La jornada de este lunes, el Servicio Nacional de Migraciones junto al Instituto Nacional de Estadísticas ( INE) revelaron los resultados sobre el estudio anual deEstimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile durante el año 2023. De manera paralela, el trabajo realizó en conjunto con la PDI, Cancillería, Ministerio de Educación y Registro Civil. En detalle, la medición compila antecedentes de residentes habituales o que al menos hayan solicitado un permiso de residencia. La cifra, en tanto, llega a 1.918.583 personas extranjeras viviendo en Chile. Asimismo, el análisis evidencia un notable aumento en comparación a los años anteriores en que se realizó el estudio, pues en 2018 fue de 1.300.005; en 2019, 1.474.730; en 2020, 1.501.995; en 2021, 1.564.160; y en 2022, 1.625.074. Así, hubo un alza del 4,5% respecto a 2022, la que fue explicada por el servicio por un cambio en la metodología de la estimación, señalando que “es la más completa de la serie al contar con siete fuentes de información de registros administrativos estatales”. “La estimación 2023 innova con una modificación metodológica que consiste en la incorporación de dos nuevas fuentes de información, el registro de matrícula de educación básica y media del Mineduc, y el Empadronamiento biométrico. Esto significa que se agregan nuevas personas que en las entregas anteriores de la estimación no estaban consideradas”, indicó Migraciones. Recordar, que desde 2018 se realiza este registro y este año se añadieron dos nuevos elementos para la recopilación de datos: el empadronamiento biométrico -a partir de este proceso fue posible acceder a registros de personas de 18 años o más que ingresaron de manera irregular al país, representando 141.649 personas en 2023- y la matrícula escolar de estudiantes sin Rol Único Nacional (RUN). Con todo, vale destacar que la comparativa histórica desde 2018 da cuenta de un aumento de 611.724 personas, equivalente a un 46,8%. A su vez, el catastro indica que del total, 979.571 son hombres y 939.012 son mujeres.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que uno de sus objetivos principales en un segundo mandato será implementar un programa masivo de deportación de inmigrantes indocumentados, algo que calificó como un pilar fundamental de su campaña. Según declaraciones recientes de fuentes cercanas a su equipo de transición, el enfoque inicial estaría dirigido a los inmigrantes con antecedentes criminales, una medida que ha generado preocupación entre las comunidades afectadas. Ante esto, el número de inmigrantes indocumentados en EE. UU. es significativo, con unos 11 millones estimados, muchos de los cuales provienen de países como México, El Salvador, India y Guatemala. Aunque la mayoría de los indocumentados no tiene antecedentes criminales, un informe reciente indicó que la tasa de detención por delitos violentos o de drogas es mucho más baja entre los inmigrantes indocumentados que entre los ciudadanos estadounidenses. Durante su primer mandato, Trump deportó a más de 1,5 millones de personas, y su equipo asegura que el ritmo será aún más rápido en el segundo mandato. Tom Homan, exdirector interino del ICE, ha señalado que las deportaciones serán más selectivas, pero las familias de estatus mixto, es decir, aquellas con miembros ciudadanos y no ciudadanos, también podrían verse afectadas. Además, el futuro de los llamados “soñadores”, inmigrantes que llegaron a EE. UU. siendo niños y están protegidos por el programa DACA, sigue siendo incierto. Aunque algunos de estos jóvenes gozan de protección temporal, Trump podría decidir tomar medidas más drásticas contra ellos, algo que podría desencadenar controversias a nivel político. En cuanto a los recursos, Trump está considerando declarar una emergencia nacional para facilitar la expansión de espacios de detención y la implementación de medidas más estrictas en la frontera. A pesar de las promesas de acción rápida, defensores de los derechos de los inmigrantes alertan sobre los devastadores efectos de estas políticas, que podrían separar familias y afectar a millones de personas que han vivido en EE. UU. durante años. Con el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, Trump apunta a restaurar las políticas migratorias de su primer gobierno, desafiando los enfoques más relajados del presidente Joe Biden. Mientras tanto, los funcionarios del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aún no se han pronunciado sobre los posibles cambios.
La jornada de este lunes, el Servicio Nacional de Migraciones junto al Instituto Nacional de Estadísticas ( INE) revelaron los resultados sobre el estudio anual deEstimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile durante el año 2023. De manera paralela, el trabajo realizó en conjunto con la PDI, Cancillería, Ministerio de Educación y Registro Civil. En detalle, la medición compila antecedentes de residentes habituales o que al menos hayan solicitado un permiso de residencia. La cifra, en tanto, llega a 1.918.583 personas extranjeras viviendo en Chile. Asimismo, el análisis evidencia un notable aumento en comparación a los años anteriores en que se realizó el estudio, pues en 2018 fue de 1.300.005; en 2019, 1.474.730; en 2020, 1.501.995; en 2021, 1.564.160; y en 2022, 1.625.074. Así, hubo un alza del 4,5% respecto a 2022, la que fue explicada por el servicio por un cambio en la metodología de la estimación, señalando que “es la más completa de la serie al contar con siete fuentes de información de registros administrativos estatales”. “La estimación 2023 innova con una modificación metodológica que consiste en la incorporación de dos nuevas fuentes de información, el registro de matrícula de educación básica y media del Mineduc, y el Empadronamiento biométrico. Esto significa que se agregan nuevas personas que en las entregas anteriores de la estimación no estaban consideradas”, indicó Migraciones. Recordar, que desde 2018 se realiza este registro y este año se añadieron dos nuevos elementos para la recopilación de datos: el empadronamiento biométrico -a partir de este proceso fue posible acceder a registros de personas de 18 años o más que ingresaron de manera irregular al país, representando 141.649 personas en 2023- y la matrícula escolar de estudiantes sin Rol Único Nacional (RUN). Con todo, vale destacar que la comparativa histórica desde 2018 da cuenta de un aumento de 611.724 personas, equivalente a un 46,8%. A su vez, el catastro indica que del total, 979.571 son hombres y 939.012 son mujeres.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que uno de sus objetivos principales en un segundo mandato será implementar un programa masivo de deportación de inmigrantes indocumentados, algo que calificó como un pilar fundamental de su campaña. Según declaraciones recientes de fuentes cercanas a su equipo de transición, el enfoque inicial estaría dirigido a los inmigrantes con antecedentes criminales, una medida que ha generado preocupación entre las comunidades afectadas. Ante esto, el número de inmigrantes indocumentados en EE. UU. es significativo, con unos 11 millones estimados, muchos de los cuales provienen de países como México, El Salvador, India y Guatemala. Aunque la mayoría de los indocumentados no tiene antecedentes criminales, un informe reciente indicó que la tasa de detención por delitos violentos o de drogas es mucho más baja entre los inmigrantes indocumentados que entre los ciudadanos estadounidenses. Durante su primer mandato, Trump deportó a más de 1,5 millones de personas, y su equipo asegura que el ritmo será aún más rápido en el segundo mandato. Tom Homan, exdirector interino del ICE, ha señalado que las deportaciones serán más selectivas, pero las familias de estatus mixto, es decir, aquellas con miembros ciudadanos y no ciudadanos, también podrían verse afectadas. Además, el futuro de los llamados “soñadores”, inmigrantes que llegaron a EE. UU. siendo niños y están protegidos por el programa DACA, sigue siendo incierto. Aunque algunos de estos jóvenes gozan de protección temporal, Trump podría decidir tomar medidas más drásticas contra ellos, algo que podría desencadenar controversias a nivel político. En cuanto a los recursos, Trump está considerando declarar una emergencia nacional para facilitar la expansión de espacios de detención y la implementación de medidas más estrictas en la frontera. A pesar de las promesas de acción rápida, defensores de los derechos de los inmigrantes alertan sobre los devastadores efectos de estas políticas, que podrían separar familias y afectar a millones de personas que han vivido en EE. UU. durante años. Con el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, Trump apunta a restaurar las políticas migratorias de su primer gobierno, desafiando los enfoques más relajados del presidente Joe Biden. Mientras tanto, los funcionarios del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aún no se han pronunciado sobre los posibles cambios.
