Este lunes 7 de abril, a las 14:00 horas, la Corte Suprema revisará la apelación presentada por la defensa de la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, luego de que en febrero pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera su desafuero a petición del Ministerio Público. La resolución de la Corte será determinante para definir si se mantiene o no el desafuero, lo que habilitaría a la Fiscalía para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en su contra. En la audiencia anterior, el tribunal de alzada aprobó por unanimidad la medida, argumentando que Pérez habría tenido un rol activo en la recolección de antecedentes necesarios para concretar un millonario convenio entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pese a saber —según el fallo— que la entidad no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria. La diputada, militante de Revolución Democrática, está acusada por el Ministerio Público de haber dirigido la operación que permitió la adjudicación de más de $400 millones a Democracia Viva. En esa época, el seremi que visó el convenio era Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez. Por su parte, la defensa de la parlamentaria sostiene que el fallo no se ajusta a los estándares jurídicos exigidos y que en la carpeta investigativa “no existe ningún antecedente que pruebe la comisión de un delito”, por lo que no habría fundamento para el desafuero. Durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que se trató de una “maquinación para obtener recursos públicos con fines políticos”, lo que justificaría avanzar hacia la formalización.
La Corte Suprema fijó para el próximo 7 de abril la audiencia de desafuero de la diputada Catalina Pérez. La solicitud fue presentada por el Ministerio Público, que acusa a la parlamentaria de haber tenido conocimiento y haber contribuido a la ejecución del fraude en el caso Democracia Viva, ocurrido en la Región de Antofagasta y liderado por su expareja, Daniel Andrade. En este contexto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió de manera unánime la solicitud de la Fiscalía, argumentando que existen “elementos objetivos y precisos” que vinculan a Pérez con los hechos delictivos investigados. Defensa de Pérez cuestiona la decisión Tras conocerse el fallo del tribunal de alzada, la defensa de Catalina Pérez, encabezada por el abogado Gonzalo Medina, presentó un recurso ante la Corte Suprema. A través de un comunicado en redes sociales, Medina cuestionó la resolución, asegurando que “este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”. La audiencia en la Corte Suprema será clave para el futuro judicial de la diputada. Si el tribunal ratifica su desafuero, la Fiscalía podría formalizarla en el caso Democracia Viva y solicitar medidas cautelares en su contra. Si Pérez es formalizada y eventualmente condenada por fraude al Fisco reiterado, enfrentaría penas de hasta 20 años de prisión, además de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de hasta 15 años.
Durante la jornada del pasado martes, la defensa de la diputada Catalina Pérez presentó una apelación ante la Corte Suprema por el desafuero dictado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ante esto, la Corte Suprema deberá analizar la apelación para aprobar o rechazar lo impuesto por la defensa de Pérez y determinar si será formalizada por el delito en el Caso Democracia Viva. Para contextualizar, el fallo de la Corte de Antofagasta, leído el pasado jueves 20 de febrero, detalló las pruebas que llevaron a los magistrados a aceptar el desafuero. Según el tribunal, existían indicios suficientes para acreditar que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios fraudulentos firmados con la fundación, y que incluso habría participado activamente en la recopilación de información para su ejecución, sabiendo que la fundación no cumplía con los requisitos básicos para acceder a los fondos públicos. Finalmente, luego de la decisión de la Corte Suprema, la defensa de la diputada no podría seguir apelando en caso de rechazo y deberá ser formalizada.
La diputada Catalina Pérez enfrenta una carrera contra el tiempo. Este martes 25 de febrero es el último día para que su defensa ingrese un recurso de apelación ante la Corte Suprema, buscando revocar el desafuero dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La decisión, que fue unánime entre los cinco ministros del Tribunal Pleno, permitió al Ministerio Público avanzar con la solicitud para que la parlamentaria sea formalizada por fraude al fisco, un delito presuntamente cometido en el marco del caso Democracia Viva. Ante esto, el fallo de la Corte de Antofagasta, leído el pasado jueves, detalló las pruebas que llevaron a los magistrados a aceptar el desafuero. Según el tribunal, existían indicios suficientes para acreditar que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios fraudulentos firmados con la fundación, y que incluso habría participado activamente en la recopilación de información para su ejecución, sabiendo que la fundación no cumplía con los requisitos básicos para acceder a los fondos públicos. Asimismo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Beckios, defendió la seriedad de la investigación, subrayando que las acusaciones no son arbitrarias ni motivadas políticamente. La Corte basó su decisión en varios elementos, incluyendo los vínculos de Pérez con los imputados Daniel Andrade, su expareja y director de la fundación Democracia Viva, y Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada y exseremi de Vivienda en la región. Por su parte, la defensa de la diputada sostiene que, aunque existen pruebas de irregularidades, no son suficientes para implicar a Pérez en el fraude. El abogado defensor, Gonzalo Medina, argumenta que la diputada no tuvo una participación activa en los delitos cometidos. En este contexto, el exabogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, analizó el fallo de la Corte de Antofagasta, destacando que la decisión de desaforar a Pérez está respaldada por pruebas que podrían complicar aún más su situación. Finalmente, este martes será decisivo, ya que si la Corte Suprema revoca el desafuero, Pérez podría evitar su formalización. En caso contrario, los fiscales solicitarán fecha para la formalización y podrían pedir medidas cautelares, como la prisión preventiva, lo que marcaría un nuevo capítulo en este complejo caso judicial.
La mañana de este jueves, el tribunal de alzada dio a conocer los detalles del veredicto que concedió por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez, en medio de su formalización por presunto fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Fue así, que el fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que concedió el desafuero de la parlamentaria deja conforme al Ministerio Público, puesto que reconoce que el ente persecutor ha presentado antecedentes serios, objetivos y suficientes para sustentar dicha solicitud. Existen antecedentes que justifican la existencia del delito y la participación en este caso de la persona desaforada. Esto es relevante porque descarta que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza, sostuvo el fiscal. Asimismo, agregó que la resolución de la Corte de Apelaciones es importante porque reconoce que los antecedentes que ha recabado el Ministerio Público y que presentó en detalle durante una extensa audiencia el pasado 10 de febrero, satisfacen plenamente el estándar de plausibilidad que se exige en esta etapa del procedimiento. El estándar para desaforar a un parlamentario se basa en la plausibilidad de la imputación penal, lo que implica que los antecedentes deben mostrar una probabilidad razonable de éxito en la persecución penal, sin requerir una prueba concluyente de la culpabilidad o no en esta etapa, y eso se ha cumplido con creces, precisó. Finalmente, Castro Bekios, tras conocer la sentencia, indicó que el Ministerio Público queda atento a una posible apelación por parte de la defensa de la parlamentaria, la cual debería concretarse en un plazo de cinco días.
Este lunes 7 de abril, a las 14:00 horas, la Corte Suprema revisará la apelación presentada por la defensa de la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, luego de que en febrero pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera su desafuero a petición del Ministerio Público. La resolución de la Corte será determinante para definir si se mantiene o no el desafuero, lo que habilitaría a la Fiscalía para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en su contra. En la audiencia anterior, el tribunal de alzada aprobó por unanimidad la medida, argumentando que Pérez habría tenido un rol activo en la recolección de antecedentes necesarios para concretar un millonario convenio entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pese a saber —según el fallo— que la entidad no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria. La diputada, militante de Revolución Democrática, está acusada por el Ministerio Público de haber dirigido la operación que permitió la adjudicación de más de $400 millones a Democracia Viva. En esa época, el seremi que visó el convenio era Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez. Por su parte, la defensa de la parlamentaria sostiene que el fallo no se ajusta a los estándares jurídicos exigidos y que en la carpeta investigativa “no existe ningún antecedente que pruebe la comisión de un delito”, por lo que no habría fundamento para el desafuero. Durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que se trató de una “maquinación para obtener recursos públicos con fines políticos”, lo que justificaría avanzar hacia la formalización.
La Corte Suprema fijó para el próximo 7 de abril la audiencia de desafuero de la diputada Catalina Pérez. La solicitud fue presentada por el Ministerio Público, que acusa a la parlamentaria de haber tenido conocimiento y haber contribuido a la ejecución del fraude en el caso Democracia Viva, ocurrido en la Región de Antofagasta y liderado por su expareja, Daniel Andrade. En este contexto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió de manera unánime la solicitud de la Fiscalía, argumentando que existen “elementos objetivos y precisos” que vinculan a Pérez con los hechos delictivos investigados. Defensa de Pérez cuestiona la decisión Tras conocerse el fallo del tribunal de alzada, la defensa de Catalina Pérez, encabezada por el abogado Gonzalo Medina, presentó un recurso ante la Corte Suprema. A través de un comunicado en redes sociales, Medina cuestionó la resolución, asegurando que “este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”. La audiencia en la Corte Suprema será clave para el futuro judicial de la diputada. Si el tribunal ratifica su desafuero, la Fiscalía podría formalizarla en el caso Democracia Viva y solicitar medidas cautelares en su contra. Si Pérez es formalizada y eventualmente condenada por fraude al Fisco reiterado, enfrentaría penas de hasta 20 años de prisión, además de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de hasta 15 años.
Durante la jornada del pasado martes, la defensa de la diputada Catalina Pérez presentó una apelación ante la Corte Suprema por el desafuero dictado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ante esto, la Corte Suprema deberá analizar la apelación para aprobar o rechazar lo impuesto por la defensa de Pérez y determinar si será formalizada por el delito en el Caso Democracia Viva. Para contextualizar, el fallo de la Corte de Antofagasta, leído el pasado jueves 20 de febrero, detalló las pruebas que llevaron a los magistrados a aceptar el desafuero. Según el tribunal, existían indicios suficientes para acreditar que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios fraudulentos firmados con la fundación, y que incluso habría participado activamente en la recopilación de información para su ejecución, sabiendo que la fundación no cumplía con los requisitos básicos para acceder a los fondos públicos. Finalmente, luego de la decisión de la Corte Suprema, la defensa de la diputada no podría seguir apelando en caso de rechazo y deberá ser formalizada.
La diputada Catalina Pérez enfrenta una carrera contra el tiempo. Este martes 25 de febrero es el último día para que su defensa ingrese un recurso de apelación ante la Corte Suprema, buscando revocar el desafuero dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La decisión, que fue unánime entre los cinco ministros del Tribunal Pleno, permitió al Ministerio Público avanzar con la solicitud para que la parlamentaria sea formalizada por fraude al fisco, un delito presuntamente cometido en el marco del caso Democracia Viva. Ante esto, el fallo de la Corte de Antofagasta, leído el pasado jueves, detalló las pruebas que llevaron a los magistrados a aceptar el desafuero. Según el tribunal, existían indicios suficientes para acreditar que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios fraudulentos firmados con la fundación, y que incluso habría participado activamente en la recopilación de información para su ejecución, sabiendo que la fundación no cumplía con los requisitos básicos para acceder a los fondos públicos. Asimismo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Beckios, defendió la seriedad de la investigación, subrayando que las acusaciones no son arbitrarias ni motivadas políticamente. La Corte basó su decisión en varios elementos, incluyendo los vínculos de Pérez con los imputados Daniel Andrade, su expareja y director de la fundación Democracia Viva, y Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada y exseremi de Vivienda en la región. Por su parte, la defensa de la diputada sostiene que, aunque existen pruebas de irregularidades, no son suficientes para implicar a Pérez en el fraude. El abogado defensor, Gonzalo Medina, argumenta que la diputada no tuvo una participación activa en los delitos cometidos. En este contexto, el exabogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, analizó el fallo de la Corte de Antofagasta, destacando que la decisión de desaforar a Pérez está respaldada por pruebas que podrían complicar aún más su situación. Finalmente, este martes será decisivo, ya que si la Corte Suprema revoca el desafuero, Pérez podría evitar su formalización. En caso contrario, los fiscales solicitarán fecha para la formalización y podrían pedir medidas cautelares, como la prisión preventiva, lo que marcaría un nuevo capítulo en este complejo caso judicial.
La mañana de este jueves, el tribunal de alzada dio a conocer los detalles del veredicto que concedió por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez, en medio de su formalización por presunto fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Fue así, que el fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que concedió el desafuero de la parlamentaria deja conforme al Ministerio Público, puesto que reconoce que el ente persecutor ha presentado antecedentes serios, objetivos y suficientes para sustentar dicha solicitud. Existen antecedentes que justifican la existencia del delito y la participación en este caso de la persona desaforada. Esto es relevante porque descarta que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza, sostuvo el fiscal. Asimismo, agregó que la resolución de la Corte de Apelaciones es importante porque reconoce que los antecedentes que ha recabado el Ministerio Público y que presentó en detalle durante una extensa audiencia el pasado 10 de febrero, satisfacen plenamente el estándar de plausibilidad que se exige en esta etapa del procedimiento. El estándar para desaforar a un parlamentario se basa en la plausibilidad de la imputación penal, lo que implica que los antecedentes deben mostrar una probabilidad razonable de éxito en la persecución penal, sin requerir una prueba concluyente de la culpabilidad o no en esta etapa, y eso se ha cumplido con creces, precisó. Finalmente, Castro Bekios, tras conocer la sentencia, indicó que el Ministerio Público queda atento a una posible apelación por parte de la defensa de la parlamentaria, la cual debería concretarse en un plazo de cinco días.
