Durante la presente jornada de miércoles, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se reunió con las comunidades indígenas de Atacama La Grande para presentar el Plan de Tierras Lickanantay cuyo objetivo es avanzar en las tramitaciones de transferencia de dominio territorial y concesiones a las comunidades atacameñas. Este plan se enmarca dentro de la Estrategia Nacional del Litio en concordancia con comunidades locales y la protección del medio ambiente. En esa misma línea, el titular de la cartera, sostuvo que el objetivo del Plan de Tierras Lickanantay es impulsar el proceso de restitución territorial de la tierra en Atacama La Grande mediante la disposición y asignación de la administración de la propiedad fiscal en favor de las comunidades indígenas atacameñas. Hay tres grandes pilares del Plan de Tierras: un diálogo intercultural que ha iniciado la Unidad de Pueblos Indígenas de los equipos regionales del Ministerio de Bienes Nacionales; la definición de las tierras o polígonos que van a ser transferidos, y los procesos administrativos, agregó el secretario de Estado. La instancia involucró la participación y planteamientos de representantes de las comunidades del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Atacama La Grande, quienes agradecieron que el Estado cumpla con su compromiso y manifestaron los que a su juicio son los principales nudos, relacionados con la restitución territorial, para avanzar en la concreción de la Estrategia Nacional del Litio. Por último, consignar que esta mesa de trabajo se instruyó para abordar las demandas territoriales de las comunidades atacameñas que integran el consejo, un espacio participativo que incluye instituciones y comunidades atacameñas incumbentes, con el fin de determinar la factibilidad de cada pretensión territorial y monitorear su avance.
Fue en el desarrollo de esta última jornada, que se destaparon nuevos antecedentes de la truncada transacción en cuanto a la compraventa de la casa del exPresidente Salvador Allende, inmueble que el Gobierno buscaba reconvertirla en museo, a modo de patrimonio cultural del país. Un correo electrónico proveniente desde el Servicio Nacional de Patrimonio en abril de 2024, habría advertido a la Subsecretaría de Patrimonio la dificultad que significaba el vínculo de la ministra de Defensa, Maya Fernández -nieta del exmandatario-, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende -hija del otrora jefe de Estado- con la vivienda. Según recogió La Segunda este martes, el mencionado correo está en manos de la Fiscalía y es parte de los antecedentes recopilados en la investigación por eventual fraude al Fisco por esta venta, que finalmente no se concretó. De igual forma, el citado medio publicó parte del mail que advierte lo dificultoso de la compraventa “para efectos jurídicos”, aunque no se cita el artículo en particular que infringiría de la Constitución el negocio que en definitiva no se materializó. Se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos, reveló el documento digital que escaló dentro del Ministerio de las Culturas. Asimismo, dio cuenta que fuentes consultadas por dicho medio -vinculadas al caso- indicaron que el email fue una de las primeras alarmas que se percibieron sobre un posible conflicto de interés en el proceso, aunque admiten que no se profundizó en los artículos legales en juego. Así las cosas, cabe recordar que, al ser alertado públicamente de la situación, el Gobierno desistió de la compra, en acuerdo con la familia Allende pese a que el compromiso de compraventa ya estaba firmado, pero la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tuvo que salir de su cargo, pagando el costo político del caso.
Este jueves, Ciper reveló que el Ministerio de Bienes Nacionales, y en particular la extitular de la cartera Marcela Sandoval, advirtieron a la Presidencia que la compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo, podría generar un impacto político. En rigor, según el citado medio, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales alertaron que la compra del inmueble podría traer consecuencias “comunicacionales negativas”, aunque nunca se habló que podría ser inconstitucional como lo es por ley. Cabe recordar que la transacción involucraba a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende, ambas propietarias del inmueble, escenario que está expresamente prohibido por disposición legal. En este contexto, el hecho habría sido comunicado al equipo del Presidente Gabriel Boric en, al menos, tres reuniones ocurridas entre junio y noviembre de 2024.Además, esto lo habría transmitido la entonces ministra Marcela Sandoval -quien tuvo que dejar su cargo a raíz de la crisis- al asesor de Presidencia, Leonardo Moreno. El reportaje además, refiere que Moreno le habría indicado a Sandoval que los reparos planteados por Bienes Nacionales se tratarían de un “problema comunicacional del que se haría cargo Presidencia. Cuando el caso fue advertido por parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos, el Presidente Boric le pidió la renuncia a la exministra Sandoval para hacer valer las “responsabilidades políticas” del caso. Así las cosas, desde la Oposición buscan la salida también de la ministra Fernández, a quien acusarán constitucionalmente según anunció el Partido Republicano, y de la senadora Allende, que ya fue acusada ante el Tribunal Constitucional. Con todo, actualmente la compra es investigada por presunto fraude al fisco. Entre los testigos e imputados que han declarado ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, figuran la ministra Fernández y la senadora Allende, quienes se acogieron a su derecho a guardar silencio. También han prestado testimonio funcionarios de Bienes Nacionales, del Ministerio de Cultura y de la Contraloría.
La jornada de este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a Francisco Figueroa nuevo ministro de Bienes Nacionales, tras la salida de Marcela Sandoval - a petición del Mandatario- debido al polémico y fallido proceso de compra de la casa del exPresidente Salvador Allende que buscaba ser reconvertida en un tipo de museo. El recién asumido titular de la cartera en cuestión, es periodista de la Universidad de Chile y magíster en Cultura y Sociedad. Entre marzo de 2022 y agosto de 2023, se desempeñó como Jefe de Gabinete de la entonces ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro; de quien posteriormente fue Jefe de Gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Vale recordar, que entre 2012 y 2015, fue director de la Fundación Nodo XXI; y entre 2009 y 2011, ejerció como vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Tras ser conocida la designación, desde algunos sectores del Socialismo Democrático cuestionaron la nominación de Figueroa y acusaron “inexperiencia” del exdirigente estudiantil y que su designación responde a motivos de cuoteo político. Ante lo cual, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aysén Etcheverry, salió al paso de los cuestionamientos, aclarando que “tiene un currículum sustantivo con estudios universitarios y de posgrado”, destacó la titular haciendo referencia a su magíster en Cultura y Sociedad en la London School of Economics and Political Science de Inglaterra. “Además conoce el Ministerio de Bienes Nacionales por dentro, lo que permite en este periodo una introducción al ministerio que es rápida, efectiva y que por cierto nos permite continuar con esta agenda que como decíamos es tan importante, por ejemplo en materia de Plan de Emergencia Habitacional que sabemos que es una de esas áreas que no se puede retrasar y en la que tenemos que trabajar intensamente cada minuto”, acotó la secretaria de Estado. Finalmente, la portavoz concluyó su alocución enfatizando que “los nombramientos de ministros y ministras son atribución exclusiva del Presidente de la República” y que “se hacen considerando las necesidades y las agendas de nuestro gobierno”.
Durante la presente jornada de miércoles, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se reunió con las comunidades indígenas de Atacama La Grande para presentar el Plan de Tierras Lickanantay cuyo objetivo es avanzar en las tramitaciones de transferencia de dominio territorial y concesiones a las comunidades atacameñas. Este plan se enmarca dentro de la Estrategia Nacional del Litio en concordancia con comunidades locales y la protección del medio ambiente. En esa misma línea, el titular de la cartera, sostuvo que el objetivo del Plan de Tierras Lickanantay es impulsar el proceso de restitución territorial de la tierra en Atacama La Grande mediante la disposición y asignación de la administración de la propiedad fiscal en favor de las comunidades indígenas atacameñas. Hay tres grandes pilares del Plan de Tierras: un diálogo intercultural que ha iniciado la Unidad de Pueblos Indígenas de los equipos regionales del Ministerio de Bienes Nacionales; la definición de las tierras o polígonos que van a ser transferidos, y los procesos administrativos, agregó el secretario de Estado. La instancia involucró la participación y planteamientos de representantes de las comunidades del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Atacama La Grande, quienes agradecieron que el Estado cumpla con su compromiso y manifestaron los que a su juicio son los principales nudos, relacionados con la restitución territorial, para avanzar en la concreción de la Estrategia Nacional del Litio. Por último, consignar que esta mesa de trabajo se instruyó para abordar las demandas territoriales de las comunidades atacameñas que integran el consejo, un espacio participativo que incluye instituciones y comunidades atacameñas incumbentes, con el fin de determinar la factibilidad de cada pretensión territorial y monitorear su avance.
Fue en el desarrollo de esta última jornada, que se destaparon nuevos antecedentes de la truncada transacción en cuanto a la compraventa de la casa del exPresidente Salvador Allende, inmueble que el Gobierno buscaba reconvertirla en museo, a modo de patrimonio cultural del país. Un correo electrónico proveniente desde el Servicio Nacional de Patrimonio en abril de 2024, habría advertido a la Subsecretaría de Patrimonio la dificultad que significaba el vínculo de la ministra de Defensa, Maya Fernández -nieta del exmandatario-, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende -hija del otrora jefe de Estado- con la vivienda. Según recogió La Segunda este martes, el mencionado correo está en manos de la Fiscalía y es parte de los antecedentes recopilados en la investigación por eventual fraude al Fisco por esta venta, que finalmente no se concretó. De igual forma, el citado medio publicó parte del mail que advierte lo dificultoso de la compraventa “para efectos jurídicos”, aunque no se cita el artículo en particular que infringiría de la Constitución el negocio que en definitiva no se materializó. Se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos, reveló el documento digital que escaló dentro del Ministerio de las Culturas. Asimismo, dio cuenta que fuentes consultadas por dicho medio -vinculadas al caso- indicaron que el email fue una de las primeras alarmas que se percibieron sobre un posible conflicto de interés en el proceso, aunque admiten que no se profundizó en los artículos legales en juego. Así las cosas, cabe recordar que, al ser alertado públicamente de la situación, el Gobierno desistió de la compra, en acuerdo con la familia Allende pese a que el compromiso de compraventa ya estaba firmado, pero la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tuvo que salir de su cargo, pagando el costo político del caso.
Este jueves, Ciper reveló que el Ministerio de Bienes Nacionales, y en particular la extitular de la cartera Marcela Sandoval, advirtieron a la Presidencia que la compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo, podría generar un impacto político. En rigor, según el citado medio, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales alertaron que la compra del inmueble podría traer consecuencias “comunicacionales negativas”, aunque nunca se habló que podría ser inconstitucional como lo es por ley. Cabe recordar que la transacción involucraba a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende, ambas propietarias del inmueble, escenario que está expresamente prohibido por disposición legal. En este contexto, el hecho habría sido comunicado al equipo del Presidente Gabriel Boric en, al menos, tres reuniones ocurridas entre junio y noviembre de 2024.Además, esto lo habría transmitido la entonces ministra Marcela Sandoval -quien tuvo que dejar su cargo a raíz de la crisis- al asesor de Presidencia, Leonardo Moreno. El reportaje además, refiere que Moreno le habría indicado a Sandoval que los reparos planteados por Bienes Nacionales se tratarían de un “problema comunicacional del que se haría cargo Presidencia. Cuando el caso fue advertido por parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos, el Presidente Boric le pidió la renuncia a la exministra Sandoval para hacer valer las “responsabilidades políticas” del caso. Así las cosas, desde la Oposición buscan la salida también de la ministra Fernández, a quien acusarán constitucionalmente según anunció el Partido Republicano, y de la senadora Allende, que ya fue acusada ante el Tribunal Constitucional. Con todo, actualmente la compra es investigada por presunto fraude al fisco. Entre los testigos e imputados que han declarado ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, figuran la ministra Fernández y la senadora Allende, quienes se acogieron a su derecho a guardar silencio. También han prestado testimonio funcionarios de Bienes Nacionales, del Ministerio de Cultura y de la Contraloría.
La jornada de este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a Francisco Figueroa nuevo ministro de Bienes Nacionales, tras la salida de Marcela Sandoval - a petición del Mandatario- debido al polémico y fallido proceso de compra de la casa del exPresidente Salvador Allende que buscaba ser reconvertida en un tipo de museo. El recién asumido titular de la cartera en cuestión, es periodista de la Universidad de Chile y magíster en Cultura y Sociedad. Entre marzo de 2022 y agosto de 2023, se desempeñó como Jefe de Gabinete de la entonces ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro; de quien posteriormente fue Jefe de Gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Vale recordar, que entre 2012 y 2015, fue director de la Fundación Nodo XXI; y entre 2009 y 2011, ejerció como vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Tras ser conocida la designación, desde algunos sectores del Socialismo Democrático cuestionaron la nominación de Figueroa y acusaron “inexperiencia” del exdirigente estudiantil y que su designación responde a motivos de cuoteo político. Ante lo cual, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aysén Etcheverry, salió al paso de los cuestionamientos, aclarando que “tiene un currículum sustantivo con estudios universitarios y de posgrado”, destacó la titular haciendo referencia a su magíster en Cultura y Sociedad en la London School of Economics and Political Science de Inglaterra. “Además conoce el Ministerio de Bienes Nacionales por dentro, lo que permite en este periodo una introducción al ministerio que es rápida, efectiva y que por cierto nos permite continuar con esta agenda que como decíamos es tan importante, por ejemplo en materia de Plan de Emergencia Habitacional que sabemos que es una de esas áreas que no se puede retrasar y en la que tenemos que trabajar intensamente cada minuto”, acotó la secretaria de Estado. Finalmente, la portavoz concluyó su alocución enfatizando que “los nombramientos de ministros y ministras son atribución exclusiva del Presidente de la República” y que “se hacen considerando las necesidades y las agendas de nuestro gobierno”.