Con el objetivo de reforzar la protección de especies endémicas y frenar el comercio ilegal que afecta a la flora local, la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural ha intensificado sus esfuerzos en la Región de Antofagasta, en colaboración con la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El foco de esta alianza es la protección de la cactácea Copiapoa cinerea y Copiapoa sp. , dos especies de cactus endémicos que se encuentran en grave peligro debido a la extracción ilegal. Estas especies, que son representativas de la flora del desierto de Atacama, crecen principalmente en el litoral de la región, entre Paposo y el sector norte de la Región de Atacama, incluyendo el Parque Nacional Pan de Azúcar. Sin embargo, su exclusividad y belleza han atraído a traficantes que las comercializan ilegalmente, tanto a través de internet como en viveros locales, lo que pone en riesgo su supervivencia. El trabajo conjunto entre la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Conaf busca abordar de manera integral el combate contra este delito, incluyendo la actualización de las normativas que regulan la protección de especies endémicas y exóticas. En particular, se están realizando ajustes en las directrices que definen la competencia de Conaf en estas áreas, así como evaluando posibles escenarios para mejorar la fiscalización de las especies en cuestión. Uno de los aspectos claves de este proceso es la recopilación de información crucial para las investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de plantas, así como la actualización y fortalecimiento de las leyes y normativas vigentes. Entre las normativas analizadas se incluyen la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, la Ley 20.962 que regula el comercio internacional de especies amenazadas, y el Decreto Supremo 68/2009, que establece la lista de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. En este contexto, Conaf tiene un rol fundamental como entidad técnica encargada de verificar la legalidad, trazabilidad y sostenibilidad de las especies, especialmente en situaciones en las que se sospeche de su extracción ilegal. El jefe subrogante de la unidad, comisario Luis Montecinos Sáez, destacó la actividad ya que es muy importante para potenciar la labor conjunta entre ambas instituciones para la conservación de especies endémicas que están en grave riesgo por la comercialización ilegal, en algunos casos, hasta en mercados internacionales.
La Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de Antofagasta ha llevado a cabo un rescate exitoso de dos perros que se encontraban en condiciones de abandono y maltrato en un domicilio local. Este operativo se realizó gracias a varias denuncias cruciales recibidas por la brigada. Los oficiales de BIDEMA, tras recibir las denuncias, se dirigieron al lugar y constataron que los canes, una hembra de 7 años y un macho de 8, se encontraban en condiciones deplorables de higiene y salud. Ambos animales presentaban signos graves de desnutrición y parásitos. La situación, que evidenciaba un claro caso de maltrato animal, llevó a la detención de una mujer, presunta propietaria de los perros. Durante la intervención, los animales fueron rescatados y trasladados al Programa de Esterilización y Tratamiento (PET) Municipal, donde recibieron atención inicial. Los veterinarios confirmaron que ambos perros estaban en estado crítico y decidieron enviarlos a un hogar temporal para su observación y recuperación. La jefa de BIDEMA destacó la importancia de las denuncias vecinales en este caso: Es importante, en este caso, valorar la denuncia de los propios vecinos, ya que permitió una acción rápida por parte de esta unidad especializada, la que se tradujo, en el rescate de ambos animales y ser atendidos posteriormente por profesionales que tras esto, los ubicaron en hogares transitorios donde se les acogerá de buena forma, recuperando su salud e higiene para luego ser adoptados definitivamente, que es lo que nosotros esperamos. Los hechos han sido informados al Ministerio Público a través de Bitácora Web. La mujer implicada ha sido apercibida conforme al Artículo 26 del Código Procesal Penal. Cabe señalar que el maltrato o abandono animal es considerado un delito de acción penal pública según el Código Penal, lo que permite a cualquier ciudadano presentar denuncias ante las autoridades competentes, como la policía o el Ministerio Público.
Un operativo coordinado entre el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Antofagasta, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) y la Armada de Chile, se llevó a cabo en la Isla Santa María para fiscalizar la extracción ilegal de huiro. La acción se enmarca en las continuas esfuerzos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para proteger los recursos naturales en áreas apartadas y garantizar la legalidad de las actividades extractivas. Durante la fiscalización, los funcionarios revisaron las actividades de ocho trabajadores, entre los que se encontraban siete chilenos y un extranjero. Los inspectores encontraron que estos operaban de manera irregular, extrayendo huiro de manera que vulneraba las normativas de protección medioambiental. La comisaria Rosario Muñoz Córdova, jefa subrogante de la BIDEMA Antofagasta, explicó que el huiro debe ser cosechado en el momento en que el mar lo elimina naturalmente, no arrancándolo de raíz, ya que esta práctica destruye los ecosistemas marinos y afecta la biodiversidad de las zonas. La extracción irresponsable de este recurso vital no solo impacta el equilibrio de los bosques sumergidos, sino que también pone en riesgo la vida de otras especies que dependen de estos hábitats. El operativo también tuvo como objetivo asegurar el cumplimiento de los artículos 3° y 119° de la Ley de Pesca N°18.892 , que regulan la explotación del huiro y establecen severas sanciones para quienes infrinjan las normas. La ley busca proteger estos recursos y asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas marinos mediante la imposición de multas significativas para quienes sean sorprendidos realizando prácticas ilegales, como el barreteo de las zonas de recolección.
Con el objetivo de reforzar la protección de especies endémicas y frenar el comercio ilegal que afecta a la flora local, la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural ha intensificado sus esfuerzos en la Región de Antofagasta, en colaboración con la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El foco de esta alianza es la protección de la cactácea Copiapoa cinerea y Copiapoa sp. , dos especies de cactus endémicos que se encuentran en grave peligro debido a la extracción ilegal. Estas especies, que son representativas de la flora del desierto de Atacama, crecen principalmente en el litoral de la región, entre Paposo y el sector norte de la Región de Atacama, incluyendo el Parque Nacional Pan de Azúcar. Sin embargo, su exclusividad y belleza han atraído a traficantes que las comercializan ilegalmente, tanto a través de internet como en viveros locales, lo que pone en riesgo su supervivencia. El trabajo conjunto entre la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Conaf busca abordar de manera integral el combate contra este delito, incluyendo la actualización de las normativas que regulan la protección de especies endémicas y exóticas. En particular, se están realizando ajustes en las directrices que definen la competencia de Conaf en estas áreas, así como evaluando posibles escenarios para mejorar la fiscalización de las especies en cuestión. Uno de los aspectos claves de este proceso es la recopilación de información crucial para las investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de plantas, así como la actualización y fortalecimiento de las leyes y normativas vigentes. Entre las normativas analizadas se incluyen la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, la Ley 20.962 que regula el comercio internacional de especies amenazadas, y el Decreto Supremo 68/2009, que establece la lista de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. En este contexto, Conaf tiene un rol fundamental como entidad técnica encargada de verificar la legalidad, trazabilidad y sostenibilidad de las especies, especialmente en situaciones en las que se sospeche de su extracción ilegal. El jefe subrogante de la unidad, comisario Luis Montecinos Sáez, destacó la actividad ya que es muy importante para potenciar la labor conjunta entre ambas instituciones para la conservación de especies endémicas que están en grave riesgo por la comercialización ilegal, en algunos casos, hasta en mercados internacionales.
La Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de Antofagasta ha llevado a cabo un rescate exitoso de dos perros que se encontraban en condiciones de abandono y maltrato en un domicilio local. Este operativo se realizó gracias a varias denuncias cruciales recibidas por la brigada. Los oficiales de BIDEMA, tras recibir las denuncias, se dirigieron al lugar y constataron que los canes, una hembra de 7 años y un macho de 8, se encontraban en condiciones deplorables de higiene y salud. Ambos animales presentaban signos graves de desnutrición y parásitos. La situación, que evidenciaba un claro caso de maltrato animal, llevó a la detención de una mujer, presunta propietaria de los perros. Durante la intervención, los animales fueron rescatados y trasladados al Programa de Esterilización y Tratamiento (PET) Municipal, donde recibieron atención inicial. Los veterinarios confirmaron que ambos perros estaban en estado crítico y decidieron enviarlos a un hogar temporal para su observación y recuperación. La jefa de BIDEMA destacó la importancia de las denuncias vecinales en este caso: Es importante, en este caso, valorar la denuncia de los propios vecinos, ya que permitió una acción rápida por parte de esta unidad especializada, la que se tradujo, en el rescate de ambos animales y ser atendidos posteriormente por profesionales que tras esto, los ubicaron en hogares transitorios donde se les acogerá de buena forma, recuperando su salud e higiene para luego ser adoptados definitivamente, que es lo que nosotros esperamos. Los hechos han sido informados al Ministerio Público a través de Bitácora Web. La mujer implicada ha sido apercibida conforme al Artículo 26 del Código Procesal Penal. Cabe señalar que el maltrato o abandono animal es considerado un delito de acción penal pública según el Código Penal, lo que permite a cualquier ciudadano presentar denuncias ante las autoridades competentes, como la policía o el Ministerio Público.
Un operativo coordinado entre el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Antofagasta, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) y la Armada de Chile, se llevó a cabo en la Isla Santa María para fiscalizar la extracción ilegal de huiro. La acción se enmarca en las continuas esfuerzos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para proteger los recursos naturales en áreas apartadas y garantizar la legalidad de las actividades extractivas. Durante la fiscalización, los funcionarios revisaron las actividades de ocho trabajadores, entre los que se encontraban siete chilenos y un extranjero. Los inspectores encontraron que estos operaban de manera irregular, extrayendo huiro de manera que vulneraba las normativas de protección medioambiental. La comisaria Rosario Muñoz Córdova, jefa subrogante de la BIDEMA Antofagasta, explicó que el huiro debe ser cosechado en el momento en que el mar lo elimina naturalmente, no arrancándolo de raíz, ya que esta práctica destruye los ecosistemas marinos y afecta la biodiversidad de las zonas. La extracción irresponsable de este recurso vital no solo impacta el equilibrio de los bosques sumergidos, sino que también pone en riesgo la vida de otras especies que dependen de estos hábitats. El operativo también tuvo como objetivo asegurar el cumplimiento de los artículos 3° y 119° de la Ley de Pesca N°18.892 , que regulan la explotación del huiro y establecen severas sanciones para quienes infrinjan las normas. La ley busca proteger estos recursos y asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas marinos mediante la imposición de multas significativas para quienes sean sorprendidos realizando prácticas ilegales, como el barreteo de las zonas de recolección.
