Este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la determinación del Gobierno sobre rebajar el presupuesto 2025 para el Ministerio Público, considerando un recorte que bordea los $7 mil millones de pesos. La decisión se enmarca en el contexto de una disminución global de $544 mil millones anunciados por el Ejecutivo, el cual surge de un protocolo de acuerdo en el debate de la comisión mixta de Presupuestos, con el objetivo de lograr un consenso para aprobar las glosas y partidas del erario fiscal para el año recientemente iniciado. En base a ello, el titular del Ministerio Público explicó que la medida afecta directamente las capacidades de investigación, especialmente en casos relacionados con el crimen organizado. Aún no nos sentamos con el equipo de administración y finanzas, habría que decidir de dónde recortar, pero estos fondos están destinados, entre otras materias, para seguridad de fiscales, seguridad de las fiscalías, para algunos estudios que desarrollamos respecto al impacto de las actividades que llevamos adelante, compras de aplicaciones informáticas para el análisis criminal. La verdad es que el impacto es significativo, recalcó el abogado de profesión. En su análisis, el mandamás del ente persecutor dijo que el Ministerio Público parece una familia que vive bien con lo justo, aunque bien eficientes en el uso de nuestros recursos a diferencia de otros servicios públicos, que a veces tienen dificultad para ejecutar lo que se les entrega. Nosotros somos bien cumplidores. “ Es difícil entender por qué el Ministerio Público queda excluido de los criterios de protección presupuestaria que se aplican a las policías. El presupuesto de la fiscalía representa solo el 0,3% del gasto fiscal total, una cifra mínima que no afecta significativamente las finanzas del Estado, pero sí impacta nuestras operaciones”, afirmó. Así las cosas, desde la Oposición alzaron la voz, por ejemplo, el diputado Andrés Longton, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, anunció que citará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para explicar el recorte de $7 mil millones al presupuesto del Ministerio Público. “Es un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado, en un momento en que Chile enfrenta una ola de violencia sin precedentes”, aseveró. “El mensaje del Gobierno es claro: mientras el crimen avanza, las instituciones encargadas de enfrentarlo reciben menos apoyo. Esto derechamente es no comprender las prioridades del país mientras se pretendían destinar mil millones para la compra de la casa de Allende, se deja en indefensión a las familias chilenas”. Ante ello, la respuesta desde La Moneda la lideró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aclaró que “el ajuste de gasto del cual forma parte el Ministerio Público fue mandatado por la ley. No es un tema que haya sido de elección o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad”. Así, planteó que “en la ley se estableció […] que debía efectuarse este recorte, a más tardar a los 10 días de entrada en vigencia de la ley, que tenía que aplicarse como reducciones parejas en los subtítulos presupuestarios”, sentenció el encargado de la billetera fiscal. “Simplemente se está cumpliendo la ley”, insistió, lo que no evitó la crítica de parlamentarios, quienes también fueron parte de la decisión que quitó recursos al Ministerio Público.
Este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la determinación del Gobierno sobre rebajar el presupuesto 2025 para el Ministerio Público, considerando un recorte que bordea los $7 mil millones de pesos. La decisión se enmarca en el contexto de una disminución global de $544 mil millones anunciados por el Ejecutivo, el cual surge de un protocolo de acuerdo en el debate de la comisión mixta de Presupuestos, con el objetivo de lograr un consenso para aprobar las glosas y partidas del erario fiscal para el año recientemente iniciado. En base a ello, el titular del Ministerio Público explicó que la medida afecta directamente las capacidades de investigación, especialmente en casos relacionados con el crimen organizado. Aún no nos sentamos con el equipo de administración y finanzas, habría que decidir de dónde recortar, pero estos fondos están destinados, entre otras materias, para seguridad de fiscales, seguridad de las fiscalías, para algunos estudios que desarrollamos respecto al impacto de las actividades que llevamos adelante, compras de aplicaciones informáticas para el análisis criminal. La verdad es que el impacto es significativo, recalcó el abogado de profesión. En su análisis, el mandamás del ente persecutor dijo que el Ministerio Público parece una familia que vive bien con lo justo, aunque bien eficientes en el uso de nuestros recursos a diferencia de otros servicios públicos, que a veces tienen dificultad para ejecutar lo que se les entrega. Nosotros somos bien cumplidores. “ Es difícil entender por qué el Ministerio Público queda excluido de los criterios de protección presupuestaria que se aplican a las policías. El presupuesto de la fiscalía representa solo el 0,3% del gasto fiscal total, una cifra mínima que no afecta significativamente las finanzas del Estado, pero sí impacta nuestras operaciones”, afirmó. Así las cosas, desde la Oposición alzaron la voz, por ejemplo, el diputado Andrés Longton, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, anunció que citará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para explicar el recorte de $7 mil millones al presupuesto del Ministerio Público. “Es un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado, en un momento en que Chile enfrenta una ola de violencia sin precedentes”, aseveró. “El mensaje del Gobierno es claro: mientras el crimen avanza, las instituciones encargadas de enfrentarlo reciben menos apoyo. Esto derechamente es no comprender las prioridades del país mientras se pretendían destinar mil millones para la compra de la casa de Allende, se deja en indefensión a las familias chilenas”. Ante ello, la respuesta desde La Moneda la lideró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aclaró que “el ajuste de gasto del cual forma parte el Ministerio Público fue mandatado por la ley. No es un tema que haya sido de elección o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad”. Así, planteó que “en la ley se estableció […] que debía efectuarse este recorte, a más tardar a los 10 días de entrada en vigencia de la ley, que tenía que aplicarse como reducciones parejas en los subtítulos presupuestarios”, sentenció el encargado de la billetera fiscal. “Simplemente se está cumpliendo la ley”, insistió, lo que no evitó la crítica de parlamentarios, quienes también fueron parte de la decisión que quitó recursos al Ministerio Público.
