La jornada de este viernes se conoció un potencial caso de compras públicas adulteradas al interior del Hospital Doctor Carlos Cisternas de la comuna de Calama. De acuerdo a la denuncia interpuesta por el recinto hospitalario, una empresa prestadora de servicios habría ejecutado un fraude por más de $500 millones, mediante contratos irregulares y la falsificación de documentos. Según medios locales, la situación fue ratificada por el recinto asistencial después de que el diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, diera a conocer el caso a través de sus redes sociales, expuesto en un documento de 46 páginas de extensión. “Es grave que hayan facturas falsas en el hospital de Calama por cerca de 500 millones de pesos. Es un posible delito grave y vamos a oficiar al Ministerio de Salud. Tenemos que saber el detalle de este hecho. Saber de esta noticia es gravísimo”, puntualizó en congresal. Así, la autoridad recalcó la necesidad de una revisión detallada para clarificar el origen, manejo y destino de los fondos públicos en cuestión. Según confirmaron, la situación se encuentra materializada en una querella criminal interpuesta por el establecimiento en contra del jefe de Control Centralizado del Hospital y la representante legal de la empresa Four Services SPA. En concreto, el documento detalla que la empresa presentó facturas y órdenes de compra alteradas para s imular experiencia en servicios, logrando adjudicarse contratos en áreas como mantenimiento, arriendo de vehículos y adquisición de repuestos. Con todo, en su comunicado, el hospital subrayó que la denuncia presentada en diciembre de 2024 refuerza su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”.Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno.“Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”.“En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
La jornada de este viernes se conoció un potencial caso de compras públicas adulteradas al interior del Hospital Doctor Carlos Cisternas de la comuna de Calama. De acuerdo a la denuncia interpuesta por el recinto hospitalario, una empresa prestadora de servicios habría ejecutado un fraude por más de $500 millones, mediante contratos irregulares y la falsificación de documentos. Según medios locales, la situación fue ratificada por el recinto asistencial después de que el diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, diera a conocer el caso a través de sus redes sociales, expuesto en un documento de 46 páginas de extensión. “Es grave que hayan facturas falsas en el hospital de Calama por cerca de 500 millones de pesos. Es un posible delito grave y vamos a oficiar al Ministerio de Salud. Tenemos que saber el detalle de este hecho. Saber de esta noticia es gravísimo”, puntualizó en congresal. Así, la autoridad recalcó la necesidad de una revisión detallada para clarificar el origen, manejo y destino de los fondos públicos en cuestión. Según confirmaron, la situación se encuentra materializada en una querella criminal interpuesta por el establecimiento en contra del jefe de Control Centralizado del Hospital y la representante legal de la empresa Four Services SPA. En concreto, el documento detalla que la empresa presentó facturas y órdenes de compra alteradas para s imular experiencia en servicios, logrando adjudicarse contratos en áreas como mantenimiento, arriendo de vehículos y adquisición de repuestos. Con todo, en su comunicado, el hospital subrayó que la denuncia presentada en diciembre de 2024 refuerza su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”.Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno.“Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”.“En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
