Durante la mañana de este viernes, se difundió un comunicado desde el Servicio Nacional de Migraciones donde menciona que los dos extranjeros que agredieron a funcionarios municipales, tenían orden de expulsión desde el 2024. Para contextualizar, la mañana del 13 de febrero en la Plaza Colón de Antofagasta ocurrió una agresión contra funcionarios de la municipalidad , donde uno de ellos fue mordido en uno de sus dedos y golpeado con un palo que los sujetos sacaron de los asientos ubicados en la Plaza. Además de las heridas, los trabajadores fueron amenazados y dañaron el equipo que llevaban. Ante esto, en el texto se detalla que: Por medio de Informe Policial Nº430, de fecha 4 de diciembre de 2024, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Antofagasta de la Policía de Investigaciones de Chile, comunicó a esta autoridad que la persona extranjera de iniciales Y.O.H.R. de nacionalidad venezolana no registra movimiento migratorios, por tanto, ingresó al país de forma clandestina, eludiendo el control policial respectivo. Asimismo, el documento indica que: De conformidad a lo establecido en el artículo 132 bis de la Ley Nº21.325 de Migración y Extranjería, la persona extranjera con fecha 4 de diciembre de 2024, fue notificada por Policía de Investigaciones de Chile del inicio de procedimiento sancionatorio expulsión seguido en su contra, por infringir la legislación migratoria vigente, otorgándole un plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación, para realizar sus descargos en relación a la causal de expulsión invocada y acompañar todos los antecedentes que estime relevantes para resolver su situación migratoria. Así también, el comunicado dice lo siguiente: 1. EXPULSÁSE del territorio nacional a don Y.O.H.R. 2. INCLÚYASE en el Registro Nacional de Extranjeros 3. DISPÓNGASE una prohibición de ingreso al país en contra de la persona extranjera en mención por el plazo de (5) años, contados desde que la afectada hiciere abandono del territorio nacional, en virtud de lo establecido en el artículo 136 de la Ley Nº21.325 de Migración y Extranjería. Por otra parte, el otro extranjero que estuvo involucrado en el atentado contra los funcionarios municipales, también tenía una orden de expulsión desde el 2024. Por consiguiente, el Servicio Nacional de Migraciones detalla que: Mediante Informe Policial Nº13462 de 3 de octubre de 2024, del Departamento de migraciones y Policía Internacional de Iquique de la Policía de Investigaciones de Chile, se comunicó a esta Dirección Regional de Tarapacá que la persona extranjera de iniciales M.F.L.L. de nacionalidad colombiana, registra un ingreso al país de forma irregular, eludiendo el control policial respectivo. Dado lo anterior, en el texto se deja estipulado lo siguiente: Que, de conformidad a los establecido en los artículos 132 bis de la Ley Nº21.325 de Migración y Extranjería, mediante Acta de Notificación de fecha 14 de septiembre de 2024, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, el extranjero fue notificado personalmente de un procedimiento sancionatorio iniciado en su contra por infringir la legislación migratoria vigente, otorgándole un plazo de 10 días hábiles contados desde dicha notificación, para realizar sus descargos en relación a la causal de expulsión invocada y acompañar ante esta Dirección Regional todos los antecedentes que estime relevantes para resolver su situación migratoria. Finalmente, los extranjeros de nacionalidad colombiana y venezolana fueron formalizados el pasado lunes 17 de febrero por atentado y amenazas contra la autoridad, quedando con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.
Durante la jornada de este viernes, el Gobierno firmó un protocolo para agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes que estén ligados a algún delito en el país, en el marco de la Ley de Migraciones. El documento en cuestión fue suscrito por el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, junto con los organismos de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Concretamente, la iniciativa especifica ajustes a la Ley de Migraciones para llevar un proceso de expulsión más eficaz, con tiempos más acotados y de manera más regular.Asimismo, considera adecuaciones legales para permitir las expulsiones, incorpora más tecnología y considera un aumento de dotación en los equipos del Sermig. Entre los avances, se destacó la implementación de herramientas tecnológicas para las policías, que ahora tienen acceso directo a la situación migratoria de las personas controladas, particularmente aquellas con decretos de expulsión vigentes. Asimismo, se priorizarán las expulsiones de personas vinculadas a organizaciones criminales, alineando este esfuerzo con las políticas de combate al crimen organizado. Por su parte, Cordero recalcó que esta iniciativa tiene como objetivo estandarizar y hacer más eficientes los procedimientos, reduciendo plazos y mejorando la interoperabilidad entre las instituciones involucradas. “Este protocolo uniforma la información, los tiempos y los flujos de comunicación, lo que permite que las expulsiones se desarrollen de manera más regular y eficaz”, sostuvo. Cabe recordar, que desde el inicio del actual Gobierno, se han notificado más de 6.000 nuevos decretos de expulsión, sumándose a los 24.000 existentes al inicio del período. Hasta la fecha, se han concretado más de 1.000 expulsiones administrativas. Con todo, el ministro (s) Cordero insistió que el proceso de regularización acotada de inmigrantes sigue en estudio, y que no todos los extranjeros que participaron en el empadronamiento van a beneficiarse del trámite. Estamos trabajando con ambas policías para hacer la evaluación policial de los antecedentes de las personas que ahí se encuentran, fundamentalmente para conocer qué sucede con ellas luego de los empadronamientos, cerró el personero de Estado. 🟢 Esta mañana, el ministro (s) @min_interior, Luis Cordero Vega, encabezó la firma de un protocolo para agilizar procedimiento administrativo de expulsión, esto en conjunto con @PDI_CHILE, Director Nacional de @Gendarmeria_CL, Sebastián Urra Palma, y el Servicio de Migraciones. pic.twitter.com/b8KfuJYIW1 — Gendarmería de Chile (@Gendarmeria_CL) December 27, 2024
El Gobierno de Perú promulgó una ley que ordena la expulsión de ciudadanos extranjeros que no se identifiquen ante las autoridades competentes, según establece una modificación de un decreto legislativo migratorio aprobado este domingo por la Presidenta Dina Boluarte y publicado en el diario oficial El Peruano. La norma establece que, a partir de ahora, los extranjeros que ingresen a Perú y no cumplan con “la obligación de identificarse ante la autoridad competente” serán expulsados del país.Así lo estipula la Ley 32.192, publicada en el Boletín de Normas Legales , que también precisa que la obligación de identificarse es viable con la presentación de medios probatorios sucedáneos. Ahora bien, si la persona carece de medios de identificación, la Policía Nacional de Perú podrá registrar una declaración de identidad, consignarla en un acta y proceder a la toma de datos biométricos. Estos datos serán incorporados por la Superintendencia Nacional de Migraciones en el Registro de Información Migratoria (RIM). No obstante, la ley aclara que este procedimiento no implica regularización migratoria alguna. Por otro lado, precisa que el certificado de movimiento migratorio es el documento en el que está consignada la información de los ingresos y de las salidas del territorio nacional de peruanos y de extranjeros registrados en Migraciones. “Este certificado que es expedido por la autoridad migratoria, es de carácter público y puede ser solicitado por cualquier persona mayor de edad que posea documento de identidad”, añade el dictamen. Con todo, la iniciativa fue visada con 87 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, con el objetivo de reducir la criminalidad. “La propuesta busca garantizar la seguridad nacional y ciudadana, así como el orden público e interno, salvaguardando los intereses nacionales, a través de la prevención, disuasión y sanción de aquellas conductas infractoras a la norma migratoria”, indica el documento legislativo.
Durante la mañana de este viernes, se difundió un comunicado desde el Servicio Nacional de Migraciones donde menciona que los dos extranjeros que agredieron a funcionarios municipales, tenían orden de expulsión desde el 2024. Para contextualizar, la mañana del 13 de febrero en la Plaza Colón de Antofagasta ocurrió una agresión contra funcionarios de la municipalidad , donde uno de ellos fue mordido en uno de sus dedos y golpeado con un palo que los sujetos sacaron de los asientos ubicados en la Plaza. Además de las heridas, los trabajadores fueron amenazados y dañaron el equipo que llevaban. Ante esto, en el texto se detalla que: Por medio de Informe Policial Nº430, de fecha 4 de diciembre de 2024, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Antofagasta de la Policía de Investigaciones de Chile, comunicó a esta autoridad que la persona extranjera de iniciales Y.O.H.R. de nacionalidad venezolana no registra movimiento migratorios, por tanto, ingresó al país de forma clandestina, eludiendo el control policial respectivo. Asimismo, el documento indica que: De conformidad a lo establecido en el artículo 132 bis de la Ley Nº21.325 de Migración y Extranjería, la persona extranjera con fecha 4 de diciembre de 2024, fue notificada por Policía de Investigaciones de Chile del inicio de procedimiento sancionatorio expulsión seguido en su contra, por infringir la legislación migratoria vigente, otorgándole un plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación, para realizar sus descargos en relación a la causal de expulsión invocada y acompañar todos los antecedentes que estime relevantes para resolver su situación migratoria. Así también, el comunicado dice lo siguiente: 1. EXPULSÁSE del territorio nacional a don Y.O.H.R. 2. INCLÚYASE en el Registro Nacional de Extranjeros 3. DISPÓNGASE una prohibición de ingreso al país en contra de la persona extranjera en mención por el plazo de (5) años, contados desde que la afectada hiciere abandono del territorio nacional, en virtud de lo establecido en el artículo 136 de la Ley Nº21.325 de Migración y Extranjería. Por otra parte, el otro extranjero que estuvo involucrado en el atentado contra los funcionarios municipales, también tenía una orden de expulsión desde el 2024. Por consiguiente, el Servicio Nacional de Migraciones detalla que: Mediante Informe Policial Nº13462 de 3 de octubre de 2024, del Departamento de migraciones y Policía Internacional de Iquique de la Policía de Investigaciones de Chile, se comunicó a esta Dirección Regional de Tarapacá que la persona extranjera de iniciales M.F.L.L. de nacionalidad colombiana, registra un ingreso al país de forma irregular, eludiendo el control policial respectivo. Dado lo anterior, en el texto se deja estipulado lo siguiente: Que, de conformidad a los establecido en los artículos 132 bis de la Ley Nº21.325 de Migración y Extranjería, mediante Acta de Notificación de fecha 14 de septiembre de 2024, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, el extranjero fue notificado personalmente de un procedimiento sancionatorio iniciado en su contra por infringir la legislación migratoria vigente, otorgándole un plazo de 10 días hábiles contados desde dicha notificación, para realizar sus descargos en relación a la causal de expulsión invocada y acompañar ante esta Dirección Regional todos los antecedentes que estime relevantes para resolver su situación migratoria. Finalmente, los extranjeros de nacionalidad colombiana y venezolana fueron formalizados el pasado lunes 17 de febrero por atentado y amenazas contra la autoridad, quedando con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.
Durante la jornada de este viernes, el Gobierno firmó un protocolo para agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes que estén ligados a algún delito en el país, en el marco de la Ley de Migraciones. El documento en cuestión fue suscrito por el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, junto con los organismos de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Concretamente, la iniciativa especifica ajustes a la Ley de Migraciones para llevar un proceso de expulsión más eficaz, con tiempos más acotados y de manera más regular.Asimismo, considera adecuaciones legales para permitir las expulsiones, incorpora más tecnología y considera un aumento de dotación en los equipos del Sermig. Entre los avances, se destacó la implementación de herramientas tecnológicas para las policías, que ahora tienen acceso directo a la situación migratoria de las personas controladas, particularmente aquellas con decretos de expulsión vigentes. Asimismo, se priorizarán las expulsiones de personas vinculadas a organizaciones criminales, alineando este esfuerzo con las políticas de combate al crimen organizado. Por su parte, Cordero recalcó que esta iniciativa tiene como objetivo estandarizar y hacer más eficientes los procedimientos, reduciendo plazos y mejorando la interoperabilidad entre las instituciones involucradas. “Este protocolo uniforma la información, los tiempos y los flujos de comunicación, lo que permite que las expulsiones se desarrollen de manera más regular y eficaz”, sostuvo. Cabe recordar, que desde el inicio del actual Gobierno, se han notificado más de 6.000 nuevos decretos de expulsión, sumándose a los 24.000 existentes al inicio del período. Hasta la fecha, se han concretado más de 1.000 expulsiones administrativas. Con todo, el ministro (s) Cordero insistió que el proceso de regularización acotada de inmigrantes sigue en estudio, y que no todos los extranjeros que participaron en el empadronamiento van a beneficiarse del trámite. Estamos trabajando con ambas policías para hacer la evaluación policial de los antecedentes de las personas que ahí se encuentran, fundamentalmente para conocer qué sucede con ellas luego de los empadronamientos, cerró el personero de Estado. 🟢 Esta mañana, el ministro (s) @min_interior, Luis Cordero Vega, encabezó la firma de un protocolo para agilizar procedimiento administrativo de expulsión, esto en conjunto con @PDI_CHILE, Director Nacional de @Gendarmeria_CL, Sebastián Urra Palma, y el Servicio de Migraciones. pic.twitter.com/b8KfuJYIW1 — Gendarmería de Chile (@Gendarmeria_CL) December 27, 2024
El Gobierno de Perú promulgó una ley que ordena la expulsión de ciudadanos extranjeros que no se identifiquen ante las autoridades competentes, según establece una modificación de un decreto legislativo migratorio aprobado este domingo por la Presidenta Dina Boluarte y publicado en el diario oficial El Peruano. La norma establece que, a partir de ahora, los extranjeros que ingresen a Perú y no cumplan con “la obligación de identificarse ante la autoridad competente” serán expulsados del país.Así lo estipula la Ley 32.192, publicada en el Boletín de Normas Legales , que también precisa que la obligación de identificarse es viable con la presentación de medios probatorios sucedáneos. Ahora bien, si la persona carece de medios de identificación, la Policía Nacional de Perú podrá registrar una declaración de identidad, consignarla en un acta y proceder a la toma de datos biométricos. Estos datos serán incorporados por la Superintendencia Nacional de Migraciones en el Registro de Información Migratoria (RIM). No obstante, la ley aclara que este procedimiento no implica regularización migratoria alguna. Por otro lado, precisa que el certificado de movimiento migratorio es el documento en el que está consignada la información de los ingresos y de las salidas del territorio nacional de peruanos y de extranjeros registrados en Migraciones. “Este certificado que es expedido por la autoridad migratoria, es de carácter público y puede ser solicitado por cualquier persona mayor de edad que posea documento de identidad”, añade el dictamen. Con todo, la iniciativa fue visada con 87 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, con el objetivo de reducir la criminalidad. “La propuesta busca garantizar la seguridad nacional y ciudadana, así como el orden público e interno, salvaguardando los intereses nacionales, a través de la prevención, disuasión y sanción de aquellas conductas infractoras a la norma migratoria”, indica el documento legislativo.
