El Tribunal Ambiental emitió este lunes 9 de diciembre un fallo favorable a Andes Iron, la empresa detrás del polémico proyecto minero-portuario Dominga, que busca extraer hierro y cobre en La Higuera, región de Coquimbo. La resolución acogió la reclamación de la compañía, ordenando que el Comité de Ministros vuelva a votar el proyecto en un plazo de 15 días. La sentencia señala que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la exministra de Minería, Marcela Hernando, actuaron con falta de imparcialidad durante la sesión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto en enero de 2023. Según el fallo, Rojas habría vulnerado este principio fundamental al emitir su voto en contra de Dominga, mientras que Hernando mostró oposición al proyecto desde 2017, cuando, como diputada, integró una comisión investigadora que elaboró un informe desfavorable. El tribunal, según señala fastcheck, concluyó que estas circunstancias afectaron la legitimidad de la decisión del Comité, al considerar que dichas autoridades ya habían expresado posturas previas sobre el caso. Sin embargo, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, está habilitada para participar en la nueva votación. Además de los cuestionamientos éticos, el fallo indicó que el Comité de Ministros incurrió en irregularidades técnicas al acoger reclamaciones sobre supuestos defectos en la evaluación ambiental del proyecto, señalando que dichas objeciones no se sustentaban. El proyecto Dominga, propiedad de Andes Iron, controlada por Carlos Alberto Délano, ha generado controversia desde su presentación en 2013. Busca instalar una mina de hierro y cobre, junto con un megapuerto, en una zona cercana a áreas protegidas que albergan especies en peligro de extinción. Esto ha movilizado a detractores, quienes, bajo el lema “No a Dominga”, han recurrido a distintas instancias legales para frenar su aprobación. Por otro lado, el proyecto cuenta con el respaldo de algunas agrupaciones locales, incluidos pescadores, que ven en Dominga una oportunidad económica para la región. La cronología del proyecto refleja un largo historial de decisiones y contramarchas: Primer gobierno de Sebastián Piñera Septiembre 2013: Dominga ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Segundo gobierno de Michelle Bachelet Marzo 2017: El Comité de Evaluación (Coeva) rechaza el proyecto por 7 votos contra 6. Agosto 2017: El Comité de Ministros confirma el rechazo. Noviembre 2017: Andes Iron recurre al Tribunal Ambiental. Segundo gobierno de Sebastián Piñera Abril 2018: El Tribunal Ambiental ordena repetir la votación. Septiembre 2019: La Corte Suprema anula esta decisión, pero ordena un nuevo pronunciamiento. Agosto 2021: El Coeva aprueba Dominga por 11 votos contra 1. Gobierno de Gabriel Boric Enero 2023: El Comité de Ministros rechaza nuevamente el proyecto por unanimidad. Diciembre 2024: El Tribunal Ambiental ordena repetir la votación en un plazo de 15 días. El fallo subraya la importancia de cumplir con principios de imparcialidad y rigurosidad técnica en los procesos de evaluación ambiental, elementos que han sido eje central de la disputa en torno al proyecto Dominga.
El Tribunal Ambiental emitió este lunes 9 de diciembre un fallo favorable a Andes Iron, la empresa detrás del polémico proyecto minero-portuario Dominga, que busca extraer hierro y cobre en La Higuera, región de Coquimbo. La resolución acogió la reclamación de la compañía, ordenando que el Comité de Ministros vuelva a votar el proyecto en un plazo de 15 días. La sentencia señala que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la exministra de Minería, Marcela Hernando, actuaron con falta de imparcialidad durante la sesión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto en enero de 2023. Según el fallo, Rojas habría vulnerado este principio fundamental al emitir su voto en contra de Dominga, mientras que Hernando mostró oposición al proyecto desde 2017, cuando, como diputada, integró una comisión investigadora que elaboró un informe desfavorable. El tribunal, según señala fastcheck, concluyó que estas circunstancias afectaron la legitimidad de la decisión del Comité, al considerar que dichas autoridades ya habían expresado posturas previas sobre el caso. Sin embargo, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, está habilitada para participar en la nueva votación. Además de los cuestionamientos éticos, el fallo indicó que el Comité de Ministros incurrió en irregularidades técnicas al acoger reclamaciones sobre supuestos defectos en la evaluación ambiental del proyecto, señalando que dichas objeciones no se sustentaban. El proyecto Dominga, propiedad de Andes Iron, controlada por Carlos Alberto Délano, ha generado controversia desde su presentación en 2013. Busca instalar una mina de hierro y cobre, junto con un megapuerto, en una zona cercana a áreas protegidas que albergan especies en peligro de extinción. Esto ha movilizado a detractores, quienes, bajo el lema “No a Dominga”, han recurrido a distintas instancias legales para frenar su aprobación. Por otro lado, el proyecto cuenta con el respaldo de algunas agrupaciones locales, incluidos pescadores, que ven en Dominga una oportunidad económica para la región. La cronología del proyecto refleja un largo historial de decisiones y contramarchas: Primer gobierno de Sebastián Piñera Septiembre 2013: Dominga ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Segundo gobierno de Michelle Bachelet Marzo 2017: El Comité de Evaluación (Coeva) rechaza el proyecto por 7 votos contra 6. Agosto 2017: El Comité de Ministros confirma el rechazo. Noviembre 2017: Andes Iron recurre al Tribunal Ambiental. Segundo gobierno de Sebastián Piñera Abril 2018: El Tribunal Ambiental ordena repetir la votación. Septiembre 2019: La Corte Suprema anula esta decisión, pero ordena un nuevo pronunciamiento. Agosto 2021: El Coeva aprueba Dominga por 11 votos contra 1. Gobierno de Gabriel Boric Enero 2023: El Comité de Ministros rechaza nuevamente el proyecto por unanimidad. Diciembre 2024: El Tribunal Ambiental ordena repetir la votación en un plazo de 15 días. El fallo subraya la importancia de cumplir con principios de imparcialidad y rigurosidad técnica en los procesos de evaluación ambiental, elementos que han sido eje central de la disputa en torno al proyecto Dominga.
