A través de una investigación realizada por la Fiscalía Local de Calama en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile, se logró establecer una asociación delictiva que cometía ilícitos de Tráfico de Migrantes. Ante esto, siete sujetos de nacionalidad boliviana ejecutaban delitos de Tráfico de Migrantes desde abril de 2024, con el fin de lucrar y facilitar la entrada ilegal al país desde el paso de la frontera de Chile con Bolivia, por un sector cercano a hito cajón en la comuna de San Pedro de Atacama. Asimismo, los individuos coordinaban con sujetos de Bolivia que se encargaban de trasladar a las víctimas en vehículos hasta la frontera con Chile y posteriormente traspasarlos ilegalmente por pasos no habilitados, donde otra persona de la organización esperaba la llegada y los transportaba hasta las ciudades de San Pedro de Atacama o Calama. Dado lo anterior, las víctimas debían pagar montos que oscilaban entre $80.000 y $150.000 pesos por traslado, sin realizar el control migratorio correspondiente. Finalmente, los imputados fueron formalizados por Ilícitos de Asociación Delictiva y Tráfico de Migrantes (reiterado), donde el Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de Prisión Preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 150 días.
Personal de Aduanas y Carabineros del OS7 El Loa, realizaron una fiscalización a un bus urbano proveniente de Bolivia en el sector de avanzada fronteriza Aduana Ollagüe comuna de Calama, donde un pasajero portaba al interior de su mochila un paquete contenedor de Clorhidrato de Cocaína. Ante esto, personal del OS7 detuvo al sujeto, adoptando el procedimiento por instrucción del Fiscal de turno. Asimismo, Carabineros informó que el paquete contenía 2 kilos 222 gramos de Clorhidrato de Cocaína. Finalmente, el detenido identificado con las iniciales J.F.F.P, de nacionalidad boliviana, 25 años, con situación migratoria irregular en el país, fue formalizado quedando en prisión preventiva y decretando 100 días para la investigación.
Durante esta jornada, la ministra de Interior, Carolina Tohá, tuvo palabras para la citación por parte del Ministerio Público a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, para declarar en calidad de imputadas en el marco de la fallida venta de la casa del exPresidente Salvador Allende. En este escenario, la jefa de gabinete fue consultada respecto a la disposición del Gobierno, considerando que existe la posibilidad que el Presidente Gabriel Boric también preste declaración. “Yo creo que no hay ningún misterio sobre estos temas, cada vez que la Fiscalía necesitaba antecedentes sobre cualquier investigación que estén en manos del Gobierno, así se ha hecho”, afirmó. Vale consignar que causa está siendo liderada por el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper. Por una parte, se espera que la titular de Defensa atestigüe mañana jueves, a las 15.00 hrs, mientras que la parlamentaria lo haga el viernes, también a las 15.00 hrs. “Se ha colaborado con las investigaciones y siempre también se ha tenido el cuidado de manejar, de la manera más prudente, antecedentes que pueden afectar a terceras personas”, aseveró Tohá. “O que dicen relación con materia sensible que maneja el Estado y que no pueden divulgarse, o no pueden entrar en discusiones que están ajenas a la materia de la cual se trataban”, apuntó la titular de Estado. Finalmente, cabe señalar que también está citada a comparecer -en la misma calidad- la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien se le solicitó su renuncia el pasado lunes 6 de enero. De igual manera, la otrora autoridad declarará el viernes a las 15.00 hrs.
Durante la presente jornada, se confirmó que la Fiscalía citó a declarar en calidad de imputadas a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora (PS) Isabel Allende, en el marco de la investigación en su contra tras la fallida compra por parte del Gobierno de una vivienda del exPresidente Salvador Allende (1970-1973), buscando convertirla en una suerte de casa-museo. La indagatoria penal se inició por una denuncia que presentó el abogado y excandidato a constituyente por el Partido Republicano, Raimundo Palamara, en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric, y quienes resulten responsables. Vale recordar que la situación vio la luz pública los primeros días de enero cuando se conoció que el gobierno buscaba materializar la compra de las casas de los exjefes de Estado Patricio Aylwin y Salvador Allende, no obstante, la propiedad de éste último no se concretó. Lo anterior, en base a que una de las propietarias de la vivienda es la actual ministra y nieta del otrora Mandatario, y la ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es la senadora Allende, quien también tiene el mismo impedimento, al ser su hija. Así las cosas, ambas personeras políticas fueron convocadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, designado a cargo de la persecusión penal que surgió tras la querella interpuesta. Por una parte, la líder de Defensa fue llamada para el jueves 23 de enero, mientras que la parlamentaria socialista al día siguiente, viernes 24 de enero. Con todo, los coletazos que ha traído consigo el escenario descrito, desembocaron además en la renuncia de Marcela Sandoval al cargo de ministra de Bienes Nacionales. Asimismo, el Partido Republicano y Chile Vamos presentaron un requerimiento de destitución de la Maya Fernández e Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional (TC), petición que será revisada este jueves por el órgano para definir si la acoge o no.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta realizó una audiencia de ampliación de plazo de investigación por el denominado Caso Convenios seguido por Fraude al Fisco y otros delitos que lo involucran. Ante esto, el Caso Convenios involucra a las Fundaciones Democracia Viva, TomArte, Fibra y Fusupo. Asimismo, el tribunal accedió a la petición de Fiscalía y decidió ampliar el plazo de investigación en 45 días. Dentro de las diligencias se incluye la solicitud de desafuero en trámite de la Diputada Catalina Perez. Finalmente, el tribunal fijó la audiencia para el próximo 5 de febrero para revisar la situación de cautelar de la imputada Lorena Cisternas y el 10 de marzo para debatir apercibimiento de cierre de la investigación.
A través de una investigación realizada por la Fiscalía Local de Calama en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile, se logró establecer una asociación delictiva que cometía ilícitos de Tráfico de Migrantes. Ante esto, siete sujetos de nacionalidad boliviana ejecutaban delitos de Tráfico de Migrantes desde abril de 2024, con el fin de lucrar y facilitar la entrada ilegal al país desde el paso de la frontera de Chile con Bolivia, por un sector cercano a hito cajón en la comuna de San Pedro de Atacama. Asimismo, los individuos coordinaban con sujetos de Bolivia que se encargaban de trasladar a las víctimas en vehículos hasta la frontera con Chile y posteriormente traspasarlos ilegalmente por pasos no habilitados, donde otra persona de la organización esperaba la llegada y los transportaba hasta las ciudades de San Pedro de Atacama o Calama. Dado lo anterior, las víctimas debían pagar montos que oscilaban entre $80.000 y $150.000 pesos por traslado, sin realizar el control migratorio correspondiente. Finalmente, los imputados fueron formalizados por Ilícitos de Asociación Delictiva y Tráfico de Migrantes (reiterado), donde el Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de Prisión Preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 150 días.
Personal de Aduanas y Carabineros del OS7 El Loa, realizaron una fiscalización a un bus urbano proveniente de Bolivia en el sector de avanzada fronteriza Aduana Ollagüe comuna de Calama, donde un pasajero portaba al interior de su mochila un paquete contenedor de Clorhidrato de Cocaína. Ante esto, personal del OS7 detuvo al sujeto, adoptando el procedimiento por instrucción del Fiscal de turno. Asimismo, Carabineros informó que el paquete contenía 2 kilos 222 gramos de Clorhidrato de Cocaína. Finalmente, el detenido identificado con las iniciales J.F.F.P, de nacionalidad boliviana, 25 años, con situación migratoria irregular en el país, fue formalizado quedando en prisión preventiva y decretando 100 días para la investigación.
Durante esta jornada, la ministra de Interior, Carolina Tohá, tuvo palabras para la citación por parte del Ministerio Público a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, para declarar en calidad de imputadas en el marco de la fallida venta de la casa del exPresidente Salvador Allende. En este escenario, la jefa de gabinete fue consultada respecto a la disposición del Gobierno, considerando que existe la posibilidad que el Presidente Gabriel Boric también preste declaración. “Yo creo que no hay ningún misterio sobre estos temas, cada vez que la Fiscalía necesitaba antecedentes sobre cualquier investigación que estén en manos del Gobierno, así se ha hecho”, afirmó. Vale consignar que causa está siendo liderada por el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper. Por una parte, se espera que la titular de Defensa atestigüe mañana jueves, a las 15.00 hrs, mientras que la parlamentaria lo haga el viernes, también a las 15.00 hrs. “Se ha colaborado con las investigaciones y siempre también se ha tenido el cuidado de manejar, de la manera más prudente, antecedentes que pueden afectar a terceras personas”, aseveró Tohá. “O que dicen relación con materia sensible que maneja el Estado y que no pueden divulgarse, o no pueden entrar en discusiones que están ajenas a la materia de la cual se trataban”, apuntó la titular de Estado. Finalmente, cabe señalar que también está citada a comparecer -en la misma calidad- la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien se le solicitó su renuncia el pasado lunes 6 de enero. De igual manera, la otrora autoridad declarará el viernes a las 15.00 hrs.
Durante la presente jornada, se confirmó que la Fiscalía citó a declarar en calidad de imputadas a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora (PS) Isabel Allende, en el marco de la investigación en su contra tras la fallida compra por parte del Gobierno de una vivienda del exPresidente Salvador Allende (1970-1973), buscando convertirla en una suerte de casa-museo. La indagatoria penal se inició por una denuncia que presentó el abogado y excandidato a constituyente por el Partido Republicano, Raimundo Palamara, en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric, y quienes resulten responsables. Vale recordar que la situación vio la luz pública los primeros días de enero cuando se conoció que el gobierno buscaba materializar la compra de las casas de los exjefes de Estado Patricio Aylwin y Salvador Allende, no obstante, la propiedad de éste último no se concretó. Lo anterior, en base a que una de las propietarias de la vivienda es la actual ministra y nieta del otrora Mandatario, y la ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es la senadora Allende, quien también tiene el mismo impedimento, al ser su hija. Así las cosas, ambas personeras políticas fueron convocadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, designado a cargo de la persecusión penal que surgió tras la querella interpuesta. Por una parte, la líder de Defensa fue llamada para el jueves 23 de enero, mientras que la parlamentaria socialista al día siguiente, viernes 24 de enero. Con todo, los coletazos que ha traído consigo el escenario descrito, desembocaron además en la renuncia de Marcela Sandoval al cargo de ministra de Bienes Nacionales. Asimismo, el Partido Republicano y Chile Vamos presentaron un requerimiento de destitución de la Maya Fernández e Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional (TC), petición que será revisada este jueves por el órgano para definir si la acoge o no.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta realizó una audiencia de ampliación de plazo de investigación por el denominado Caso Convenios seguido por Fraude al Fisco y otros delitos que lo involucran. Ante esto, el Caso Convenios involucra a las Fundaciones Democracia Viva, TomArte, Fibra y Fusupo. Asimismo, el tribunal accedió a la petición de Fiscalía y decidió ampliar el plazo de investigación en 45 días. Dentro de las diligencias se incluye la solicitud de desafuero en trámite de la Diputada Catalina Perez. Finalmente, el tribunal fijó la audiencia para el próximo 5 de febrero para revisar la situación de cautelar de la imputada Lorena Cisternas y el 10 de marzo para debatir apercibimiento de cierre de la investigación.
