La jornada de este jueves, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, ingresó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez en el marco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La petición se enmarca en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado, debido a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva el año 2022. Dicho desafuero es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para dicha parlamentaria, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de investigación, comentó el persecutor. “Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”, reza el documento. Con todo, la acción judicial deberá ser resuelta, en su momento, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La Corte de Apelaciones de Talca acogió de manera unánime la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Francisco Pulgar Castillo, quien es imputado como autor del delito consumado y reiterado de violación a una persona mayor de 14 años. Según los antecedentes, los hechos habrían ocurrido en 2014 en la Región del Maule. El pleno de la Corte consideró que existen pruebas suficientes para proceder con el desafuero, tras la solicitud realizada por el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo. En el fallo, se establece que, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, concurren los elementos que justifican la existencia de un hecho ilícito penal y se presume la participación del diputado en los actos que se le imputan. Con esta resolución, se da paso a la formación de causa en contra del diputado Pulgar, quien deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
La jornada de este jueves, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, ingresó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez en el marco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La petición se enmarca en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado, debido a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva el año 2022. Dicho desafuero es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para dicha parlamentaria, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de investigación, comentó el persecutor. “Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”, reza el documento. Con todo, la acción judicial deberá ser resuelta, en su momento, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La Corte de Apelaciones de Talca acogió de manera unánime la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Francisco Pulgar Castillo, quien es imputado como autor del delito consumado y reiterado de violación a una persona mayor de 14 años. Según los antecedentes, los hechos habrían ocurrido en 2014 en la Región del Maule. El pleno de la Corte consideró que existen pruebas suficientes para proceder con el desafuero, tras la solicitud realizada por el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo. En el fallo, se establece que, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, concurren los elementos que justifican la existencia de un hecho ilícito penal y se presume la participación del diputado en los actos que se le imputan. Con esta resolución, se da paso a la formación de causa en contra del diputado Pulgar, quien deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
