La defensa de Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazara su solicitud de acceder a una pena mixta, según lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 18.216. Esta decisión fue respaldada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, lo que motivó a los abogados de la exjefa comunal a presentar el recurso en busca de una resolución favorable. Ante esto, en el escrito presentado, el abogado Fidel Castro argumentó que el rechazo pone en riesgo la libertad personal de Rojo, alegando una infracción a la Constitución y las leyes chilenas. Además, solicitó que se restablezca elimperio del derecho y se otorgue a la exalcaldesa el beneficio de una pena mixta, lo que le permitiría cumplir parte de su condena bajo monitoreo telemático. Karen Rojo, quien fue condenada en 2021 a cinco años y un día de prisión efectiva por fraude al fisco ocurrido entre 2015 y 2016, huyó de Chile el 23 de marzo de 2022, el mismo día en que la Corte Suprema rechazó su recurso de nulidad. Desde entonces, se encuentra detenida en los Países Bajos, país donde fue arrestada el 13 de julio de 2022, tras 112 días como prófuga. Asimismo, la defensa de Rojo considera que la interpretación de la ley por parte de los tribunales ha sido errónea y restrictiva, lo que ha prolongado indebidamente su condena y privación de libertad. Además, se argumenta que el Estado de Chile, a través de un informe oficial en el proceso de extradición activa, ha reconocido que el tiempo de reclusión en los Países Bajos debe ser descontado de la pena de la exalcaldesa. Finalmente, en su escrito, la defensa también subrayó que la detención de Karen Rojo se ha vuelto ilegal, ya que se vulnera el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución. Según los abogados, la decisión de los tribunales chileno establece una discriminación arbitraria entre aquellos que cumplen su condena en Chile y los que lo hacen en el extranjero por orden de la justicia chilena. Además, se resaltó la buena conducta de Rojo durante su reclusión en el Servicio Penitenciario de los Países Bajos.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta resolvió a favor del Ministerio de Obras Públicas, rechazando la denuncia interpuesta por Daniel Fernández Villanueva, quien había demandado una vulneración de sus derechos fundamentales tras la no renovación de su contrata. En el fallo, la magistrada Sol López Pérez concluyó que la resolución no constituyó una represalia ni infracción a la garantía de indemnidad, como había alegado el demandante. Ante esto, el tribunal explicó que los motivos detrás de la decisión de no renovar la contrata de Fernández estaban debidamente fundamentados en antecedentes previos y conflictos laborales, no en las reclamaciones formuladas por el demandante. Aunque el tiempo entre los reclamos de Fernández y la resolución de su contrato era cercano, la decisión fue el resultado de una evaluación objetiva de su desempeño, no de un trato discriminatorio. Asimismo, respecto a las alegaciones de daño emocional y psicológico, el fallo subrayó que las razones expuestas en la resolución administrativa no afectaron la dignidad ni honra del actor, pues se trató de una motivación administrativa destinada a justificar la no renovación, y no con la intención de perjudicar al trabajador. Finalmente, la sentencia concluyó que no existió discriminación en el trato hacia Fernández, ya que las evaluaciones de su desempeño se basaron en indicadores de gestión establecidos y comparables con otros empleados. En consecuencia, el tribunal desestimó todas las demandas de vulneración de derechos fundamentales y validó la decisión del Ministerio de Obras Públicas. Este fallo reafirma la legalidad y objetividad en los procedimientos de no renovación de contratos, destacando la importancia de que las decisiones administrativas sean debidamente fundamentadas y basadas en el cumplimiento de metas laborales.
En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a los responsables de dos delitos de robo con violencia e intimidación perpetrados en la ciudad durante 2023. Jonder Lenadro Contreras Carrillo fue sentenciado a 13 años de presidio efectivo, junto con las accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos y profesiones titulares durante la vigencia de su condena. Los otros tres involucrados, Yefferson Daniel Landaeta Ortiz, Marcos Ronaldo Contreras Carrillo y Reinaldo Eguez Rivera, recibieron penas que varían entre los 5 y los 9 años de prisión. Ante esto, el tribunal acreditó que los acusados participaron activamente en los robos, que tuvieron lugar en julio y agosto de 2023, y que involucraron violencia física e intimidación con armas de fuego para arrebatar grandes sumas de dinero a sus víctimas. En ambos casos, los delincuentes atacaron a las víctimas en pleno día, golpeándolas y despojándolas de las mochilas con dinero destinado a depósitos bancarios. Asimismo, uno de los incidentes ocurrió el 4 de julio de 2023, cuando los acusados interceptaron a una víctima luego de que retirara $11.8 millones de una empresa comercial, para luego agredirla y robarle el dinero. Un mes después, el 4 de agosto, otro robo similar tuvo lugar, esta vez con una suma aún mayor, $25 millones, que fue arrebatada a una víctima mientras se dirigía al banco. En este robo participaron varios de los acusados, quienes usaron vehículos para seguir a la víctima hasta el lugar de los hechos. Tras una investigación exhaustiva, se logró recuperar parte del dinero sustraído y se identificaron a todos los responsables, quienes fueron detenidos y finalmente condenados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. El tribunal también dispuso que, una vez que el fallo quede ejecutoriado, se tome una muestra biológica a los sentenciados para ser incorporados en el registro nacional de ADN de condenados. Finalmente, la sentencia refleja la determinación de las autoridades para combatir los delitos violentos y garantizar la justicia para las víctimas de robo e intimidación en la región de Antofagasta.
La formalización de Jorge Valdivia, investigado por una segunda denuncia de violación, continuará este martes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, el aplazamiento se debe a la extensión de la audiencia del pasado lunes, que a las 19:00 horas aún no había concluido. Ante esto, la defensa del exfutbolista presentó sus argumentos durante la jornada, mientras las réplicas y el fallo quedaron pendientes para mañana. “Ya intervinieron el fiscal, ambos querellantes y nosotros. La defensa terminó su exposición, ahora vendrán las réplicas, que serán breves”, señaló Paula Vial, abogada de Valdivia. Asimismo, el procedimiento ha tomado más tiempo de lo esperado debido a la cantidad de antecedentes y pruebas audiovisuales en el caso, explicó la defensa. Hasta ahora, Jorge Valdivia permanece con arresto domiciliario nocturno, medida cautelar dictada tras revocarse la prisión preventiva en una denuncia previa. Finalmente, el tribunal espera concluir la formalización este martes, momento en el que se conocerán las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y las partes querellantes.
A partir de las 9:00 horas de este martes 19 de noviembre, el juez Mario Cayul dirigirá la reanudación de la audiencia de formalización contra Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía busca que se dicte prisión preventiva, mientras que la defensa —liderada por los abogados María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias — intentará demostrar que esta medida no es necesaria. Ante esto, la instancia ha captado alta expectación pública, especialmente por las filtraciones de la carpeta investigativa. Entre los antecedentes difundidos se encuentran informes de la PDI, declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad, los cuales generan dudas sobre las actuaciones de Monsalve y las implicancias en la indagatoria. Asimismo, el caso ha salpicado incluso al presidente Gabriel Boric, debido a discrepancias entre sus declaraciones públicas y las entregadas a la Fiscalía. El mandatario reconoció haber recibido información de Monsalve sobre la revisión de cámaras de seguridad relacionadas con el caso, pero negó conocer detalles específicos. Estas inconsistencias han sido objeto de análisis por parte de expertos legales. Para el exfiscal Carlos Gajardo, las pruebas y testimonios complican la situación procesal de Monsalve, mientras que otros especialistas, como la abogada Eva Guerrero, destacan la importancia de las incongruencias entre su versión y las evidencias presentadas. El penalista Diego Izquierdo añadió que los fundamentos de la prisión preventiva podrían incluir el riesgo para la seguridad pública. Finalmente, de comprobarse culpable de los delitos imputados, Manuel Monsalve enfrentaría una pena mínima de 15 años de cárcel. La audiencia de este martes será crucial para definir su futuro judicial.
La defensa de Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazara su solicitud de acceder a una pena mixta, según lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 18.216. Esta decisión fue respaldada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, lo que motivó a los abogados de la exjefa comunal a presentar el recurso en busca de una resolución favorable. Ante esto, en el escrito presentado, el abogado Fidel Castro argumentó que el rechazo pone en riesgo la libertad personal de Rojo, alegando una infracción a la Constitución y las leyes chilenas. Además, solicitó que se restablezca elimperio del derecho y se otorgue a la exalcaldesa el beneficio de una pena mixta, lo que le permitiría cumplir parte de su condena bajo monitoreo telemático. Karen Rojo, quien fue condenada en 2021 a cinco años y un día de prisión efectiva por fraude al fisco ocurrido entre 2015 y 2016, huyó de Chile el 23 de marzo de 2022, el mismo día en que la Corte Suprema rechazó su recurso de nulidad. Desde entonces, se encuentra detenida en los Países Bajos, país donde fue arrestada el 13 de julio de 2022, tras 112 días como prófuga. Asimismo, la defensa de Rojo considera que la interpretación de la ley por parte de los tribunales ha sido errónea y restrictiva, lo que ha prolongado indebidamente su condena y privación de libertad. Además, se argumenta que el Estado de Chile, a través de un informe oficial en el proceso de extradición activa, ha reconocido que el tiempo de reclusión en los Países Bajos debe ser descontado de la pena de la exalcaldesa. Finalmente, en su escrito, la defensa también subrayó que la detención de Karen Rojo se ha vuelto ilegal, ya que se vulnera el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución. Según los abogados, la decisión de los tribunales chileno establece una discriminación arbitraria entre aquellos que cumplen su condena en Chile y los que lo hacen en el extranjero por orden de la justicia chilena. Además, se resaltó la buena conducta de Rojo durante su reclusión en el Servicio Penitenciario de los Países Bajos.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta resolvió a favor del Ministerio de Obras Públicas, rechazando la denuncia interpuesta por Daniel Fernández Villanueva, quien había demandado una vulneración de sus derechos fundamentales tras la no renovación de su contrata. En el fallo, la magistrada Sol López Pérez concluyó que la resolución no constituyó una represalia ni infracción a la garantía de indemnidad, como había alegado el demandante. Ante esto, el tribunal explicó que los motivos detrás de la decisión de no renovar la contrata de Fernández estaban debidamente fundamentados en antecedentes previos y conflictos laborales, no en las reclamaciones formuladas por el demandante. Aunque el tiempo entre los reclamos de Fernández y la resolución de su contrato era cercano, la decisión fue el resultado de una evaluación objetiva de su desempeño, no de un trato discriminatorio. Asimismo, respecto a las alegaciones de daño emocional y psicológico, el fallo subrayó que las razones expuestas en la resolución administrativa no afectaron la dignidad ni honra del actor, pues se trató de una motivación administrativa destinada a justificar la no renovación, y no con la intención de perjudicar al trabajador. Finalmente, la sentencia concluyó que no existió discriminación en el trato hacia Fernández, ya que las evaluaciones de su desempeño se basaron en indicadores de gestión establecidos y comparables con otros empleados. En consecuencia, el tribunal desestimó todas las demandas de vulneración de derechos fundamentales y validó la decisión del Ministerio de Obras Públicas. Este fallo reafirma la legalidad y objetividad en los procedimientos de no renovación de contratos, destacando la importancia de que las decisiones administrativas sean debidamente fundamentadas y basadas en el cumplimiento de metas laborales.
En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a los responsables de dos delitos de robo con violencia e intimidación perpetrados en la ciudad durante 2023. Jonder Lenadro Contreras Carrillo fue sentenciado a 13 años de presidio efectivo, junto con las accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos y profesiones titulares durante la vigencia de su condena. Los otros tres involucrados, Yefferson Daniel Landaeta Ortiz, Marcos Ronaldo Contreras Carrillo y Reinaldo Eguez Rivera, recibieron penas que varían entre los 5 y los 9 años de prisión. Ante esto, el tribunal acreditó que los acusados participaron activamente en los robos, que tuvieron lugar en julio y agosto de 2023, y que involucraron violencia física e intimidación con armas de fuego para arrebatar grandes sumas de dinero a sus víctimas. En ambos casos, los delincuentes atacaron a las víctimas en pleno día, golpeándolas y despojándolas de las mochilas con dinero destinado a depósitos bancarios. Asimismo, uno de los incidentes ocurrió el 4 de julio de 2023, cuando los acusados interceptaron a una víctima luego de que retirara $11.8 millones de una empresa comercial, para luego agredirla y robarle el dinero. Un mes después, el 4 de agosto, otro robo similar tuvo lugar, esta vez con una suma aún mayor, $25 millones, que fue arrebatada a una víctima mientras se dirigía al banco. En este robo participaron varios de los acusados, quienes usaron vehículos para seguir a la víctima hasta el lugar de los hechos. Tras una investigación exhaustiva, se logró recuperar parte del dinero sustraído y se identificaron a todos los responsables, quienes fueron detenidos y finalmente condenados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. El tribunal también dispuso que, una vez que el fallo quede ejecutoriado, se tome una muestra biológica a los sentenciados para ser incorporados en el registro nacional de ADN de condenados. Finalmente, la sentencia refleja la determinación de las autoridades para combatir los delitos violentos y garantizar la justicia para las víctimas de robo e intimidación en la región de Antofagasta.
La formalización de Jorge Valdivia, investigado por una segunda denuncia de violación, continuará este martes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, el aplazamiento se debe a la extensión de la audiencia del pasado lunes, que a las 19:00 horas aún no había concluido. Ante esto, la defensa del exfutbolista presentó sus argumentos durante la jornada, mientras las réplicas y el fallo quedaron pendientes para mañana. “Ya intervinieron el fiscal, ambos querellantes y nosotros. La defensa terminó su exposición, ahora vendrán las réplicas, que serán breves”, señaló Paula Vial, abogada de Valdivia. Asimismo, el procedimiento ha tomado más tiempo de lo esperado debido a la cantidad de antecedentes y pruebas audiovisuales en el caso, explicó la defensa. Hasta ahora, Jorge Valdivia permanece con arresto domiciliario nocturno, medida cautelar dictada tras revocarse la prisión preventiva en una denuncia previa. Finalmente, el tribunal espera concluir la formalización este martes, momento en el que se conocerán las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y las partes querellantes.
A partir de las 9:00 horas de este martes 19 de noviembre, el juez Mario Cayul dirigirá la reanudación de la audiencia de formalización contra Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía busca que se dicte prisión preventiva, mientras que la defensa —liderada por los abogados María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias — intentará demostrar que esta medida no es necesaria. Ante esto, la instancia ha captado alta expectación pública, especialmente por las filtraciones de la carpeta investigativa. Entre los antecedentes difundidos se encuentran informes de la PDI, declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad, los cuales generan dudas sobre las actuaciones de Monsalve y las implicancias en la indagatoria. Asimismo, el caso ha salpicado incluso al presidente Gabriel Boric, debido a discrepancias entre sus declaraciones públicas y las entregadas a la Fiscalía. El mandatario reconoció haber recibido información de Monsalve sobre la revisión de cámaras de seguridad relacionadas con el caso, pero negó conocer detalles específicos. Estas inconsistencias han sido objeto de análisis por parte de expertos legales. Para el exfiscal Carlos Gajardo, las pruebas y testimonios complican la situación procesal de Monsalve, mientras que otros especialistas, como la abogada Eva Guerrero, destacan la importancia de las incongruencias entre su versión y las evidencias presentadas. El penalista Diego Izquierdo añadió que los fundamentos de la prisión preventiva podrían incluir el riesgo para la seguridad pública. Finalmente, de comprobarse culpable de los delitos imputados, Manuel Monsalve enfrentaría una pena mínima de 15 años de cárcel. La audiencia de este martes será crucial para definir su futuro judicial.
