Un grupo de diputados de oposición, específicamente Renovación Nacional, presentaron un proyecto de ley que estipula la tipificación del robo cometido por un tumulto de personas, ampliamente conocido como ''turbazo''. De acuerdo a lo expresado por los parlamentarios, el propósito de esta iniciativa es establecer como un delito independiente el tipo penal de robo realizado por una multitud o grupo tumultuoso. Cabe señalar que actualmente este tipo de acto delictivo no está contemplado por ley en Chile, es por ello que la moción asegura que el ‘turbazo’ no se refiere a un tipo penal específico dentro de la legislación chilena, sino más bien a la descripción de un método de robo que involucra a varias personas para que, usando violencia o intimidación, comentan un delito. Es justamente lo anterior -a juicio de los legisladores- lo que dificulta las detenciones en el momento, ya que los delincuentes, al ser numerosos, logran distraer y superar las capacidades de seguridad en el lugar. En esa misma línea, los congresales argumentan que “los delincuentes siguen desarrollando formas de delinquir, adaptándose y creando nuevas modalidades de crimen más organizadas y de mayor impacto”. “Se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, la apropiación de dinero o especies cometida en un inmueble dedicado a la vivienda, local comercial u oficina, cuando fuere perpetrada por un grupo de individuos valiéndose de tumulto o multitud, sin que medie violencia o intimidación en las personas, en cuyo caso se aplicará la pena dispuesta en el inciso primero”, concluye el texto. Con todo, la propuesta, liderada por Diego Schalper, busca modificar el artículo 436 del Código Penal; y a su vez, cuenta con las firmas de Eduardo Durán, Marcia Raphael, Miguel Mellado, Carla Morales, Frank Sauerbaum, Leonidas Romero, Camila Flores, José Miguel Castro y Juan Carlos Beltrán.
Como una manera de compensar el trabajo realizado por miles de vocales a lo largo y ancho del país, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca entregarles u n día libre a quienes prestaron servicios durante la pasada jornada doble de elecciones municipales y regionales, puesto que muchos de ellos estuvieron hasta altas horas de al madrugada del lunes 28 de octubre. La medida -incluida en el boletín N°17221- modifica la ley 18.700 y establece que los vocales puedan hacer uso de esta jornada libre de trabajo dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley y aplica para todos los trabajadores y trabajadoras. El texto, presentado por el diputado Luis Cuello (PC), señala que sería justo y correcto reconocer el esfuerzo de los 116.012 chilenos que se desempeñaron como vocales de mesa. Esto garantizaría una igualdad de condiciones, independiente de su situación laboral o personal. Con todo, la moción sostiene que con este beneficio se fortalecerá la participación ciudadana, la transparencia y la legitimidad del sistema democrático. Asimismo, que establecer un día de permiso incentivaría a más personas a participar como vocales de mesa, fortaleciendo así la democracia y la participación cívica en el proceso electoral. Por último, el trámite en cuestión deberá seguir siendo discutido y avanzando en su tramitación legislativa.
Durante este martes, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó que el proyecto de ley sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) será presentado la próxima semana, en la segunda semana de octubre. Aunque no especificó un día exacto, destacó la importancia de esta iniciativa que también busca modernizar el financiamiento de la educación superior en Chile. Cataldo explicó que el Gobierno decidió no presentar la propuesta en septiembre, esperando que se desarrollara la discusión presupuestaria. En declaraciones a El Mercurio, enfatizó que hemos sido claros desde que tomamos la decisión de no ingresarlo en el mes de septiembre . Según una encuesta Cadem publicada el 22 de septiembre, solo un 14% de los encuestados consideró la condonación del CAE como la reforma más relevante para el futuro del país. En contraste, solo el 10% la identificó como el principal problema de la educación . Respecto al financiamiento de esta medida, el 28% de los consultados expresó su acuerdo con aumentar los impuestos para financiar la condonación del CAE, mientras que un 64% se mostró en desacuerdo. Por otro lado, el 14% prefirió que el Estado gaste menos en otras áreas de la educación para financiar la condonación del CAE , una opción rechazada por el 78% de los encuestados.
La Cámara de Diputadas y Diputados ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos de los consumidores al aprobar, tanto en general como en particular, un proyecto de ley que prohíbe los mensajes spam y las cobranzas extrajudiciales. La medida, que ahora será discutida en el Senado, tiene como objetivo principal resguardar a los ciudadanos de las llamadas publicitarias realizadas sin su consentimiento. Ante esto, el proyecto introduce un nuevo derecho que establece que los consumidores no deberán recibir llamados telefónicos ni mensajes de proveedores con fines publicitarios a menos que exista un consentimiento expreso. Este consentimiento podrá manifestarse a través de una declaración escrita o de medios electrónicos equivalentes, así como por medio de actos afirmativos que demuestren claramente la voluntad del usuario. Asimismo, las violaciones a esta normativa serán sancionadas con multas que pueden alcanzar hasta mil unidades tributarias mensuales, lo que equivale a aproximadamente $66 millones de pesos, de acuerdo con el valor de la UTM en septiembre de 2024. Además, la ley también estipula que el consentimiento no podrá ser solicitado si el proveedor ha iniciado el contacto, y todas las comunicaciones escritas deberán incluir el asunto y la identidad del remitente, así como una opción clara para solicitar la suspensión de futuros envíos. Ahora bien, se limitará la cantidad de contactos telefónicos y visitas permitidas para cobranzas a una cantidad específica por semana, independientemente de si la gestión es realizada por el proveedor del crédito o por una empresa de cobranza extrajudicial. Este movimiento legislativo responde a un creciente descontento entre los consumidores; según datos del Sernac, las quejas por llamadas publicitarias no consentidas han aumentado dramáticamente, pasando de más de 84 mil solicitudes en 2020 a más de 1 millón 200 mil en 2023.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial, permitiendo que el Congreso despachara el proyecto de ley que establece que las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 se llevarán a cabo en dos días: el sábado 26 y el domingo 27 de octubre. Aunque había consenso en realizar las elecciones en dos días, la oposición y el oficialismo tuvieron discrepancias sobre varios puntos, como la multa para quienes no acudan a votar, el feriado durante el día de elecciones y la regulación de las campañas electorales en redes sociales. En las próximas elecciones, los ciudadanos y ciudadanas votarán por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, por lo que se anticipa que los tiempos de votación serán más largos de lo habitual. El Gobierno de Gabriel Boric introdujo algunas modificaciones al proyecto, como la eliminación de la ley seca que prohibía la venta de alcoholes el día de las elecciones, medida que ya había sido aprobada por el Congreso. Uno de los puntos más controvertidos era la multa para quienes no voten, dado que el voto es obligatorio. Finalmente, el Congreso aprobó una multa de 33 mil pesos para quienes no acudan a votar, incluyendo a los extranjeros con derecho a voto en Chile. Además, el Parlamento acordó que el domingo 27 de octubre será feriado para el comercio, mientras que el sábado 26 de octubre no lo será, permitiendo la atención en establecimientos comerciales. El proyecto también incluye la regulación de las campañas políticas en redes sociales, un tema que generó desacuerdos entre los legisladores pero que fue resuelto con esta aprobación.
Un grupo de diputados de oposición, específicamente Renovación Nacional, presentaron un proyecto de ley que estipula la tipificación del robo cometido por un tumulto de personas, ampliamente conocido como ''turbazo''. De acuerdo a lo expresado por los parlamentarios, el propósito de esta iniciativa es establecer como un delito independiente el tipo penal de robo realizado por una multitud o grupo tumultuoso. Cabe señalar que actualmente este tipo de acto delictivo no está contemplado por ley en Chile, es por ello que la moción asegura que el ‘turbazo’ no se refiere a un tipo penal específico dentro de la legislación chilena, sino más bien a la descripción de un método de robo que involucra a varias personas para que, usando violencia o intimidación, comentan un delito. Es justamente lo anterior -a juicio de los legisladores- lo que dificulta las detenciones en el momento, ya que los delincuentes, al ser numerosos, logran distraer y superar las capacidades de seguridad en el lugar. En esa misma línea, los congresales argumentan que “los delincuentes siguen desarrollando formas de delinquir, adaptándose y creando nuevas modalidades de crimen más organizadas y de mayor impacto”. “Se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, la apropiación de dinero o especies cometida en un inmueble dedicado a la vivienda, local comercial u oficina, cuando fuere perpetrada por un grupo de individuos valiéndose de tumulto o multitud, sin que medie violencia o intimidación en las personas, en cuyo caso se aplicará la pena dispuesta en el inciso primero”, concluye el texto. Con todo, la propuesta, liderada por Diego Schalper, busca modificar el artículo 436 del Código Penal; y a su vez, cuenta con las firmas de Eduardo Durán, Marcia Raphael, Miguel Mellado, Carla Morales, Frank Sauerbaum, Leonidas Romero, Camila Flores, José Miguel Castro y Juan Carlos Beltrán.
Como una manera de compensar el trabajo realizado por miles de vocales a lo largo y ancho del país, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca entregarles u n día libre a quienes prestaron servicios durante la pasada jornada doble de elecciones municipales y regionales, puesto que muchos de ellos estuvieron hasta altas horas de al madrugada del lunes 28 de octubre. La medida -incluida en el boletín N°17221- modifica la ley 18.700 y establece que los vocales puedan hacer uso de esta jornada libre de trabajo dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley y aplica para todos los trabajadores y trabajadoras. El texto, presentado por el diputado Luis Cuello (PC), señala que sería justo y correcto reconocer el esfuerzo de los 116.012 chilenos que se desempeñaron como vocales de mesa. Esto garantizaría una igualdad de condiciones, independiente de su situación laboral o personal. Con todo, la moción sostiene que con este beneficio se fortalecerá la participación ciudadana, la transparencia y la legitimidad del sistema democrático. Asimismo, que establecer un día de permiso incentivaría a más personas a participar como vocales de mesa, fortaleciendo así la democracia y la participación cívica en el proceso electoral. Por último, el trámite en cuestión deberá seguir siendo discutido y avanzando en su tramitación legislativa.
Durante este martes, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó que el proyecto de ley sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) será presentado la próxima semana, en la segunda semana de octubre. Aunque no especificó un día exacto, destacó la importancia de esta iniciativa que también busca modernizar el financiamiento de la educación superior en Chile. Cataldo explicó que el Gobierno decidió no presentar la propuesta en septiembre, esperando que se desarrollara la discusión presupuestaria. En declaraciones a El Mercurio, enfatizó que hemos sido claros desde que tomamos la decisión de no ingresarlo en el mes de septiembre . Según una encuesta Cadem publicada el 22 de septiembre, solo un 14% de los encuestados consideró la condonación del CAE como la reforma más relevante para el futuro del país. En contraste, solo el 10% la identificó como el principal problema de la educación . Respecto al financiamiento de esta medida, el 28% de los consultados expresó su acuerdo con aumentar los impuestos para financiar la condonación del CAE, mientras que un 64% se mostró en desacuerdo. Por otro lado, el 14% prefirió que el Estado gaste menos en otras áreas de la educación para financiar la condonación del CAE , una opción rechazada por el 78% de los encuestados.
La Cámara de Diputadas y Diputados ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos de los consumidores al aprobar, tanto en general como en particular, un proyecto de ley que prohíbe los mensajes spam y las cobranzas extrajudiciales. La medida, que ahora será discutida en el Senado, tiene como objetivo principal resguardar a los ciudadanos de las llamadas publicitarias realizadas sin su consentimiento. Ante esto, el proyecto introduce un nuevo derecho que establece que los consumidores no deberán recibir llamados telefónicos ni mensajes de proveedores con fines publicitarios a menos que exista un consentimiento expreso. Este consentimiento podrá manifestarse a través de una declaración escrita o de medios electrónicos equivalentes, así como por medio de actos afirmativos que demuestren claramente la voluntad del usuario. Asimismo, las violaciones a esta normativa serán sancionadas con multas que pueden alcanzar hasta mil unidades tributarias mensuales, lo que equivale a aproximadamente $66 millones de pesos, de acuerdo con el valor de la UTM en septiembre de 2024. Además, la ley también estipula que el consentimiento no podrá ser solicitado si el proveedor ha iniciado el contacto, y todas las comunicaciones escritas deberán incluir el asunto y la identidad del remitente, así como una opción clara para solicitar la suspensión de futuros envíos. Ahora bien, se limitará la cantidad de contactos telefónicos y visitas permitidas para cobranzas a una cantidad específica por semana, independientemente de si la gestión es realizada por el proveedor del crédito o por una empresa de cobranza extrajudicial. Este movimiento legislativo responde a un creciente descontento entre los consumidores; según datos del Sernac, las quejas por llamadas publicitarias no consentidas han aumentado dramáticamente, pasando de más de 84 mil solicitudes en 2020 a más de 1 millón 200 mil en 2023.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial, permitiendo que el Congreso despachara el proyecto de ley que establece que las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 se llevarán a cabo en dos días: el sábado 26 y el domingo 27 de octubre. Aunque había consenso en realizar las elecciones en dos días, la oposición y el oficialismo tuvieron discrepancias sobre varios puntos, como la multa para quienes no acudan a votar, el feriado durante el día de elecciones y la regulación de las campañas electorales en redes sociales. En las próximas elecciones, los ciudadanos y ciudadanas votarán por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, por lo que se anticipa que los tiempos de votación serán más largos de lo habitual. El Gobierno de Gabriel Boric introdujo algunas modificaciones al proyecto, como la eliminación de la ley seca que prohibía la venta de alcoholes el día de las elecciones, medida que ya había sido aprobada por el Congreso. Uno de los puntos más controvertidos era la multa para quienes no voten, dado que el voto es obligatorio. Finalmente, el Congreso aprobó una multa de 33 mil pesos para quienes no acudan a votar, incluyendo a los extranjeros con derecho a voto en Chile. Además, el Parlamento acordó que el domingo 27 de octubre será feriado para el comercio, mientras que el sábado 26 de octubre no lo será, permitiendo la atención en establecimientos comerciales. El proyecto también incluye la regulación de las campañas políticas en redes sociales, un tema que generó desacuerdos entre los legisladores pero que fue resuelto con esta aprobación.
