En agosto pasado, se aumentó la cuota obligatoria de contratación para personas con discapacidad a un 2% en empresas con 100 o más trabajadores, un paso hacia la plena inclusión laboral. Sin embargo, esta medida solo será efectiva cuando las empresas alcancen un 80% de cumplimiento con la actual exigencia del 1%. Según Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello (UNAB), la preocupación crece, pues a nivel nacional, menos de la mitad de las empresas cumplen con la cuota mínima. En Chile, más de 2.7 millones de personas adultas viven con alguna discapacidad, un grupo históricamente excluido del mercado laboral. La Ley de Inclusión Laboral (Nº 21.015), promulgada en 2017, estableció la obligación de contratar al menos un 1% de personas con discapacidad en empresas con más de 100 trabajadores. A pesar de los avances, como la ley N° 21.690 que entró en vigencia en 2024, el cumplimiento sigue siendo bajo. Según la Fundación ConTrabajo, solo un 36.4% de las 11.620 empresas obligadas a cumplir con la ley informaron medidas de inclusión. Ante esto, los expertos señalan que la falta de fiscalización es un obstáculo para alcanzar los objetivos. Si bien la ley ha sido reforzada para incorporar nuevas medidas, como la figura del gestor de inclusión y mayores sanciones para las empresas incumplidoras, la realidad es que muchas optan por pagar medidas alternativas, como donaciones a fundaciones, en lugar de cumplir con la cuota. Finalmente, el cambio cultural, que promueva la contratación de personas por sus competencias y no solo para llenar un cupo, es esencial. Para esto, la formación adecuada y el desarrollo de competencias en las personas con discapacidad, junto con un entorno laboral inclusivo, son clave para asegurar el éxito de la ley. Según Alejandra Ríos, la inclusión laboral no solo se trata de cumplir una cuota, sino de construir una cultura que respete y valore la diferencia.
En agosto pasado, se aumentó la cuota obligatoria de contratación para personas con discapacidad a un 2% en empresas con 100 o más trabajadores, un paso hacia la plena inclusión laboral. Sin embargo, esta medida solo será efectiva cuando las empresas alcancen un 80% de cumplimiento con la actual exigencia del 1%. Según Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello (UNAB), la preocupación crece, pues a nivel nacional, menos de la mitad de las empresas cumplen con la cuota mínima. En Chile, más de 2.7 millones de personas adultas viven con alguna discapacidad, un grupo históricamente excluido del mercado laboral. La Ley de Inclusión Laboral (Nº 21.015), promulgada en 2017, estableció la obligación de contratar al menos un 1% de personas con discapacidad en empresas con más de 100 trabajadores. A pesar de los avances, como la ley N° 21.690 que entró en vigencia en 2024, el cumplimiento sigue siendo bajo. Según la Fundación ConTrabajo, solo un 36.4% de las 11.620 empresas obligadas a cumplir con la ley informaron medidas de inclusión. Ante esto, los expertos señalan que la falta de fiscalización es un obstáculo para alcanzar los objetivos. Si bien la ley ha sido reforzada para incorporar nuevas medidas, como la figura del gestor de inclusión y mayores sanciones para las empresas incumplidoras, la realidad es que muchas optan por pagar medidas alternativas, como donaciones a fundaciones, en lugar de cumplir con la cuota. Finalmente, el cambio cultural, que promueva la contratación de personas por sus competencias y no solo para llenar un cupo, es esencial. Para esto, la formación adecuada y el desarrollo de competencias en las personas con discapacidad, junto con un entorno laboral inclusivo, son clave para asegurar el éxito de la ley. Según Alejandra Ríos, la inclusión laboral no solo se trata de cumplir una cuota, sino de construir una cultura que respete y valore la diferencia.
