La Tercera Sala del Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido imponer la medida cautelar de arraigo nacional a dos imputadas por los delitos de fraude al fisco reiterado en el marco de la arista de la Fundación Fibra, en el contexto del conocido Caso Convenios. La resolución se produjo tras una tercera audiencia solicitada por la Fiscalía local, que buscaba discutir las condiciones que regían para las representantes de la Fundación Movimiento Fibra, L.C. M. y M. D. O., quienes se encontraban bajo arresto domiciliario total desde mediados de septiembre. La investigación se remonta a septiembre de 2022, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó tres convenios con la Fundación Fibra por un total de $430 millones para desarrollar obras básicas en tres campamentos de Antofagasta: Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre. Según la Fiscalía, la fundación no contaba con la experiencia, capacidad técnica ni financiera necesarias para llevar a cabo las obras de habitabilidad primaria. Ante las controversias surgidas por estos convenios, el Minvu tomó la decisión de poner fin anticipado a los contratos y exigió la devolución de los recursos otorgados.
La Tercera Sala del Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido imponer la medida cautelar de arraigo nacional a dos imputadas por los delitos de fraude al fisco reiterado en el marco de la arista de la Fundación Fibra, en el contexto del conocido Caso Convenios. La resolución se produjo tras una tercera audiencia solicitada por la Fiscalía local, que buscaba discutir las condiciones que regían para las representantes de la Fundación Movimiento Fibra, L.C. M. y M. D. O., quienes se encontraban bajo arresto domiciliario total desde mediados de septiembre. La investigación se remonta a septiembre de 2022, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó tres convenios con la Fundación Fibra por un total de $430 millones para desarrollar obras básicas en tres campamentos de Antofagasta: Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre. Según la Fiscalía, la fundación no contaba con la experiencia, capacidad técnica ni financiera necesarias para llevar a cabo las obras de habitabilidad primaria. Ante las controversias surgidas por estos convenios, el Minvu tomó la decisión de poner fin anticipado a los contratos y exigió la devolución de los recursos otorgados.
