Este viernes es crucial para el futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago decidirá sobre el recurso de amparo presentado por su defensa, que busca aplazar la formalización del general programada para el 1 de octubre. El abogado defensor, Jorge Martínez, solicitó el retraso debido a problemas de salud, y argumentó que el nuevo representante legal, Nicolás Oxman Vilches, necesita más tiempo para revisar la causa. Ante esto, el recurso busca evitar que Yáñez enfrente medidas cautelares en una causa que lo imputa por delitos deomisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, relacionados con su gestión durante el estallido social. Aunque su mandato como general director finalizaría el 19 de noviembre, existe un debate político sobre si debe renunciar antes de esa fecha, basado en el llamado “criterio Tohá” , que obliga a funcionarios formalizados a dejar sus cargos. Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió este criterio, argumentando que es de sentido común no mantener a autoridades en ejercicio mientras enfrentan procesos judiciales. Por otro lado, críticos, como el diputado Guillermo Ramírez, señalan que la continuidad de Yáñez es más importante para la lucha contra el narcotráfico que su presunta implicación en los delitos. En tanto, el Frente Amplio apoya la necesidad de que Yáñez renuncie, considerando que es incompatible liderar una institución clave mientras se enfrenta a una investigación. La decisión de la Corte de Apelaciones este viernes determinará si el general podrá seguir en su cargo hasta concluir su mandato o si deberá dejarlo anticipadamente. Finalmente, el pasado jueves, hubo un intento previo de la defensa para adelantar la audiencia de cautela de garantías, sin embargo este fue rechazado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, aumentando la presión sobre la resolución de la Corte de Apelaciones.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia dictada por el 26° Juzgado Civil en contra de la empresa eléctrica Enel, en un caso donde un local comercial sufrió pérdidas significativas debido a un prolongado corte de suministro. El tribunal determinó que la empresa deberá pagar una indemnización de más de $1 millón a los propietarios del negocio afectado. El origen del conflicto se remonta a una fuerte nevada ocurrida el 15 de julio de 2017 en la región Metropolitana, la cual provocó interrupciones en el suministro eléctrico durante varios días. Aunque las nevadas son poco frecuentes en la zona, el juez consideró que no constituían un hecho fortuito o imprevisible. La empresa reconoció en su defensa que las autoridades habían emitido advertencias sobre el fenómeno climático. El fallo, ratificado por la Corte de Apelaciones, concluye que Enel actuó con negligencia al no tomar las medidas necesarias para restaurar el servicio a tiempo, lo que resultó en pérdidas materiales para el local comercial afectado. Por ello, la multinacional deberá indemnizar con $538.720 por daño emergente y $1.000.000 por daño moral, sentando un precedente sobre la responsabilidad de las empresas eléctricas en casos similares.
Este viernes es crucial para el futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago decidirá sobre el recurso de amparo presentado por su defensa, que busca aplazar la formalización del general programada para el 1 de octubre. El abogado defensor, Jorge Martínez, solicitó el retraso debido a problemas de salud, y argumentó que el nuevo representante legal, Nicolás Oxman Vilches, necesita más tiempo para revisar la causa. Ante esto, el recurso busca evitar que Yáñez enfrente medidas cautelares en una causa que lo imputa por delitos deomisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, relacionados con su gestión durante el estallido social. Aunque su mandato como general director finalizaría el 19 de noviembre, existe un debate político sobre si debe renunciar antes de esa fecha, basado en el llamado “criterio Tohá” , que obliga a funcionarios formalizados a dejar sus cargos. Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió este criterio, argumentando que es de sentido común no mantener a autoridades en ejercicio mientras enfrentan procesos judiciales. Por otro lado, críticos, como el diputado Guillermo Ramírez, señalan que la continuidad de Yáñez es más importante para la lucha contra el narcotráfico que su presunta implicación en los delitos. En tanto, el Frente Amplio apoya la necesidad de que Yáñez renuncie, considerando que es incompatible liderar una institución clave mientras se enfrenta a una investigación. La decisión de la Corte de Apelaciones este viernes determinará si el general podrá seguir en su cargo hasta concluir su mandato o si deberá dejarlo anticipadamente. Finalmente, el pasado jueves, hubo un intento previo de la defensa para adelantar la audiencia de cautela de garantías, sin embargo este fue rechazado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, aumentando la presión sobre la resolución de la Corte de Apelaciones.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia dictada por el 26° Juzgado Civil en contra de la empresa eléctrica Enel, en un caso donde un local comercial sufrió pérdidas significativas debido a un prolongado corte de suministro. El tribunal determinó que la empresa deberá pagar una indemnización de más de $1 millón a los propietarios del negocio afectado. El origen del conflicto se remonta a una fuerte nevada ocurrida el 15 de julio de 2017 en la región Metropolitana, la cual provocó interrupciones en el suministro eléctrico durante varios días. Aunque las nevadas son poco frecuentes en la zona, el juez consideró que no constituían un hecho fortuito o imprevisible. La empresa reconoció en su defensa que las autoridades habían emitido advertencias sobre el fenómeno climático. El fallo, ratificado por la Corte de Apelaciones, concluye que Enel actuó con negligencia al no tomar las medidas necesarias para restaurar el servicio a tiempo, lo que resultó en pérdidas materiales para el local comercial afectado. Por ello, la multinacional deberá indemnizar con $538.720 por daño emergente y $1.000.000 por daño moral, sentando un precedente sobre la responsabilidad de las empresas eléctricas en casos similares.
