El Ejército de Chile informó que el suboficial agredido el 10 de agosto en el Puesto de Observación Fronteriza (POF) en Colchane no cumplió con los protocolos establecidos. El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas cuando el militar, que se encontraba en descanso, detectó la presencia de 10 personas cerca del límite fronterizo. A pesar de estar en su período de descanso, el suboficial se dirigió al lugar sin informar a sus superiores ni solicitar apoyo adicional, actuando de manera contraria a las normas. Además, el militar no portaba su casco ni chaleco de protección balística y había guardado el cargador de su fusil en un bolsillo, lo que lo dejó sin la protección adecuada. Durante el incidente, el suboficial se encontró con dos mujeres y, poco después, fue agredido por dos hombres con acento extranjero. Aunque intentó defenderse, no pudo evitar que le arrebataran su arma. El militar solicitó apoyo a un miembro de su equipo, quien notificó a los mandos de la Base Militar en Colchane. Se llevó a cabo un operativo para asistir al suboficial y se recuperó el fusil cerca del lugar del ataque. El suboficial, quien resultó con lesiones catalogadas como menos graves, está en proceso de recuperación. El Ejército ha presentado denuncias por maltrato a personal de las Fuerzas Armadas y robo de material de guerra, y ha iniciado una investigación sumaria administrativa para determinar las responsabilidades en este incidente.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se pronunció este lunes sobre el ataque sufrido por un soldado del Ejército de Chile, quien fue despojado de su fusil mientras realizaba labores de vigilancia en la frontera con Bolivia, en la localidad de Colchane. El incidente ocurrió el sábado y fue perpetrado por dos individuos que lograron arrebatar el arma al funcionario. Tohá expresó su preocupación por el suceso, destacando que la posibilidad de que personas ingresen irregularmente por la frontera ha sido siempre considerada en la planificación de la intervención militar en esa zona.Esta modalidad de presencia militar ha tenido desde el principio reglas de uso de la fuerza para regular cómo deben actuar los funcionarios ante agresiones o la comisión de delitos , señaló. La ministra subrayó que el ataque pone en duda la efectividad de la planificación actual, ya que ningún soldado debería estar solo durante patrullajes y en puntos de control. Tenemos que verificar si este soldado se encontraba solo. Si es así, debemos evaluar por qué se permitió que ocurriera esta situación , añadió Tohá, quien ordenó una investigación interna para esclarecer los hechos. Tohá también advirtió sobre los riesgos de que funcionarios enfrenten situaciones de peligro de manera individual, especialmente en una zona tan hostil como la frontera norte del país, caracterizada por su aislamiento, oscuridad y clima adverso. El ataque ocurre en medio de un esfuerzo del Gobierno por reforzar la seguridad en la frontera, que incluye la incorporación de más personal, vehículos y tecnología avanzada como parte del Programa Muralla Digital. Es muy lamentable y grave lo que sucedió, y debemos aclararlo en esta investigación , concluyó la ministra del Interior.
Franco Vargas, falleció el 27 de abril, tras una instrucción militar en la región de Arica y Parinacota, donde se encontraba realizando el Servicio Militar. Ante esto, el cuerpo del joven fue exhumado este jueves a las 10:00 am con el fin de determinar las causas de su deceso y será dirigida por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con apoyo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Asimismo, luego de la exhumación, se efectuará la autopsia del cuerpo realizada bajo el protocolo de Minessota. El fiscal detalló que dicho procedimiento será realizado este jueves o el viernes 26 de julio dependiendo de la disponibilidad de los peritos. Para contextualizar, el protocolo Minessota según describió el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti, consiste en una autopsia con una singularidad de requisitos que van desde lesiones previas posibles al deceso de la persona, en cuanto a cualquier otro tipo de anomalía en la muerte de la misma y que debe preverse en el caso de que el Estado sea quien haya tenido la custodia de esta persona, como fue en el caso del Ejército de Chile al mantener a un conscripto que cumplía su Servicio Militar quien fallece bajo dicho requisito. Finalmente, según se explica en la Biblioteca del Congreso Nacional el protocolo se aplica en tres escenarios: Cuando la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida Cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes Cuando esta puede haber sido resultado del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger la vida.
La familia de Álvaro Rojas González, soldado conscripto perteneciente a la Brigada Motorizada N° Calama, ha presentado un recurso de amparo contra el Ejército de Chile, denunciando presuntos maltratos y negligencia médica que habrían llevado al joven a intentar quitarse la vida. El recurso, ingresado el 19 de julio ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y patrocinado por el abogado Fernando Leal Aravena, detalla que Rojas González sufrió supuestos tratos vejatorios luego de desmayarse y experimentar dificultades respiratorias durante una campaña en Ojos de Atacama. Según la denuncia, tras este incidente, el soldado habría sido objeto de comentarios despectivos por parte de sus superiores, quienes cuestionaron su hombría. Blanca Iriarte González, hermana del soldado, explicó que la situación empeoró debido a la falta de claridad sobre la salud de su hermano y la supuesta negligencia en su atención médica. Tras un intento de suicidio y un diagnóstico de varicocele, Rojas González habría permanecido semanas sin recibir la atención médica adecuada dentro del cuartel militar, lo cual motivó a la familia a buscar su licenciamiento anticipado. En respuesta a estas acusaciones, el Ejército de Chile ha afirmado que Rojas González fue evaluado como apto para el servicio militar en abril y que los exámenes médicos realizados en mayo confirmaron su idoneidad para el servicio en altura. La institución asegura que el soldado ha sido atendido y evaluado correctamente por personal médico durante los incidentes mencionados, siguiendo los protocolos establecidos para la atención de su salud. Actualmente, el Ejército ha anunciado que está gestionando la asistencia médica de Rojas González en el Hospital Militar de Antofagasta para realizar una intervención quirúrgica en el menor plazo posible. Además, se comprometió a brindar apoyo a la familia del conscripto.
El Ejército de Chile informó que el suboficial agredido el 10 de agosto en el Puesto de Observación Fronteriza (POF) en Colchane no cumplió con los protocolos establecidos. El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas cuando el militar, que se encontraba en descanso, detectó la presencia de 10 personas cerca del límite fronterizo. A pesar de estar en su período de descanso, el suboficial se dirigió al lugar sin informar a sus superiores ni solicitar apoyo adicional, actuando de manera contraria a las normas. Además, el militar no portaba su casco ni chaleco de protección balística y había guardado el cargador de su fusil en un bolsillo, lo que lo dejó sin la protección adecuada. Durante el incidente, el suboficial se encontró con dos mujeres y, poco después, fue agredido por dos hombres con acento extranjero. Aunque intentó defenderse, no pudo evitar que le arrebataran su arma. El militar solicitó apoyo a un miembro de su equipo, quien notificó a los mandos de la Base Militar en Colchane. Se llevó a cabo un operativo para asistir al suboficial y se recuperó el fusil cerca del lugar del ataque. El suboficial, quien resultó con lesiones catalogadas como menos graves, está en proceso de recuperación. El Ejército ha presentado denuncias por maltrato a personal de las Fuerzas Armadas y robo de material de guerra, y ha iniciado una investigación sumaria administrativa para determinar las responsabilidades en este incidente.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se pronunció este lunes sobre el ataque sufrido por un soldado del Ejército de Chile, quien fue despojado de su fusil mientras realizaba labores de vigilancia en la frontera con Bolivia, en la localidad de Colchane. El incidente ocurrió el sábado y fue perpetrado por dos individuos que lograron arrebatar el arma al funcionario. Tohá expresó su preocupación por el suceso, destacando que la posibilidad de que personas ingresen irregularmente por la frontera ha sido siempre considerada en la planificación de la intervención militar en esa zona.Esta modalidad de presencia militar ha tenido desde el principio reglas de uso de la fuerza para regular cómo deben actuar los funcionarios ante agresiones o la comisión de delitos , señaló. La ministra subrayó que el ataque pone en duda la efectividad de la planificación actual, ya que ningún soldado debería estar solo durante patrullajes y en puntos de control. Tenemos que verificar si este soldado se encontraba solo. Si es así, debemos evaluar por qué se permitió que ocurriera esta situación , añadió Tohá, quien ordenó una investigación interna para esclarecer los hechos. Tohá también advirtió sobre los riesgos de que funcionarios enfrenten situaciones de peligro de manera individual, especialmente en una zona tan hostil como la frontera norte del país, caracterizada por su aislamiento, oscuridad y clima adverso. El ataque ocurre en medio de un esfuerzo del Gobierno por reforzar la seguridad en la frontera, que incluye la incorporación de más personal, vehículos y tecnología avanzada como parte del Programa Muralla Digital. Es muy lamentable y grave lo que sucedió, y debemos aclararlo en esta investigación , concluyó la ministra del Interior.
Franco Vargas, falleció el 27 de abril, tras una instrucción militar en la región de Arica y Parinacota, donde se encontraba realizando el Servicio Militar. Ante esto, el cuerpo del joven fue exhumado este jueves a las 10:00 am con el fin de determinar las causas de su deceso y será dirigida por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con apoyo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Asimismo, luego de la exhumación, se efectuará la autopsia del cuerpo realizada bajo el protocolo de Minessota. El fiscal detalló que dicho procedimiento será realizado este jueves o el viernes 26 de julio dependiendo de la disponibilidad de los peritos. Para contextualizar, el protocolo Minessota según describió el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti, consiste en una autopsia con una singularidad de requisitos que van desde lesiones previas posibles al deceso de la persona, en cuanto a cualquier otro tipo de anomalía en la muerte de la misma y que debe preverse en el caso de que el Estado sea quien haya tenido la custodia de esta persona, como fue en el caso del Ejército de Chile al mantener a un conscripto que cumplía su Servicio Militar quien fallece bajo dicho requisito. Finalmente, según se explica en la Biblioteca del Congreso Nacional el protocolo se aplica en tres escenarios: Cuando la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida Cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes Cuando esta puede haber sido resultado del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger la vida.
La familia de Álvaro Rojas González, soldado conscripto perteneciente a la Brigada Motorizada N° Calama, ha presentado un recurso de amparo contra el Ejército de Chile, denunciando presuntos maltratos y negligencia médica que habrían llevado al joven a intentar quitarse la vida. El recurso, ingresado el 19 de julio ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y patrocinado por el abogado Fernando Leal Aravena, detalla que Rojas González sufrió supuestos tratos vejatorios luego de desmayarse y experimentar dificultades respiratorias durante una campaña en Ojos de Atacama. Según la denuncia, tras este incidente, el soldado habría sido objeto de comentarios despectivos por parte de sus superiores, quienes cuestionaron su hombría. Blanca Iriarte González, hermana del soldado, explicó que la situación empeoró debido a la falta de claridad sobre la salud de su hermano y la supuesta negligencia en su atención médica. Tras un intento de suicidio y un diagnóstico de varicocele, Rojas González habría permanecido semanas sin recibir la atención médica adecuada dentro del cuartel militar, lo cual motivó a la familia a buscar su licenciamiento anticipado. En respuesta a estas acusaciones, el Ejército de Chile ha afirmado que Rojas González fue evaluado como apto para el servicio militar en abril y que los exámenes médicos realizados en mayo confirmaron su idoneidad para el servicio en altura. La institución asegura que el soldado ha sido atendido y evaluado correctamente por personal médico durante los incidentes mencionados, siguiendo los protocolos establecidos para la atención de su salud. Actualmente, el Ejército ha anunciado que está gestionando la asistencia médica de Rojas González en el Hospital Militar de Antofagasta para realizar una intervención quirúrgica en el menor plazo posible. Además, se comprometió a brindar apoyo a la familia del conscripto.
