La Fiscalía de Tocopilla formalizó a ocho individuos de nacionalidad boliviana por los delitos de asociación delictiva y receptación, tras ser detenidos cuando transportaban 6.000 kilos de cable conductor eléctrico de aluminio, valorados en casi 200 millones de pesos. La captura se produjo en la comuna de María Elena, cuando los sospechosos se desplazaban en dos camiones y una camioneta por la ruta B-24. Durante la revisión, Carabineros halló el material robado, que había sido sustraído entre septiembre y el 17 de octubre de este año, según los partes de denuncia emitidos por la policía. En la audiencia, el Ministerio Público reveló que los detenidos actuaban bajo la dirección de una persona no identificada que los contrató para cargar el cable, previamente cortado por otro grupo. Además, dos de los imputados fueron formalizados por conducir sin licencia. Por solicitud del Ministerio Público, se determinó prisión preventiva para todos los detenidos, debido al peligro que representan para la sociedad y al riesgo de fuga, estableciendo un plazo de investigación de 120 días.
La Fiscalía de Tocopilla formalizó a ocho individuos de nacionalidad boliviana por los delitos de asociación delictiva y receptación, tras ser detenidos cuando transportaban 6.000 kilos de cable conductor eléctrico de aluminio, valorados en casi 200 millones de pesos. La captura se produjo en la comuna de María Elena, cuando los sospechosos se desplazaban en dos camiones y una camioneta por la ruta B-24. Durante la revisión, Carabineros halló el material robado, que había sido sustraído entre septiembre y el 17 de octubre de este año, según los partes de denuncia emitidos por la policía. En la audiencia, el Ministerio Público reveló que los detenidos actuaban bajo la dirección de una persona no identificada que los contrató para cargar el cable, previamente cortado por otro grupo. Además, dos de los imputados fueron formalizados por conducir sin licencia. Por solicitud del Ministerio Público, se determinó prisión preventiva para todos los detenidos, debido al peligro que representan para la sociedad y al riesgo de fuga, estableciendo un plazo de investigación de 120 días.
