La mañana de este jueves, el tribunal de alzada dio a conocer los detalles del veredicto que concedió por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez, en medio de su formalización por presunto fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Fue así, que el fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que concedió el desafuero de la parlamentaria deja conforme al Ministerio Público, puesto que reconoce que el ente persecutor ha presentado antecedentes serios, objetivos y suficientes para sustentar dicha solicitud. Existen antecedentes que justifican la existencia del delito y la participación en este caso de la persona desaforada. Esto es relevante porque descarta que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza, sostuvo el fiscal. Asimismo, agregó que la resolución de la Corte de Apelaciones es importante porque reconoce que los antecedentes que ha recabado el Ministerio Público y que presentó en detalle durante una extensa audiencia el pasado 10 de febrero, satisfacen plenamente el estándar de plausibilidad que se exige en esta etapa del procedimiento. El estándar para desaforar a un parlamentario se basa en la plausibilidad de la imputación penal, lo que implica que los antecedentes deben mostrar una probabilidad razonable de éxito en la persecución penal, sin requerir una prueba concluyente de la culpabilidad o no en esta etapa, y eso se ha cumplido con creces, precisó. Finalmente, Castro Bekios, tras conocer la sentencia, indicó que el Ministerio Público queda atento a una posible apelación por parte de la defensa de la parlamentaria, la cual debería concretarse en un plazo de cinco días.
Durante la última jornada, se dio a conocer una entrevista realizada por El Mercurio al exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, quien se refirió a las diferentes consideraciones del Caso Convenios que, desde diciembre pasado, lo tiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva. En detalle, la otrora autoridad continúa en investigación tras ser sindicado como uno de los principales nombres ligados al traspaso de fondos a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, Fibra y Fusupo. Dentro del diálogo sostenido con el citado medio, exseremi defendió su actuar y aseguró que su rol en los traspasos de dinero a las fundaciones mencionadasfue limitado. Asimismo, detalló quesólo firmó los convenios y autorizó las transferencias de fondos, pero que la selección de las fundaciones no dependía de él, inició. Aquí hay nombres que la Fiscalía ha pasado por alto. Por ejemplo, la funcionaria Yasna Contreras, que lleva más de 10 años trabajando en el Serviu y que es una de las autoridades que tienen que intervenir en el proceso de designación de fundaciones, sumó. Si aquí hay delito, ¿por qué ella no está siendo investigada?, cuestionó el imputado.Contreras comentó todo esto, simplemente para más tarde mencionar además a Verónica Serrano, quien a la fecha de los hechos era secretaria ejecutiva del Programa de Campamentos y tía de Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. Según Contreras, ella jugó un rol clave en la validación de los convenios y él mismo cuestionó el por qué no permanece bajo investigación. ¿Por qué esas autoridades no son investigadas con el rigor con que yo he sido investigado? Aquí se quiere cortar el hilo por lo más delgado, y soy yo, aseveró. Así las cosas, igualmente el matutino le consultó por los chats filtrados entre el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade y la diputada Catalina Pérez, en los que esta última le recomendaba hacer parecer el edificio que figuraba como dirección de la fundación como un lugar de trabajo. “Es sabido que esos comentarios tienen que haber sido en el contexto de una coordinación que hubo, que es de público conocimiento, a partir del 7, 9 de junio. Ahí existió efectivamente una coordinación previo al estallido del caso, comunicacional y política, que fue, hasta donde a mí me consta, liderada por el senador (Juan Ignacio) Latorre, en su rol de presidente de Revolución Democrática”, señaló al respecto. Una coordinación que, según mencionó, habría sido en conjunto con el gobierno. Sobre el senador aseguró “su forma de desenvolverse fue muy desafortunada” y lo apuntó como uno de los grandes responsables del colapso de Revolución Democrática por el mal manejo político que tuvo. Por otra parte y al concluir, Contreras refrendó que es falsa la acusación sobre tráfico de influencias entre él, Catalina Pérez y Daniel Andrade, y negó que hubiera participación de la participación de la parlamentaria u otras personas de Revolución Democrática cuando se estaban buscando nuevas organizaciones. Con todo, vale recordar que actualmente Carlos Contreras es el único involucrado que permanece privado de libertad mientras se desarrolla la investigación por fraude al fisco reiterado.
Fue durante la última jornada, que se dieron a conocer unas serie de chats a través de WhatsApp entre la diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que harían sospechar de su supuesto conocimiento sobre los traspasos de dinero que hicieron estallar el Caso Convenios. Recordemos que un informe de 101 páginas de la Policía de Investigaciones (PDI) vincula directamente a la parlamentaria al presunto fraude al Fisco por 426 millones de pesos, documento que incluye conversaciones en donde discuten estrategias para deslindar responsabilidades, según publicó T13. En ese escenario, este viernes la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al tema, aludiendo que al Gobierno no le compete pronunciarse, puesto que se trata de un proceso que está en manos de la justicia. “La postura del Gobierno ha sido permanente durante el tiempo, nosotros creemos que estos casos tienen que resolverse en sede judicial, es donde se están hoy día trabajando”, aclaró. Pese a ello, sostuvo que “nuestra disposición como Gobierno ha sido colaborar en cada una de las etapas, es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, esperando que estas investigaciones y estos casos judiciales lleguen a término de la manera que mejor corresponda, acotó la portavoz. “Por lo tanto, más que colaborar, a nosotros no nos compete pronunciarnos respecto de procesos en curso [...] esta materia se está tratando en procesos en curso y, por lo tanto, como Ejecutivo no nos corresponde pronunciarnos, ni emitir opiniones, sino que más bien remitirnos a nuestra función que es colaborar con que la justicia llegue a puerto”, fustigó la secretaria de Estado. Con todo, vale consignar que la Fiscalía de Antofagasta revelará las conversaciones sostenidas entre la parlamentaria y su expareja Daniel Andrade en la audiencia de desafuero pactada para el próximo 10 de febrero.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero , se refirió a la filtración de los chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, que han reactivado las críticas en torno al caso Democracia Viva . Estas conversaciones, incluidas en un informe de la fiscalía, buscan avanzar en el desafuero de Pérez por presunto fraude al fisco. Lee también: “Breaking Bad en Chile todavía no tenemos”, la reflexión de Cordero por el avance de las drogas en el país Cordero aseguró que el Ejecutivo ha colaborado plenamente con la investigación desde sus inicios. “La posición del Gobierno ha sido entregar toda la información necesaria para que se asuman responsabilidades efectivas por quienes hayan cometido delitos”, afirmó. El subsecretario también enfatizó la gravedad del caso, señalando que “los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo quién los haya cometido”. Asimismo, destacó el trabajo de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado , instancias que han recibido apoyo del Ejecutivo para avanzar en las indagatorias. Cordero evitó referirse directamente a los detalles de las conversaciones entre Pérez y Andrade, reiterando que “ al Gobierno no le corresponde comentar ningún tipo de prueba que esté proporcionando el Ministerio Público”. Fuente: CNN Chile País
Durante la jornada de este lunes, se dio a conocer que el tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró admisible la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez, realizada por el Ministerio Público. Según lo informado, el ente persecutor solicitó la reserva de los antecedentes, por lo que la causa quedó en estado de reserva. Asimismo, se solicitó notificar a la parlamentaria en su domicilio laboral, exhortando a la Corte de Valparaíso para tal diligencia. Cabe recordar que el pasado jueves 19 de diciembre, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, ingresó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez en el marco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La petición se enmarca en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado, debido a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva el año 2022. Con todo, se fijó la vista de la causa en audiencia para el día lunes 20 de enero de 2025.
La mañana de este jueves, el tribunal de alzada dio a conocer los detalles del veredicto que concedió por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez, en medio de su formalización por presunto fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Fue así, que el fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que concedió el desafuero de la parlamentaria deja conforme al Ministerio Público, puesto que reconoce que el ente persecutor ha presentado antecedentes serios, objetivos y suficientes para sustentar dicha solicitud. Existen antecedentes que justifican la existencia del delito y la participación en este caso de la persona desaforada. Esto es relevante porque descarta que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza, sostuvo el fiscal. Asimismo, agregó que la resolución de la Corte de Apelaciones es importante porque reconoce que los antecedentes que ha recabado el Ministerio Público y que presentó en detalle durante una extensa audiencia el pasado 10 de febrero, satisfacen plenamente el estándar de plausibilidad que se exige en esta etapa del procedimiento. El estándar para desaforar a un parlamentario se basa en la plausibilidad de la imputación penal, lo que implica que los antecedentes deben mostrar una probabilidad razonable de éxito en la persecución penal, sin requerir una prueba concluyente de la culpabilidad o no en esta etapa, y eso se ha cumplido con creces, precisó. Finalmente, Castro Bekios, tras conocer la sentencia, indicó que el Ministerio Público queda atento a una posible apelación por parte de la defensa de la parlamentaria, la cual debería concretarse en un plazo de cinco días.
Durante la última jornada, se dio a conocer una entrevista realizada por El Mercurio al exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, quien se refirió a las diferentes consideraciones del Caso Convenios que, desde diciembre pasado, lo tiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva. En detalle, la otrora autoridad continúa en investigación tras ser sindicado como uno de los principales nombres ligados al traspaso de fondos a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, Fibra y Fusupo. Dentro del diálogo sostenido con el citado medio, exseremi defendió su actuar y aseguró que su rol en los traspasos de dinero a las fundaciones mencionadasfue limitado. Asimismo, detalló quesólo firmó los convenios y autorizó las transferencias de fondos, pero que la selección de las fundaciones no dependía de él, inició. Aquí hay nombres que la Fiscalía ha pasado por alto. Por ejemplo, la funcionaria Yasna Contreras, que lleva más de 10 años trabajando en el Serviu y que es una de las autoridades que tienen que intervenir en el proceso de designación de fundaciones, sumó. Si aquí hay delito, ¿por qué ella no está siendo investigada?, cuestionó el imputado.Contreras comentó todo esto, simplemente para más tarde mencionar además a Verónica Serrano, quien a la fecha de los hechos era secretaria ejecutiva del Programa de Campamentos y tía de Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. Según Contreras, ella jugó un rol clave en la validación de los convenios y él mismo cuestionó el por qué no permanece bajo investigación. ¿Por qué esas autoridades no son investigadas con el rigor con que yo he sido investigado? Aquí se quiere cortar el hilo por lo más delgado, y soy yo, aseveró. Así las cosas, igualmente el matutino le consultó por los chats filtrados entre el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade y la diputada Catalina Pérez, en los que esta última le recomendaba hacer parecer el edificio que figuraba como dirección de la fundación como un lugar de trabajo. “Es sabido que esos comentarios tienen que haber sido en el contexto de una coordinación que hubo, que es de público conocimiento, a partir del 7, 9 de junio. Ahí existió efectivamente una coordinación previo al estallido del caso, comunicacional y política, que fue, hasta donde a mí me consta, liderada por el senador (Juan Ignacio) Latorre, en su rol de presidente de Revolución Democrática”, señaló al respecto. Una coordinación que, según mencionó, habría sido en conjunto con el gobierno. Sobre el senador aseguró “su forma de desenvolverse fue muy desafortunada” y lo apuntó como uno de los grandes responsables del colapso de Revolución Democrática por el mal manejo político que tuvo. Por otra parte y al concluir, Contreras refrendó que es falsa la acusación sobre tráfico de influencias entre él, Catalina Pérez y Daniel Andrade, y negó que hubiera participación de la participación de la parlamentaria u otras personas de Revolución Democrática cuando se estaban buscando nuevas organizaciones. Con todo, vale recordar que actualmente Carlos Contreras es el único involucrado que permanece privado de libertad mientras se desarrolla la investigación por fraude al fisco reiterado.
Fue durante la última jornada, que se dieron a conocer unas serie de chats a través de WhatsApp entre la diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que harían sospechar de su supuesto conocimiento sobre los traspasos de dinero que hicieron estallar el Caso Convenios. Recordemos que un informe de 101 páginas de la Policía de Investigaciones (PDI) vincula directamente a la parlamentaria al presunto fraude al Fisco por 426 millones de pesos, documento que incluye conversaciones en donde discuten estrategias para deslindar responsabilidades, según publicó T13. En ese escenario, este viernes la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al tema, aludiendo que al Gobierno no le compete pronunciarse, puesto que se trata de un proceso que está en manos de la justicia. “La postura del Gobierno ha sido permanente durante el tiempo, nosotros creemos que estos casos tienen que resolverse en sede judicial, es donde se están hoy día trabajando”, aclaró. Pese a ello, sostuvo que “nuestra disposición como Gobierno ha sido colaborar en cada una de las etapas, es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, esperando que estas investigaciones y estos casos judiciales lleguen a término de la manera que mejor corresponda, acotó la portavoz. “Por lo tanto, más que colaborar, a nosotros no nos compete pronunciarnos respecto de procesos en curso [...] esta materia se está tratando en procesos en curso y, por lo tanto, como Ejecutivo no nos corresponde pronunciarnos, ni emitir opiniones, sino que más bien remitirnos a nuestra función que es colaborar con que la justicia llegue a puerto”, fustigó la secretaria de Estado. Con todo, vale consignar que la Fiscalía de Antofagasta revelará las conversaciones sostenidas entre la parlamentaria y su expareja Daniel Andrade en la audiencia de desafuero pactada para el próximo 10 de febrero.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero , se refirió a la filtración de los chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, que han reactivado las críticas en torno al caso Democracia Viva . Estas conversaciones, incluidas en un informe de la fiscalía, buscan avanzar en el desafuero de Pérez por presunto fraude al fisco. Lee también: “Breaking Bad en Chile todavía no tenemos”, la reflexión de Cordero por el avance de las drogas en el país Cordero aseguró que el Ejecutivo ha colaborado plenamente con la investigación desde sus inicios. “La posición del Gobierno ha sido entregar toda la información necesaria para que se asuman responsabilidades efectivas por quienes hayan cometido delitos”, afirmó. El subsecretario también enfatizó la gravedad del caso, señalando que “los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo quién los haya cometido”. Asimismo, destacó el trabajo de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado , instancias que han recibido apoyo del Ejecutivo para avanzar en las indagatorias. Cordero evitó referirse directamente a los detalles de las conversaciones entre Pérez y Andrade, reiterando que “ al Gobierno no le corresponde comentar ningún tipo de prueba que esté proporcionando el Ministerio Público”. Fuente: CNN Chile País
Durante la jornada de este lunes, se dio a conocer que el tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró admisible la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez, realizada por el Ministerio Público. Según lo informado, el ente persecutor solicitó la reserva de los antecedentes, por lo que la causa quedó en estado de reserva. Asimismo, se solicitó notificar a la parlamentaria en su domicilio laboral, exhortando a la Corte de Valparaíso para tal diligencia. Cabe recordar que el pasado jueves 19 de diciembre, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, ingresó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez en el marco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La petición se enmarca en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado, debido a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva el año 2022. Con todo, se fijó la vista de la causa en audiencia para el día lunes 20 de enero de 2025.
