El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia que rodea al proyecto minero-portuario Dominga. La Segunda Sala del TC tomó la decisión con tres votos a favor y dos en contra, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), según información de Pulso de La Tercera. Ante esto, el gobierno elevó este requerimiento el pasado 23 de marzo, luego de que el 1TA ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga. La administración argumenta que el tribunal ambiental se extralimitó en sus facultades, ya que, según la ley, las decisiones en materia ambiental son de exclusiva competencia del Comité de Ministros. Asimismo, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, enfatizó que el gobierno estáutilizando las herramientas que nos da la Constitución para garantizar el Estado de derecho. En una línea similar, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, destacó que el TC es el organismo competente para resolver la interpretación sobre los límites entre las competencias administrativas y judiciales. En su resolución del 15 de abril, el TC determinó que el requerimiento gubernamental cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su Ley Orgánica. Adicionalmente, el tribunal argumentó que la continuidad de los procedimientos judiciales podría generar undaño irreparable, motivo por el cual se decretó su suspensión provisoria. Ahora bien, la admisión del recurso contó con el respaldo de las ministras Nancy Yáñez y María Pía Silva, así como del ministro Mario Gómez Montoya. En contraposición, los ministros Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas votaron en rechazo, al considerar que no se cumplían las condiciones necesarias para acoger a trámite la solicitud del Ejecutivo. Desde Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto Dominga, calificaron la acción del gobierno comouna nueva maniobra dilatoria. La compañía sostiene que el fallo del 1TA buscaba simplemente asegurar el cumplimiento de una sentencia emitida en diciembre de 2024, y solicitó al SEA modificar el estatus del proyecto a aprobado. Finalmente, este caso continúa escalando la tensión entre los poderes del Estado, y se espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie en el futuro cercano sobre los límites de las competencias entre los diversos órganos involucrados en la tramitación del proyecto Dominga.
Durante el transcurso de la últimas horas, el Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó al Comité de Ministros volver a votar el proyecto Minera Dominga en un plazo de diez días, puesto que según el organismo, la resolución anterior quedaría sin efecto tras el incumplimiento de directrices por parte del cuerpo de ministros subrogantes. Cabe recordar que el proyecto minero-portuario Dominga, ligado a la familia Délano, pasa por un nuevo episodio en el marco de sus casi 12 años de tramitación. Y es que la iniciativa, de alrededor de $2.500 millones de dólares, culminará con una cuarta votación de su contenido. En concreto, el fallo apunta al rechazo de la excepción de pago formulada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y con la orden al gobierno de contravenir incidentalmente dicho resultado. Entre los argumentos esgrimidos por la instancia destacan que el comité no cumplió la sentencia en el plazo fijado y que en la determinación se incorporaron dos puntos que no formaban parte del fallo original, según consigna La Tercera. La empresa Andes Iron, que lleva adelante el megaproyecto, solicitó el cumplimiento incidental del fallo el 9 de diciembre de 2024, en un plazo de 15 días. En contraposición, el Comité de Ministros abordó el caso recién el 8 de enero de 2025 y emitió una resolución final a mediados de ese mismo mes, excediendo los límites fijados para hacerlo. De igual forma, en el segundo punto, la decisión del comité incluyó argumentos no contemplados en la resolución original, vulnerando, de acuerdo a la justicia, el principio de congruencia y seguridad jurídica. Según se detalla, las reclamaciones se vinculaban a la falta de información de las especies endémicas cuyo hábitat está presente en el área donde se emplazará el proyecto y, por otro lado, las deficiencias de su Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias respecto del derrame de hidrocarburos. Con todo, se estableció una nueva votación donde podrán presentar apelaciones al respecto.
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia que rodea al proyecto minero-portuario Dominga. La Segunda Sala del TC tomó la decisión con tres votos a favor y dos en contra, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), según información de Pulso de La Tercera. Ante esto, el gobierno elevó este requerimiento el pasado 23 de marzo, luego de que el 1TA ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga. La administración argumenta que el tribunal ambiental se extralimitó en sus facultades, ya que, según la ley, las decisiones en materia ambiental son de exclusiva competencia del Comité de Ministros. Asimismo, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, enfatizó que el gobierno estáutilizando las herramientas que nos da la Constitución para garantizar el Estado de derecho. En una línea similar, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, destacó que el TC es el organismo competente para resolver la interpretación sobre los límites entre las competencias administrativas y judiciales. En su resolución del 15 de abril, el TC determinó que el requerimiento gubernamental cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su Ley Orgánica. Adicionalmente, el tribunal argumentó que la continuidad de los procedimientos judiciales podría generar undaño irreparable, motivo por el cual se decretó su suspensión provisoria. Ahora bien, la admisión del recurso contó con el respaldo de las ministras Nancy Yáñez y María Pía Silva, así como del ministro Mario Gómez Montoya. En contraposición, los ministros Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas votaron en rechazo, al considerar que no se cumplían las condiciones necesarias para acoger a trámite la solicitud del Ejecutivo. Desde Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto Dominga, calificaron la acción del gobierno comouna nueva maniobra dilatoria. La compañía sostiene que el fallo del 1TA buscaba simplemente asegurar el cumplimiento de una sentencia emitida en diciembre de 2024, y solicitó al SEA modificar el estatus del proyecto a aprobado. Finalmente, este caso continúa escalando la tensión entre los poderes del Estado, y se espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie en el futuro cercano sobre los límites de las competencias entre los diversos órganos involucrados en la tramitación del proyecto Dominga.
Durante el transcurso de la últimas horas, el Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó al Comité de Ministros volver a votar el proyecto Minera Dominga en un plazo de diez días, puesto que según el organismo, la resolución anterior quedaría sin efecto tras el incumplimiento de directrices por parte del cuerpo de ministros subrogantes. Cabe recordar que el proyecto minero-portuario Dominga, ligado a la familia Délano, pasa por un nuevo episodio en el marco de sus casi 12 años de tramitación. Y es que la iniciativa, de alrededor de $2.500 millones de dólares, culminará con una cuarta votación de su contenido. En concreto, el fallo apunta al rechazo de la excepción de pago formulada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y con la orden al gobierno de contravenir incidentalmente dicho resultado. Entre los argumentos esgrimidos por la instancia destacan que el comité no cumplió la sentencia en el plazo fijado y que en la determinación se incorporaron dos puntos que no formaban parte del fallo original, según consigna La Tercera. La empresa Andes Iron, que lleva adelante el megaproyecto, solicitó el cumplimiento incidental del fallo el 9 de diciembre de 2024, en un plazo de 15 días. En contraposición, el Comité de Ministros abordó el caso recién el 8 de enero de 2025 y emitió una resolución final a mediados de ese mismo mes, excediendo los límites fijados para hacerlo. De igual forma, en el segundo punto, la decisión del comité incluyó argumentos no contemplados en la resolución original, vulnerando, de acuerdo a la justicia, el principio de congruencia y seguridad jurídica. Según se detalla, las reclamaciones se vinculaban a la falta de información de las especies endémicas cuyo hábitat está presente en el área donde se emplazará el proyecto y, por otro lado, las deficiencias de su Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias respecto del derrame de hidrocarburos. Con todo, se estableció una nueva votación donde podrán presentar apelaciones al respecto.
