Esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, a raíz del truncado proceso de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, que el gobierno buscaba convertirla en museo. La iniciativa necesitaba mayoría simple para ser aprobada, pero fue rechazada tras obtener 64 votos a favor y 70 en contra. El libelo presentado por Republicanos, planteaba que Fernández infringió el artículo 37 bis de la Carta Magna, que señala que durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. Para realizar este proceso, no se invocó cuestión previa, por lo que la Cámara inició de inmediato el análisis de fondo de este escrito, que buscaba inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante cinco años. Cabe mencionar que la otrora titular de Defensa llegó hasta el Congreso acompañada por algunos secretarios de Estado, entre ellos, Nicolás Cataldo (Educación), Álvaro Elizalde (Interior) y Aisén Etcheverry (Ciencias). Tras el resultado de la votación, el ministro Elizalde declaró que cuando se presentan reiteradas acusaciones constitucionales sin fundamento, que terminan siendo rechazadas, se produce una distracción del sistema político con respecto a lo que realmente importa, que es legislar para mejorar la calidad de vida de chilenas y chilenos. Por último, luego de la votación Fernández señaló que he sido muy respetuosa del Congreso y de sus facultades. En este caso, quiero agradecer a quienes me apoyaron, rechazando esta acusación constitucional el día de hoy. Creo que ir al fondo de la cuestión ha sido muy importante. ⭕️ Con 64 votos a favor y 70 en contra, la Cámara rechaza la procedencia de la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, @Mayafernandeza. Por lo tanto, el libelo no prosigue su tramitación. pic.twitter.com/QJs1vio3Gz — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 26, 2025
La tarde de este jueves, desde el Partido Republicano dieron a conocer que presentarán una Acusación Constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, debido al fallido proceso de compra por parte del Gobierno de la casa del exPresidente Salvador Allende. Lo anterior, basado en que la ley prohíbe expresamente que ministros celebren contratos con el Estado. El jefe de la bancada de Republicanos, Luis Sánchez, informó que se presentará un libelo acusatorio contra personera de Gobierno. “Esta violación a la Constitución ha ocurrido no solo en el caso de la senadora, sino también en el caso de la ministra Fernández, porque evidentemente están afectados los dos poderes, la misma causal”, acotó. También expuso en representación de la bancada: “por lo mismo que hemos tomado, en línea con lo que habíamos señalado hace algunos días con la bancada republicana, la decisión de avanzar con la presentación de la acusación constitucional y presentarla para que sea la Cámara de Diputados, posteriormente el Senado, quienes resuelvan la eventual destitución de la ministra”, complementó. Así las cosas, el timonel republicano también precisó que debe ser el propio Presidente Gabriel Boric el que pida la renuncia a Maya Fernández. “Porque si no, va a ser el Congreso el que lo decida. Nosotros ya hemos conversado con representantes de otras bancadas, puntualizó. Gente que en acusaciones constitucionales en el pasado decidió votarlas en contra, en este caso están dispuestos a votarla a favor, porque entienden que la violación y la afectación a la Constitución es muy clara, tanto en el caso de la senadora como de la ministra”, subrayó. Con todo, desde su óptica el documento va a prosperar, y creo que el Presidente de la República lo sabe”.
Este 10 de diciembre se cumplen 5 años desde que el Congreso aprobó una acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el juicio político, realizado en 2019, la entonces oposición acusó al exjefe de gabinete de Piñera de no haber adoptado medidas para detener la “sistemática violación a los derechos humanos durante el estado de emergencia” que rigió en Chile entre el 19 y el 28 de octubre y de “dañar la imagen del país con su actuar”. Además, uno de los diputados que fue a defender el líbelo ante el Senado fue el ahora Presidente, Gabriel Boric Font. Otro dato que hoy llama la atención es que el abogado defensor de Chadwick fue Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber por el denominado Caso Audios. Al final, la acusación en la Cámara Alta se visó por 23 votos a favor y 18 en contra , lo que terminó con el exministro inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, plazo que hoy ya estaría cumplido. De esta manera, en caso de que Chadwick, hoy cuestionado en el marco del denominado Caso Audios, quisiera volver a la política pública y ejercer un cargo, estaría habilitado para hacerlo. El diputado Gabriel Boric (i) y el senador Jose Miguel Insulza (d), durante la sesión especial del Senado en donde se analiza la Acusación Constitucional en contra del ex ministro del Interior. Fuente: CNN Chile País
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
Esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, a raíz del truncado proceso de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, que el gobierno buscaba convertirla en museo. La iniciativa necesitaba mayoría simple para ser aprobada, pero fue rechazada tras obtener 64 votos a favor y 70 en contra. El libelo presentado por Republicanos, planteaba que Fernández infringió el artículo 37 bis de la Carta Magna, que señala que durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. Para realizar este proceso, no se invocó cuestión previa, por lo que la Cámara inició de inmediato el análisis de fondo de este escrito, que buscaba inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante cinco años. Cabe mencionar que la otrora titular de Defensa llegó hasta el Congreso acompañada por algunos secretarios de Estado, entre ellos, Nicolás Cataldo (Educación), Álvaro Elizalde (Interior) y Aisén Etcheverry (Ciencias). Tras el resultado de la votación, el ministro Elizalde declaró que cuando se presentan reiteradas acusaciones constitucionales sin fundamento, que terminan siendo rechazadas, se produce una distracción del sistema político con respecto a lo que realmente importa, que es legislar para mejorar la calidad de vida de chilenas y chilenos. Por último, luego de la votación Fernández señaló que he sido muy respetuosa del Congreso y de sus facultades. En este caso, quiero agradecer a quienes me apoyaron, rechazando esta acusación constitucional el día de hoy. Creo que ir al fondo de la cuestión ha sido muy importante. ⭕️ Con 64 votos a favor y 70 en contra, la Cámara rechaza la procedencia de la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, @Mayafernandeza. Por lo tanto, el libelo no prosigue su tramitación. pic.twitter.com/QJs1vio3Gz — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 26, 2025
La tarde de este jueves, desde el Partido Republicano dieron a conocer que presentarán una Acusación Constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, debido al fallido proceso de compra por parte del Gobierno de la casa del exPresidente Salvador Allende. Lo anterior, basado en que la ley prohíbe expresamente que ministros celebren contratos con el Estado. El jefe de la bancada de Republicanos, Luis Sánchez, informó que se presentará un libelo acusatorio contra personera de Gobierno. “Esta violación a la Constitución ha ocurrido no solo en el caso de la senadora, sino también en el caso de la ministra Fernández, porque evidentemente están afectados los dos poderes, la misma causal”, acotó. También expuso en representación de la bancada: “por lo mismo que hemos tomado, en línea con lo que habíamos señalado hace algunos días con la bancada republicana, la decisión de avanzar con la presentación de la acusación constitucional y presentarla para que sea la Cámara de Diputados, posteriormente el Senado, quienes resuelvan la eventual destitución de la ministra”, complementó. Así las cosas, el timonel republicano también precisó que debe ser el propio Presidente Gabriel Boric el que pida la renuncia a Maya Fernández. “Porque si no, va a ser el Congreso el que lo decida. Nosotros ya hemos conversado con representantes de otras bancadas, puntualizó. Gente que en acusaciones constitucionales en el pasado decidió votarlas en contra, en este caso están dispuestos a votarla a favor, porque entienden que la violación y la afectación a la Constitución es muy clara, tanto en el caso de la senadora como de la ministra”, subrayó. Con todo, desde su óptica el documento va a prosperar, y creo que el Presidente de la República lo sabe”.
Este 10 de diciembre se cumplen 5 años desde que el Congreso aprobó una acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el juicio político, realizado en 2019, la entonces oposición acusó al exjefe de gabinete de Piñera de no haber adoptado medidas para detener la “sistemática violación a los derechos humanos durante el estado de emergencia” que rigió en Chile entre el 19 y el 28 de octubre y de “dañar la imagen del país con su actuar”. Además, uno de los diputados que fue a defender el líbelo ante el Senado fue el ahora Presidente, Gabriel Boric Font. Otro dato que hoy llama la atención es que el abogado defensor de Chadwick fue Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber por el denominado Caso Audios. Al final, la acusación en la Cámara Alta se visó por 23 votos a favor y 18 en contra , lo que terminó con el exministro inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, plazo que hoy ya estaría cumplido. De esta manera, en caso de que Chadwick, hoy cuestionado en el marco del denominado Caso Audios, quisiera volver a la política pública y ejercer un cargo, estaría habilitado para hacerlo. El diputado Gabriel Boric (i) y el senador Jose Miguel Insulza (d), durante la sesión especial del Senado en donde se analiza la Acusación Constitucional en contra del ex ministro del Interior. Fuente: CNN Chile País
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
