administrativo de una secretaría ejecutiva para su funcionamiento. Entre sus miembros figuran: Soledad Larraín, psicóloga y magíster en Estudios avanzados de la familia y la pareja, quien trabajó en Unicef y en el Consejo para la Infancia ycuenta con amplia experiencia en intervención, investigaciones y políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, violencia y género. La acompañarán, además, Miguel Cillero, Carmen Domínguez, Matías Marchant, Estela Ortíz, Judith Schonsteiner y Sebastián Valenzuela. Entre las principales tareas que llevará a cabo se cuentan: - Proceso de calificación de víctimas. - Proponer un plan de reparación con medidas administrativas y legislativas de cuidado estatal e institucional en los ámbitos de protección especializada y justicia juvenil. - Preparar e implementar hitos de resignificación y de memoria.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso, encabezó las diligencias de búsqueda en las minas La Coca y La Veleidosa, de la comuna de Tocopilla, que se enmarcan en la causa por el delito de inhumación y exhumación ilegal de siete víctimas. Es una causa relativamente nueva, abierta a propósito de la inhumación ilegal de los restos de personas detenidas desaparecidas y que corresponde a varias víctimas de la represión en los primeros años de la dictadura en la región Antofagasta, particularmente en Tocopilla. Estamos hablando de siete personas fallecidas que tienen causas individualmente consideradas, una de ellas todavía en tramitación, sostuvo el ministro. En los antiguos piques mineros, Troncoso inspeccionó en terreno el trabajo realizado por el equipo especializado en sondaje que ha desarrollado la búsqueda de restos de ejecutados políticos. Las diligencias fueron acompañadas por el personal del Servicio Médico Legal, la brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos de la Policía de Investigaciones, funcionarias del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y familiares de ejecutados políticos. En las labores efectuadas en la mina La Coca se determinó que no existían restos humanos en su interior. En tanto que, en el pique La Veleidosa, se continuará con las labores de aseguramiento necesarias e imprescindibles para desarrollar los trabajos de excavación y de recogida de materia propiamente tal. Lo que corresponde realizar ahora es ver si ya están dadas las condiciones para iniciar los trabajos forenses propiamente tales en este segundo pique. Este es un pique muy complejo, bastante grande y profundo, y que ha habido que mapearlo, explorarlo [...] el trabajo del interior por parte de los profesionales del área forense, que son los que van a buscar los restos, precisó el juez. Por último, el ministro informó que la aprobación para el trabajo forense al interior del pique depende de los informes del resultado de reciente diligencia, aunque se espera que los trabajos se ejecuten en un mediano plazo durante este primer semestre.
Fue durante la jornada de este martes, que en medio de una ceremonia de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric, dio a conocer que se hizo oficial el inicio del trabajo a cargo de la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) que han estado y están bajo la custodia del Sename, en el período comprendido entre 1979 y 2024. Esta iniciativa, comunicada desde el Palacio de La Moneda, es el resultado de la labor realizada durante este año por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Unicef y la Defensoría de la Niñez, quienes crearon las bases técnicas y administrativas de la Comisión Asesora para delimitar su ámbito de acción y generar los insumos técnicos necesarios. En concreto, el objetivo de esta instancia es establecer un marco de verdad histórica sobre los diversos casos ocurridos y así poder implementar mecanismos de reparación; para ello, se buscará escuchar a víctimas, familias y trabajadores, proponiendo mecanismos de reparación y prevención de nuevos abusos. “Sin verdad, difícilmente podremos asegurar que no vuelvan a suceder estas vulneraciones en el futuro”, enfatizó el Mandatario. “La creación de esta comisión reafirma el compromiso del Estado de Chile con la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y nos permite avanzar como país transformando el dolor en justicia para quienes vivieron estos hechos”, profundizó el jefe de Estado. Cabe destacar además, que Boric destacó avances como la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y el fortalecimiento de servicios de protección y reinserción juvenil, aunque reconoció que “todavía tenemos mucho que hacer”. Además, hizo un llamado a proteger los derechos humanos frente a los discursos que relativizan su importancia. “Los derechos humanos no son patrimonio de un sector político en específico; en su defensa debemos estar todos y todas comprometidos”, concluyó. Con todo, la comisión tendrá una duración de al menos un año y será conformada por siete comisionados designados por el Presidente de la República, con apoyo administrativo de una secretaría ejecutiva para su funcionamiento. Entre sus miembros figuran: Soledad Larraín, psicóloga y magíster en Estudios avanzados de la familia y la pareja, quien trabajó en Unicef y en el Consejo para la Infancia ycuenta con amplia experiencia en intervención, investigaciones y políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, violencia y género. La acompañarán, además, Miguel Cillero, Carmen Domínguez, Matías Marchant, Estela Ortíz, Judith Schonsteiner y Sebastián Valenzuela. Entre las principales tareas que llevará a cabo se cuentan: - Proceso de calificación de víctimas. - Proponer un plan de reparación con medidas administrativas y legislativas de cuidado estatal e institucional en los ámbitos de protección especializada y justicia juvenil. - Preparar e implementar hitos de resignificación y de memoria.
