La Fiscalía Regional de Antofagasta ha abierto una investigación penal, de oficio, tras la filtración de conversaciones contenidas en la carpeta investigativa del caso Democracia Viva, un hecho que ha reavivado la polémica en torno a la diputada Catalina Pérez (FA). Las filtraciones, que incluyen chats de WhatsApp, sugieren que la parlamentaria habría tenido conocimiento de los convenios entre su ex pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, mucho antes de que dicha información fuera revelada por los medios. Mediante una declaración pública, el Ministerio Público confirmó la apertura de la investigación: “La Fiscalía Regional de Antofagasta dispuso, de oficio, la apertura de una investigación penal debido a la divulgación en distintos medios de comunicación nacional, de antecedentes relacionados con la investigación que se lleva adelante en la denominada arista Democracia Viva del Caso Convenios” , indicaron. La indagatoria será dirigida por el fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones, quien tendrá la responsabilidad de determinar el origen de las filtraciones y, si es necesario, presentar acciones legales contra los responsables de violar la reserva de la carpeta investigativa. Este nuevo giro en el caso mantiene en el centro de la controversia tanto a la diputada como a las autoridades involucradas, generando un nuevo capítulo en una investigación que sigue siendo de gran interés público.
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
En el marco de la investigación del caso Convenios, la Fiscalía regional de Coquimbo ha llevado a cabo una serie de allanamientos en 14 domicilios, de los cuales 12 se encuentran en la Región Metropolitana y dos en el Biobío. Entre las propiedades registradas se encuentran las de Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y María Constanza Gómez, su representante legal. Ante esto, las acciones que se llevaron a cabo esta semana, involucraron entradas y registros en diversas comunas, incluyendo Colina, Lo Barnechea, Vitacura, y Santiago Centro, así como en Concepción. Además de los allanamientos, la Fiscalía ha tomado declaración a funcionarios de la fundación y a otros personeros públicos. Durante los registros, se incautaron dispositivos electrónicos como CPUs, notebooks y teléfonos celulares, junto con documentación relevante para la investigación. Las autoridades también lograron acceder a bases de datos de correos electrónicos y nubes informáticas vinculadas a la fundación. Finalmente, el caso está siendo dirigido por el fiscal regional Patricio Cooper, quien fue asignado el 26 de junio. Recientemente, la causa ha cobrado notoriedad debido a la implicación de Irina Karamanos, ex primera dama, quien presuntamente realizó transferencias a la fundación. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los vínculos y posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.
La Tercera Sala del Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido imponer la medida cautelar de arraigo nacional a dos imputadas por los delitos de fraude al fisco reiterado en el marco de la arista de la Fundación Fibra, en el contexto del conocido Caso Convenios. La resolución se produjo tras una tercera audiencia solicitada por la Fiscalía local, que buscaba discutir las condiciones que regían para las representantes de la Fundación Movimiento Fibra, L.C. M. y M. D. O., quienes se encontraban bajo arresto domiciliario total desde mediados de septiembre. La investigación se remonta a septiembre de 2022, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó tres convenios con la Fundación Fibra por un total de $430 millones para desarrollar obras básicas en tres campamentos de Antofagasta: Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre. Según la Fiscalía, la fundación no contaba con la experiencia, capacidad técnica ni financiera necesarias para llevar a cabo las obras de habitabilidad primaria. Ante las controversias surgidas por estos convenios, el Minvu tomó la decisión de poner fin anticipado a los contratos y exigió la devolución de los recursos otorgados.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha abierto una investigación penal, de oficio, tras la filtración de conversaciones contenidas en la carpeta investigativa del caso Democracia Viva, un hecho que ha reavivado la polémica en torno a la diputada Catalina Pérez (FA). Las filtraciones, que incluyen chats de WhatsApp, sugieren que la parlamentaria habría tenido conocimiento de los convenios entre su ex pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, mucho antes de que dicha información fuera revelada por los medios. Mediante una declaración pública, el Ministerio Público confirmó la apertura de la investigación: “La Fiscalía Regional de Antofagasta dispuso, de oficio, la apertura de una investigación penal debido a la divulgación en distintos medios de comunicación nacional, de antecedentes relacionados con la investigación que se lleva adelante en la denominada arista Democracia Viva del Caso Convenios” , indicaron. La indagatoria será dirigida por el fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones, quien tendrá la responsabilidad de determinar el origen de las filtraciones y, si es necesario, presentar acciones legales contra los responsables de violar la reserva de la carpeta investigativa. Este nuevo giro en el caso mantiene en el centro de la controversia tanto a la diputada como a las autoridades involucradas, generando un nuevo capítulo en una investigación que sigue siendo de gran interés público.
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
En el marco de la investigación del caso Convenios, la Fiscalía regional de Coquimbo ha llevado a cabo una serie de allanamientos en 14 domicilios, de los cuales 12 se encuentran en la Región Metropolitana y dos en el Biobío. Entre las propiedades registradas se encuentran las de Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y María Constanza Gómez, su representante legal. Ante esto, las acciones que se llevaron a cabo esta semana, involucraron entradas y registros en diversas comunas, incluyendo Colina, Lo Barnechea, Vitacura, y Santiago Centro, así como en Concepción. Además de los allanamientos, la Fiscalía ha tomado declaración a funcionarios de la fundación y a otros personeros públicos. Durante los registros, se incautaron dispositivos electrónicos como CPUs, notebooks y teléfonos celulares, junto con documentación relevante para la investigación. Las autoridades también lograron acceder a bases de datos de correos electrónicos y nubes informáticas vinculadas a la fundación. Finalmente, el caso está siendo dirigido por el fiscal regional Patricio Cooper, quien fue asignado el 26 de junio. Recientemente, la causa ha cobrado notoriedad debido a la implicación de Irina Karamanos, ex primera dama, quien presuntamente realizó transferencias a la fundación. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los vínculos y posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.
La Tercera Sala del Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido imponer la medida cautelar de arraigo nacional a dos imputadas por los delitos de fraude al fisco reiterado en el marco de la arista de la Fundación Fibra, en el contexto del conocido Caso Convenios. La resolución se produjo tras una tercera audiencia solicitada por la Fiscalía local, que buscaba discutir las condiciones que regían para las representantes de la Fundación Movimiento Fibra, L.C. M. y M. D. O., quienes se encontraban bajo arresto domiciliario total desde mediados de septiembre. La investigación se remonta a septiembre de 2022, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó tres convenios con la Fundación Fibra por un total de $430 millones para desarrollar obras básicas en tres campamentos de Antofagasta: Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre. Según la Fiscalía, la fundación no contaba con la experiencia, capacidad técnica ni financiera necesarias para llevar a cabo las obras de habitabilidad primaria. Ante las controversias surgidas por estos convenios, el Minvu tomó la decisión de poner fin anticipado a los contratos y exigió la devolución de los recursos otorgados.
