Brasilia. La Corte Suprema de Brasil resolvió, este miércoles, juzgar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, lo que lo expone a una dura pena de prisión y mina sus aspiraciones de volver a la presidencia. La Fiscalía lo imputó en febrero por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones del 2022. En un país todavía marcado por el recuerdo de la última dictadura militar (1964-1985), el juicio contra el expresidente, quien se ha declarado nostálgico de ese periodo, promete ser histórico. Los cinco magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron por unanimidad abrir el proceso. Bolsonaro, de 70 años y quien podría enfrentar una condena de unos 40 años de prisión, clama su inocencia y se declara un “perseguido”. Aunque inhabilitado políticamente, Bolsonaro mantiene su voluntad de aspirar a la presidencia en las elecciones del 2026, ante un Lula en caída de popularidad. Los analistas estiman que es poco probable que sea detenido preventivamente, por lo que debería aguardar su juicio en libertad. Aunque no hay un plazo legal, “hay expectativa de que el caso sea juzgado este año”, para no interferir en las elecciones del año próximo. Por el momento, soy candidato, declaró días atrás. Compara su situación con la de Donald Trump y espera que el presidente estadounidense ejerza “influencia” a su favor. La incertidumbre sobre su futuro ocurre mientras Lula se muestra ambiguo sobre sus intenciones políticas antes de volver al poder por tercera vez en 2023. Fuente: La Nación
En una reciente resolución, el ministro en visita extraordinaria para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza, dictó sentencia contra dos exmilitares por el homicidio calificado de Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, ocurrido el 15 de septiembre de 1973, durante el tumultuoso periodo del Golpe de Estado. El tribunal condenó al coronel en retiro Patricio Ferrer a 12 años de prisión efectiva, junto con inhabilitaciones legales para ejercer cargos públicos y profesionales. En paralelo, el suboficial en retiro Miguel Lorca fue sentenciado a 4 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, pero también enfrentará las mismas inhabilitaciones y deberá asumir las costas judiciales. La investigación reveló que Espinoza, un conductor de Antofagasta, fue detenido sin justificación legal tras un accidente vehicular que involucró a un vehículo militar. En las instalaciones de la Intendencia Regional de Antofagasta, Ferrer y Lorca custodiaban a Espinoza, quien fue sometido a un interrogatorio bajo la orden del coronel Adrián Ortiz Gutman. En un acto que ha sido calificado como irregular , los exmilitares dispararon contra el detenido, causándole la muerte por traumatismo craneano y torácico. El fallo del ministro Troncoso enfatiza que los crímenes cometidos durante este periodo son considerados crímenes de lesa humanidad, lo que implica la aplicación estricta de normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, excluyendo beneficios como la prescripción o la amnistía. La sentencia subraya que los actos de los condenados fueron perpetrados con alevosía, aprovechando la indefensión de Espinoza en un contexto donde el régimen militar tenía control absoluto. El magistrado concluyó que no existieron pruebas que vincularan a la víctima con actividades delictivas o políticas relevantes, lo que resalta la gravedad de la detención y posterior ejecución del crimen.
Brasilia. La Corte Suprema de Brasil resolvió, este miércoles, juzgar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, lo que lo expone a una dura pena de prisión y mina sus aspiraciones de volver a la presidencia. La Fiscalía lo imputó en febrero por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones del 2022. En un país todavía marcado por el recuerdo de la última dictadura militar (1964-1985), el juicio contra el expresidente, quien se ha declarado nostálgico de ese periodo, promete ser histórico. Los cinco magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron por unanimidad abrir el proceso. Bolsonaro, de 70 años y quien podría enfrentar una condena de unos 40 años de prisión, clama su inocencia y se declara un “perseguido”. Aunque inhabilitado políticamente, Bolsonaro mantiene su voluntad de aspirar a la presidencia en las elecciones del 2026, ante un Lula en caída de popularidad. Los analistas estiman que es poco probable que sea detenido preventivamente, por lo que debería aguardar su juicio en libertad. Aunque no hay un plazo legal, “hay expectativa de que el caso sea juzgado este año”, para no interferir en las elecciones del año próximo. Por el momento, soy candidato, declaró días atrás. Compara su situación con la de Donald Trump y espera que el presidente estadounidense ejerza “influencia” a su favor. La incertidumbre sobre su futuro ocurre mientras Lula se muestra ambiguo sobre sus intenciones políticas antes de volver al poder por tercera vez en 2023. Fuente: La Nación
En una reciente resolución, el ministro en visita extraordinaria para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza, dictó sentencia contra dos exmilitares por el homicidio calificado de Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, ocurrido el 15 de septiembre de 1973, durante el tumultuoso periodo del Golpe de Estado. El tribunal condenó al coronel en retiro Patricio Ferrer a 12 años de prisión efectiva, junto con inhabilitaciones legales para ejercer cargos públicos y profesionales. En paralelo, el suboficial en retiro Miguel Lorca fue sentenciado a 4 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, pero también enfrentará las mismas inhabilitaciones y deberá asumir las costas judiciales. La investigación reveló que Espinoza, un conductor de Antofagasta, fue detenido sin justificación legal tras un accidente vehicular que involucró a un vehículo militar. En las instalaciones de la Intendencia Regional de Antofagasta, Ferrer y Lorca custodiaban a Espinoza, quien fue sometido a un interrogatorio bajo la orden del coronel Adrián Ortiz Gutman. En un acto que ha sido calificado como irregular , los exmilitares dispararon contra el detenido, causándole la muerte por traumatismo craneano y torácico. El fallo del ministro Troncoso enfatiza que los crímenes cometidos durante este periodo son considerados crímenes de lesa humanidad, lo que implica la aplicación estricta de normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, excluyendo beneficios como la prescripción o la amnistía. La sentencia subraya que los actos de los condenados fueron perpetrados con alevosía, aprovechando la indefensión de Espinoza en un contexto donde el régimen militar tenía control absoluto. El magistrado concluyó que no existieron pruebas que vincularan a la víctima con actividades delictivas o políticas relevantes, lo que resalta la gravedad de la detención y posterior ejecución del crimen.
