Este martes, el Juzgado de Garantía de Arica determinó que la investigación sobre la trágica marcha de conscriptos del Ejército el 27 de abril estará a cargo de la justicia civil, desechando así la jurisdicción militar. La decisión surge después de que el Ministerio Público, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la madre de Franco Vargas, el conscripto fallecido, presentaran sus argumentos en contra de que el caso fuese manejado por la justicia castrense. El fiscal regional Mario Carrera fundamentó la postura de la fiscalía argumentando la necesidad de mantener el caso en sus manos, citando precedentes donde han intervenido en casos relacionados con el Ejército. Carrera también cuestionó que la autopsia de Vargas no se realizara conforme a los protocolos internacionales. Además, destacó que no hay bienes jurídicos militares involucrados en el caso. Ignacio González, abogado del INDH, subrayó que la justicia militar no es adecuada para tratar casos de derechos humanos y resaltó la especialización del Ministerio Público en este ámbito. Por su parte, el abogado querellante Sebastián Andrade Delvas, representante de la madre de Vargas, enfatizó que en la justicia militar no existe la figura de víctima. El juez Juan Araya Contreras acogió los argumentos presentados y rechazó la solicitud de la ministra en visita designada por la Corte Suprema, Jenny Book, quien había pedido que la justicia civil se inhibiera en el caso. Araya explicó que la justicia militar maneja bienes jurídicos diferentes y que es necesario proteger a la víctima no milita r. La situación actual deja pendiente una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema respecto a quién deberá finalmente tomar cartas en este lamentable suceso. Mientras tanto, emergen nuevos detalles preocupantes sobre otros afectados: Lucas Gamboa ha tenido que enfrentarse a una amputación mientras permanece grave en el Hospital Militar de Santiago; otro joven también está hospitalizado bajo condiciones críticas. Durante las audiencias se reveló incluso un posible riesgo inminente para uno más de los conscriptos involucrados: podría perder una pierna debido a sus lesiones.
Este martes, el Juzgado de Garantía de Arica determinó que la investigación sobre la trágica marcha de conscriptos del Ejército el 27 de abril estará a cargo de la justicia civil, desechando así la jurisdicción militar. La decisión surge después de que el Ministerio Público, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la madre de Franco Vargas, el conscripto fallecido, presentaran sus argumentos en contra de que el caso fuese manejado por la justicia castrense. El fiscal regional Mario Carrera fundamentó la postura de la fiscalía argumentando la necesidad de mantener el caso en sus manos, citando precedentes donde han intervenido en casos relacionados con el Ejército. Carrera también cuestionó que la autopsia de Vargas no se realizara conforme a los protocolos internacionales. Además, destacó que no hay bienes jurídicos militares involucrados en el caso. Ignacio González, abogado del INDH, subrayó que la justicia militar no es adecuada para tratar casos de derechos humanos y resaltó la especialización del Ministerio Público en este ámbito. Por su parte, el abogado querellante Sebastián Andrade Delvas, representante de la madre de Vargas, enfatizó que en la justicia militar no existe la figura de víctima. El juez Juan Araya Contreras acogió los argumentos presentados y rechazó la solicitud de la ministra en visita designada por la Corte Suprema, Jenny Book, quien había pedido que la justicia civil se inhibiera en el caso. Araya explicó que la justicia militar maneja bienes jurídicos diferentes y que es necesario proteger a la víctima no milita r. La situación actual deja pendiente una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema respecto a quién deberá finalmente tomar cartas en este lamentable suceso. Mientras tanto, emergen nuevos detalles preocupantes sobre otros afectados: Lucas Gamboa ha tenido que enfrentarse a una amputación mientras permanece grave en el Hospital Militar de Santiago; otro joven también está hospitalizado bajo condiciones críticas. Durante las audiencias se reveló incluso un posible riesgo inminente para uno más de los conscriptos involucrados: podría perder una pierna debido a sus lesiones.
