La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en las rendiciones de gastos del año 2023 del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE), vinculadas a 11 convenios con entidades privadas. El informe final reveló la aprobación de gastos sin respaldo documental, falta de recepción conforme de bienes o servicios, y la existencia de documentos ilegibles, lo que dificulta verificar el uso correcto de los recursos públicos. Entre los principales hallazgos, la Contraloría observó un total de $395.802.720 en gastos que carecen de respaldo suficiente. Ante esto, el GORE deberá presentar la documentación faltante o devolver dichos fondos en un plazo de 30 días hábiles. El informe también destacó el caso del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Región de Antofagasta (Cicitem), que rindió gastos no incluidos en el presupuesto aprobado, por un monto de $4.342.565. La Contraloría solicitó que el GORE acredite la devolución de estos fondos en el mismo plazo. Otra observación relevante fue en los convenios con la fundación Procultura. Según el informe, el GORE aprobó gastos por $86.997.500, aunque la fundación solo rindió $72.200.000, lo que generó una diferencia de $14.797.500. Además, se detectó un exceso de $4.616.900 en pagos aprobados por montos superiores a los rendidos. La falta de supervisión en la ejecución de proyectos fue otro punto crítico. En ocho proyectos no se realizaron visitas en terreno para verificar su cumplimiento, mientras que en otros cuatro la supervisión solo ocurrió al inicio o al final del proceso. Ante estas situaciones, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario para establecer responsabilidades y remitió el informe a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado para que adopten las medidas pertinentes. Respuesta del Gobierno Regional El Gobierno Regional de Antofagasta respondió a las observaciones a través de una declaración pública, refiriéndose al Informe de Auditoría N°417 de 2024, el cual auditó el proceso de revisión de rendiciones de gastos hasta el 31 de diciembre de 2023. Según el GORE, el documento evaluó 1.098 proyectos adjudicados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2023, que suman más de 48 mil millones de pesos. De ellos, las observaciones de la Contraloría afectan a menos de 10 organizaciones, lo que, a juicio del GORE, refleja un adecuado manejo financiero en la mayoría de los casos. Frente a las observaciones, el GORE informó que se han iniciado las investigaciones sumarias exigidas para establecer responsabilidades de los funcionarios y jefaturas involucrados. Además, aseguraron haber cumplido con “la totalidad de los plazos establecidos” para subsanar las observaciones. Indicaron que han entregado la documentación solicitada a través de la plataforma de seguimiento de la Contraloría y que, hasta la fecha, no han recibido nuevas observaciones sobre los puntos cuestionados. Respecto a los $400 millones observados, señalaron que el plazo para aportar los antecedentes concluyó el 28 de enero, fecha en la que enviaron la documentación complementaria requerida. “A la fecha no hay nuevas observaciones a ese punto específico”, aclararon. El GORE también destacó que las observaciones de la Contraloría no corresponden a un uso indebido de los recursos, sino a exigencias formales que cambiaron tras la firma de algunos convenios. “En varios casos, la Contraloría solicita documentación en formato físico cuando fue entregada de manera digital, o el original de una factura cuando se entregó la copia. Se trata de cuestionamientos de forma, no de fondo”, explicaron. Por último, respecto a la Fundación Procultura, el GORE informó que ya envió los antecedentes a la Fiscalía y presentó acciones judiciales para exigir la devolución de los montos no ejecutados. Este proceso se encuentra en curso y deberá ser consultado directamente con la Fiscalía para conocer su avance.
Una reciente encuesta presentada por la Contraloría General de la República reveló que el 72,22% de los chilenos considera que el país es “bastante o totalmente corrupto”. Este es uno de los principales resultados de la tercera edición de la encuesta “¿Qué piensas de la corrupción en Chile?”, dada a conocer por la contralora general Dorothy Pérez en el seminario “Percepción de la corrupción y confianza en Chile: Un desafío pendiente”. Ante esto, la encuesta también mostró que un 71% de los encuestados afirma tener un buen o muy buen conocimiento sobre temas relacionados con la corrupción. Entre los sectores más vulnerables, según la percepción de los ciudadanos, destacan los municipios (91,1%), los gobiernos regionales (47,8%) y las Fuerzas Armadas y de Orden (47,2%). Asimismo, al presentar los resultados, la contralora Pérez subrayó la importancia de la confianza en las instituciones como base de la legitimidad democrática. “La confianza es uno de los elementos más importantes donde descansa la legitimidad del sistema democrático de cualquier país, y por eso es alarmante cuando se ve vulnerada”, afirmó. Además, destacó que la tarea de recuperar la seguridad y confianza en las instituciones es un desafío colectivo, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios públicos. Ahora bien, la presidenta del directorio de la Fundación Generación Empresarial, Janet Awad, complementó estas declaraciones destacando que existen oportunidades relevantes tanto en el sector público como en el privado para fortalecer la institucionalidad en el país. Por su parte, Valeria Lübbert, presidenta de la Alianza Anticorrupción Uncac Chile, reflexionó sobre la percepción de corrupción en Chile, señalando que “la corrupción es un fenómeno transversal del cual ningún país está libre”. A pesar de las críticas, Lübbert destacó que las instituciones chilenas son sólidas y poseen altos estándares, lo que debería contrarrestar en parte la percepción negativa. En el mismo sentido, Lorena Piñeiro, vicepresidenta de Chile Transparente, hizo hincapié en el creciente conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la corrupción. “Cuando las personas empiezan a tener mayor amplitud del concepto de corrupción, la ciudadanía se vuelve más exigente y menos tolerante con estas conductas”, explicó. A pesar de la alta percepción de corrupción, Piñeiro concluyó que Chile está avanzando en la mejora de la transparencia y en la creación de instituciones más fuertes y confiables, aunque el camino aún sea largo.
La Contraloría General de la República realizó una auditoría a los fondos reservados de la Subsecretaría del Interior el pasado miércoles, en una diligencia que apuntó específicamente a los gastos realizados por Manuel Monsalve durante su gestión. Según informó La Tercera, esta acción se enmarca en el sumario administrativo solicitado por el subsecretario Luis Cordero a la contralora Dorothy Pérez, con el objetivo de esclarecer si hubo mal uso de estos recursos. Ante esto, desde el organismo fiscalizador explicaron que la revisión incluyó un arqueo de los fondos asignados a gastos reservados para identificar posibles diferencias entre los montos recibidos en enero y los disponibles actualmente. Este procedimiento busca verificar la correspondencia entre los registros y la caja de fondos. Asimismo, la Contraloría ha llevado a cabo esta diligencia en dos ocasiones, como parte de las acciones derivadas de la solicitud del Ejecutivo del 23 de octubre para investigar responsabilidades administrativas en el caso Monsalve. A esto se suma el envío de antecedentes por parte de Luis Cordero el pasado 30 de octubre a la Fiscalía y Contraloría para reforzar la indagatoria. Finalmente, fuentes cercanas al caso subrayan que, aunque el organismo contralor ya revisa este ítem como parte de sus diligencias habituales, sus facultades no son intrusivas como las del Ministerio Público. Por lo tanto, las conclusiones de esta auditoría serán clave para determinar si se detectaron irregularidades en el uso de los fondos reservados.
La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en las rendiciones de gastos del año 2023 del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE), vinculadas a 11 convenios con entidades privadas. El informe final reveló la aprobación de gastos sin respaldo documental, falta de recepción conforme de bienes o servicios, y la existencia de documentos ilegibles, lo que dificulta verificar el uso correcto de los recursos públicos. Entre los principales hallazgos, la Contraloría observó un total de $395.802.720 en gastos que carecen de respaldo suficiente. Ante esto, el GORE deberá presentar la documentación faltante o devolver dichos fondos en un plazo de 30 días hábiles. El informe también destacó el caso del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Región de Antofagasta (Cicitem), que rindió gastos no incluidos en el presupuesto aprobado, por un monto de $4.342.565. La Contraloría solicitó que el GORE acredite la devolución de estos fondos en el mismo plazo. Otra observación relevante fue en los convenios con la fundación Procultura. Según el informe, el GORE aprobó gastos por $86.997.500, aunque la fundación solo rindió $72.200.000, lo que generó una diferencia de $14.797.500. Además, se detectó un exceso de $4.616.900 en pagos aprobados por montos superiores a los rendidos. La falta de supervisión en la ejecución de proyectos fue otro punto crítico. En ocho proyectos no se realizaron visitas en terreno para verificar su cumplimiento, mientras que en otros cuatro la supervisión solo ocurrió al inicio o al final del proceso. Ante estas situaciones, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario para establecer responsabilidades y remitió el informe a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado para que adopten las medidas pertinentes. Respuesta del Gobierno Regional El Gobierno Regional de Antofagasta respondió a las observaciones a través de una declaración pública, refiriéndose al Informe de Auditoría N°417 de 2024, el cual auditó el proceso de revisión de rendiciones de gastos hasta el 31 de diciembre de 2023. Según el GORE, el documento evaluó 1.098 proyectos adjudicados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2023, que suman más de 48 mil millones de pesos. De ellos, las observaciones de la Contraloría afectan a menos de 10 organizaciones, lo que, a juicio del GORE, refleja un adecuado manejo financiero en la mayoría de los casos. Frente a las observaciones, el GORE informó que se han iniciado las investigaciones sumarias exigidas para establecer responsabilidades de los funcionarios y jefaturas involucrados. Además, aseguraron haber cumplido con “la totalidad de los plazos establecidos” para subsanar las observaciones. Indicaron que han entregado la documentación solicitada a través de la plataforma de seguimiento de la Contraloría y que, hasta la fecha, no han recibido nuevas observaciones sobre los puntos cuestionados. Respecto a los $400 millones observados, señalaron que el plazo para aportar los antecedentes concluyó el 28 de enero, fecha en la que enviaron la documentación complementaria requerida. “A la fecha no hay nuevas observaciones a ese punto específico”, aclararon. El GORE también destacó que las observaciones de la Contraloría no corresponden a un uso indebido de los recursos, sino a exigencias formales que cambiaron tras la firma de algunos convenios. “En varios casos, la Contraloría solicita documentación en formato físico cuando fue entregada de manera digital, o el original de una factura cuando se entregó la copia. Se trata de cuestionamientos de forma, no de fondo”, explicaron. Por último, respecto a la Fundación Procultura, el GORE informó que ya envió los antecedentes a la Fiscalía y presentó acciones judiciales para exigir la devolución de los montos no ejecutados. Este proceso se encuentra en curso y deberá ser consultado directamente con la Fiscalía para conocer su avance.
Una reciente encuesta presentada por la Contraloría General de la República reveló que el 72,22% de los chilenos considera que el país es “bastante o totalmente corrupto”. Este es uno de los principales resultados de la tercera edición de la encuesta “¿Qué piensas de la corrupción en Chile?”, dada a conocer por la contralora general Dorothy Pérez en el seminario “Percepción de la corrupción y confianza en Chile: Un desafío pendiente”. Ante esto, la encuesta también mostró que un 71% de los encuestados afirma tener un buen o muy buen conocimiento sobre temas relacionados con la corrupción. Entre los sectores más vulnerables, según la percepción de los ciudadanos, destacan los municipios (91,1%), los gobiernos regionales (47,8%) y las Fuerzas Armadas y de Orden (47,2%). Asimismo, al presentar los resultados, la contralora Pérez subrayó la importancia de la confianza en las instituciones como base de la legitimidad democrática. “La confianza es uno de los elementos más importantes donde descansa la legitimidad del sistema democrático de cualquier país, y por eso es alarmante cuando se ve vulnerada”, afirmó. Además, destacó que la tarea de recuperar la seguridad y confianza en las instituciones es un desafío colectivo, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios públicos. Ahora bien, la presidenta del directorio de la Fundación Generación Empresarial, Janet Awad, complementó estas declaraciones destacando que existen oportunidades relevantes tanto en el sector público como en el privado para fortalecer la institucionalidad en el país. Por su parte, Valeria Lübbert, presidenta de la Alianza Anticorrupción Uncac Chile, reflexionó sobre la percepción de corrupción en Chile, señalando que “la corrupción es un fenómeno transversal del cual ningún país está libre”. A pesar de las críticas, Lübbert destacó que las instituciones chilenas son sólidas y poseen altos estándares, lo que debería contrarrestar en parte la percepción negativa. En el mismo sentido, Lorena Piñeiro, vicepresidenta de Chile Transparente, hizo hincapié en el creciente conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la corrupción. “Cuando las personas empiezan a tener mayor amplitud del concepto de corrupción, la ciudadanía se vuelve más exigente y menos tolerante con estas conductas”, explicó. A pesar de la alta percepción de corrupción, Piñeiro concluyó que Chile está avanzando en la mejora de la transparencia y en la creación de instituciones más fuertes y confiables, aunque el camino aún sea largo.
La Contraloría General de la República realizó una auditoría a los fondos reservados de la Subsecretaría del Interior el pasado miércoles, en una diligencia que apuntó específicamente a los gastos realizados por Manuel Monsalve durante su gestión. Según informó La Tercera, esta acción se enmarca en el sumario administrativo solicitado por el subsecretario Luis Cordero a la contralora Dorothy Pérez, con el objetivo de esclarecer si hubo mal uso de estos recursos. Ante esto, desde el organismo fiscalizador explicaron que la revisión incluyó un arqueo de los fondos asignados a gastos reservados para identificar posibles diferencias entre los montos recibidos en enero y los disponibles actualmente. Este procedimiento busca verificar la correspondencia entre los registros y la caja de fondos. Asimismo, la Contraloría ha llevado a cabo esta diligencia en dos ocasiones, como parte de las acciones derivadas de la solicitud del Ejecutivo del 23 de octubre para investigar responsabilidades administrativas en el caso Monsalve. A esto se suma el envío de antecedentes por parte de Luis Cordero el pasado 30 de octubre a la Fiscalía y Contraloría para reforzar la indagatoria. Finalmente, fuentes cercanas al caso subrayan que, aunque el organismo contralor ya revisa este ítem como parte de sus diligencias habituales, sus facultades no son intrusivas como las del Ministerio Público. Por lo tanto, las conclusiones de esta auditoría serán clave para determinar si se detectaron irregularidades en el uso de los fondos reservados.
