En la mañana de este martes, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la realización de un allanamiento en las oficinas del diputado Joaquín Lavín en el Congreso Nacional, ubicado en la región de Valparaíso. La diligencia fue parte de una investigación reservada sobre posibles delitos de tráfico de influencias relacionados con decisiones administrativas y contrataciones en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. Ante esto, el procedimiento de entrada y registro, solicitado por la fiscal de alta complejidad Constanza Encina, fue autorizado por el Noveno Juzgado de Garantía. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público entregue más detalles sobre el operativo. En agosto, Mega Investiga reveló que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente abrió una causa contra Lavín por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, tras detectar una serie de antecedentes que apuntarían al rol de Lavín como un “alcalde en las sombras”. Asimismo, los fiscales cuentan con correos electrónicos y testimonios de extrabajadores municipales que señalarían que Lavín, aunque no tenía autoridad sobre la administración local por su cargo parlamentario, habría dado instrucciones en temas de contrataciones y despidos, además de intervenir en decisiones administrativas clave. Finalmente, la investigación sigue en desarrollo, y las pruebas recopiladas podrían ser fundamentales para determinar si Lavín utilizó su influencia como parlamentario para intervenir en la gestión municipal de su esposa
En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, la magistrada Evelyn Pérez Jaña determinó imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados para el alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza. Esto en el contexto de una investigación por delitos reiterados de fraude al fisco relacionados con la adquisición de insumos durante la pandemia del Covid-19. Ante esto, los delitos imputados al edil están vinculados con la compra de cloro, test de detección de coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería, con un monto defraudado que asciende a más de $195 millones de pesos. Por otro lado, para Jhon Sancho, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, se decretó prisión preventiva en el centro penitenciario de Parral, mientras se evalúa un posible traslado al anexo Capitán Yáber. La fiscal Carola D'Agostini, quien lleva adelante la investigación, se mostró conforme con la decisión del tribunal respecto a Sancho, pero anunció que apelarán a la medida cautelar impuesta al alcalde Meza.Hemos acreditado su participación en cuatro delitos, aunque el tribunal solo reconoció uno. La pena sigue siendo de al menos cinco años, por lo que presentaremos un recurso de apelación, señaló. Finalmente, el alcalde y otras 13 personas, entre comerciantes y funcionarios municipales, han sido formalizadas y se les impusieron diversas medidas cautelares. El plazo para la investigación se fijó en seis meses.
Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas. La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%. El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas. Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes. En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupció n con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos. Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo. El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programaAlimentos para Chile para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488. La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización. La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
En una operación coordinada entre la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Antofagasta y oficiales de Punta Arenas, se realizaron dos detenciones vinculadas a un caso de fraude al fisco y organismos del estado. Las detenciones responden a una orden emitida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Las personas detenidas son la expresidenta de la Fundación Fibra y una contratista de la misma organización. La primera, quien se encontraba en Punta Arenas al momento de su arresto, fue trasladada a Antofagasta para enfrentar la audiencia de formalización de cargos, la cual se llevó a cabo este lunes en la capital de la Región de Antofagasta. La segunda detenida, la contratista, fue aprehendida en su domicilio en Antofagasta. Ambas mujeres enfrentan acusaciones de fraude al fisco por la presunta malversación de fondos. El Subprefecto Néctor Rojas, jefe de la BRIDEC, explicó que las diligencias buscan esclarecer el destino de 430 millones de pesos que fueron asignados a la Fundación Fibra para la ejecución de diversos proyectos en campamentos de la región.
En la mañana de este martes, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la realización de un allanamiento en las oficinas del diputado Joaquín Lavín en el Congreso Nacional, ubicado en la región de Valparaíso. La diligencia fue parte de una investigación reservada sobre posibles delitos de tráfico de influencias relacionados con decisiones administrativas y contrataciones en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. Ante esto, el procedimiento de entrada y registro, solicitado por la fiscal de alta complejidad Constanza Encina, fue autorizado por el Noveno Juzgado de Garantía. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público entregue más detalles sobre el operativo. En agosto, Mega Investiga reveló que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente abrió una causa contra Lavín por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, tras detectar una serie de antecedentes que apuntarían al rol de Lavín como un “alcalde en las sombras”. Asimismo, los fiscales cuentan con correos electrónicos y testimonios de extrabajadores municipales que señalarían que Lavín, aunque no tenía autoridad sobre la administración local por su cargo parlamentario, habría dado instrucciones en temas de contrataciones y despidos, además de intervenir en decisiones administrativas clave. Finalmente, la investigación sigue en desarrollo, y las pruebas recopiladas podrían ser fundamentales para determinar si Lavín utilizó su influencia como parlamentario para intervenir en la gestión municipal de su esposa
En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, la magistrada Evelyn Pérez Jaña determinó imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados para el alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza. Esto en el contexto de una investigación por delitos reiterados de fraude al fisco relacionados con la adquisición de insumos durante la pandemia del Covid-19. Ante esto, los delitos imputados al edil están vinculados con la compra de cloro, test de detección de coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería, con un monto defraudado que asciende a más de $195 millones de pesos. Por otro lado, para Jhon Sancho, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, se decretó prisión preventiva en el centro penitenciario de Parral, mientras se evalúa un posible traslado al anexo Capitán Yáber. La fiscal Carola D'Agostini, quien lleva adelante la investigación, se mostró conforme con la decisión del tribunal respecto a Sancho, pero anunció que apelarán a la medida cautelar impuesta al alcalde Meza.Hemos acreditado su participación en cuatro delitos, aunque el tribunal solo reconoció uno. La pena sigue siendo de al menos cinco años, por lo que presentaremos un recurso de apelación, señaló. Finalmente, el alcalde y otras 13 personas, entre comerciantes y funcionarios municipales, han sido formalizadas y se les impusieron diversas medidas cautelares. El plazo para la investigación se fijó en seis meses.
Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas. La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%. El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas. Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes. En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupció n con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos. Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo. El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programaAlimentos para Chile para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488. La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización. La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
En una operación coordinada entre la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Antofagasta y oficiales de Punta Arenas, se realizaron dos detenciones vinculadas a un caso de fraude al fisco y organismos del estado. Las detenciones responden a una orden emitida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Las personas detenidas son la expresidenta de la Fundación Fibra y una contratista de la misma organización. La primera, quien se encontraba en Punta Arenas al momento de su arresto, fue trasladada a Antofagasta para enfrentar la audiencia de formalización de cargos, la cual se llevó a cabo este lunes en la capital de la Región de Antofagasta. La segunda detenida, la contratista, fue aprehendida en su domicilio en Antofagasta. Ambas mujeres enfrentan acusaciones de fraude al fisco por la presunta malversación de fondos. El Subprefecto Néctor Rojas, jefe de la BRIDEC, explicó que las diligencias buscan esclarecer el destino de 430 millones de pesos que fueron asignados a la Fundación Fibra para la ejecución de diversos proyectos en campamentos de la región.
