En un nuevo giro en el caso de violación grupal que involucra a nueve excadetes de Cobreloa, la investigación se ha visto gravemente afectada por la desaparición del vestido negro que la víctima utilizó la noche del ataque. La información, reportada por La Tercera, revela que esta evidencia crucial fue extraviada, lo que ha impedido la realización de los análisis solicitados por los abogados de la joven de 21 años. La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que, tras el incidente, se abrió un sumario administrativo el pasado 29 de mayo para determinar responsabilidades. Sin embargo, el Ministerio Público también mantiene una investigación penal abierta, la cual sigue su curso. La abogada de la víctima, Patricia Muñoz, calificó la pérdida de la evidencia como particularmente grave , señalando que refleja una manifiesta negligencia en el comportamiento y en el quehacer en relación con esta causa en el manejo de la causa por parte de la PDI. Muñoz destacó que esta no es la primera irregularidad en el caso. Ya es segunda vez que aquello queda de manifiesto. Primero en relación con la denuncia que la víctima presentó y cómo aquella no fue atendida, lo que implicó que esta causa estuviera tres años sin que se ejercieran las acciones de protección en favor de ella ni tampoco la persecución penal. Y ahora nos enteramos que, de acuerdo con lo conocido por el Ministerio Público, se habría perdido evidencia incautada diligentemente en el contexto del inicio del procedimiento, declaró. La abogada también recordó un incidente previo en el que, según la víctima, funcionarios policiales la instaron a desistirse de la denuncia un día después de que esta fuera presentada. Como resultado, dos detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Calama enfrentaron sanciones por su falta de atención a la denuncia.
En un nuevo giro en el caso de violación grupal que involucra a nueve excadetes de Cobreloa, la investigación se ha visto gravemente afectada por la desaparición del vestido negro que la víctima utilizó la noche del ataque. La información, reportada por La Tercera, revela que esta evidencia crucial fue extraviada, lo que ha impedido la realización de los análisis solicitados por los abogados de la joven de 21 años. La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que, tras el incidente, se abrió un sumario administrativo el pasado 29 de mayo para determinar responsabilidades. Sin embargo, el Ministerio Público también mantiene una investigación penal abierta, la cual sigue su curso. La abogada de la víctima, Patricia Muñoz, calificó la pérdida de la evidencia como particularmente grave , señalando que refleja una manifiesta negligencia en el comportamiento y en el quehacer en relación con esta causa en el manejo de la causa por parte de la PDI. Muñoz destacó que esta no es la primera irregularidad en el caso. Ya es segunda vez que aquello queda de manifiesto. Primero en relación con la denuncia que la víctima presentó y cómo aquella no fue atendida, lo que implicó que esta causa estuviera tres años sin que se ejercieran las acciones de protección en favor de ella ni tampoco la persecución penal. Y ahora nos enteramos que, de acuerdo con lo conocido por el Ministerio Público, se habría perdido evidencia incautada diligentemente en el contexto del inicio del procedimiento, declaró. La abogada también recordó un incidente previo en el que, según la víctima, funcionarios policiales la instaron a desistirse de la denuncia un día después de que esta fuera presentada. Como resultado, dos detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Calama enfrentaron sanciones por su falta de atención a la denuncia.