El Tribunal Electoral Regional (TER) ha desestimado la solicitud de la defensa del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, para anular la prueba testimonial en el juicio que enfrenta por abandono de deberes. La defensa argumentaba que la notificación para acceder a la audiencia, programada para el 24 de septiembre, no se realizó con el tiempo suficiente, lo que supuestamente vulneró las garantías procesales de Velásquez. Según los antecedentes, el tribunal había fijado la fecha de la audiencia el 16 de septiembre, pero el enlace para conectarse fue enviado solo una hora antes, a las 08:00 horas del mismo día. La defensa alegó que esto contravenía el plazo mínimo de tres horas estipulado para las notificaciones. Sin embargo, el TER determinó que no hubo un perjuicio significativo que justificara la anulación de la audiencia. El tribunal señaló que la defensa había tenido conocimiento de la fecha y hora de la diligencia con una semana de anticipación y que los abogados del alcalde asistieron a una audiencia previa, lo que indicaba su conocimiento del proceso. En su fallo, el tribunal subrayó que, a pesar de que la notificación del enlace no cumplió con el tiempo estipulado, ello no fue suficiente para invalidar la audiencia, ya que los abogados debieron haber revisado oportunamente sus correos electrónicos como parte de sus responsabilidades procesales. El tribunal también hizo énfasis en que la confianza en el procedimiento establecido por el tribunal no podía ser desconocida.Asumimos sobre la base de la confianza depositada en las normas del procedimiento fijas por el tribunal de VSI, que la testifical no se llevaría a cabo; por cuanto sí sabía el incidentista que a las 9:00 horas habría una audiencia de prueba de testigos , por lo que por lo menos debió haber revisado con prolijidad su correo electrónico, cuestión que no hizo porque como el mismo lo señaló en su escrito fue suficiente revisarlo una vez , lo que no encuentra sustento para poder determinar que existió efectivamente un perjuicio , detalla el fallo. Con esta resolución, el TER concluyó que no hubo vulneración de las garantías constitucionales ni un perjuicio procesal irreparable en el caso del alcalde Velásquez, quien continúa enfrentando el juicio por abandono de deberes.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta se encuentra en medio de un proceso de remoción que involucra al alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, quien enfrenta serias acusaciones por faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes. Las audiencias, realizadas el 23 y 24 de septiembre, han visto la presentación de más de veinte testigos, algunos considerados cruciales para el caso. La situación se complica para Velásquez, quien busca su reelección en las próximas elecciones. De ser hallado culpable, podría enfrentar no solo la destitución de su cargo, sino también una inhabilitación de cinco años para ocupar cualquier puesto público. Las denuncias fueron formuladas por siete de los diez concejales de la ciudad y abarcan diversas irregularidades, incluyendo: Ilegalidades en el cierre del ex vertedero “La Chimba”. Modificaciones no aprobadas al contrato de transporte de residuos. Uso indebido de servicios legales municipales. Abuso en la contratación de servicios directos. Favores personales que vulneran principios de probidad. Pendientes en sumarios internos. Irregularidades en la administración de concesiones marítimas. Una de las pruebas más relevantes son las más de 700 páginas de conversaciones en WhatsApp, conocidas como los Plan 9 Papers, que revelan intercambios entre Velásquez y su equipo sobre decisiones que afectarían la transparencia de su gestión. Durante la jornada del lunes, la defensa del alcalde presentó a varios testigos, incluidos su jefe de gabinete, Diego Yáñez, y el asesor jurídico Felipe Guzmán. Sin embargo, la ausencia del ex asesor jurídico Marcelo Pizarro generó especulaciones sobre el proceso. En contraste, el martes se escucharon las declaraciones de testigos de la parte denunciante, como Cecilia Aqueveque, directora de Control, el director de El Diario de Antofagasta, Cristian Reyes, y la concejala Paz Fuica. Este juicio podría extenderse más allá del actual mandato de Velásquez, quien podría enfrentar serias consecuencias si es reelecto. La comunidad de Antofagasta observa con atención el desenlace de un caso que podría significar un cambio en el panorama político local, recordando situaciones similares como la de la ex alcaldesa Karen Rojo.
La reciente exclusión de 663 personas del padrón electoral de Sierra Gorda por parte del Tribunal Electoral Regional (TER) ha impulsado a la candidata a alcaldesa, Adriana Rivera, a tomar nuevas medidas legales. Rivera anunció que presentará estos antecedentes ante el Ministerio Público, con la intención de abrir una investigación penal por el presunto uso de domicilios falsos en los registros electorales. Rivera denunció que esta práctica ha sido recurrente en elecciones pasadas y ha beneficiado a ciertos candidatos.El fiscal también podría ver si el caso calza con una asociación ilícita con el fin de defraudar a toda una comuna. Acá es importante saber quién está detrás del acarreo, esa persona debiese tener un castigo ejemplificador , declaró la candidata. Aunque no mencionó nombres específicos, Rivera insinuó que los responsables podrían ser aquellos que han salido beneficiados en elecciones anteriores.Acá hay sólo que ver quienes se han beneficiado con el acarreo, ahí está la respuesta, pero eso es parte de la investigación que esperamos lidere la Fiscalía , señaló. Rivera también destacó que esta problemática no es nueva en la comuna, afirmando que todos los alcaldes anteriores llegaron al poder gracias al acarreo. Acá ha llegado gente a liderar la comuna y gente que no conocíamos , añadió. Finalmente, la candidata subrayó la importancia de erradicar el acarreo para permitir que candidatos locales lideren la comuna.Queremos que funcione la democracia en nuestra comuna, que puedan salir gente de acá electa y no enfrentemos más la idea de que llegue otra persona de afuera a imponer, concluyó Rivera. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adriana Rivera Vega (@adriana_rivera_vega)
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta decidió excluir a 663 personas del padrón electoral de la comuna de Sierra Gorda, luego de que se detectaran irregularidades en los domicilios de inscripción de estos votantes. La resolución se da en el contexto de una polémica que surgió tras la aparición de más de 800 nuevos votantes en dicho padrón, lo que generó preocupación a nivel regional y nacional. La solicitud de exclusión fue presentada por la candidata a alcaldesa por la comuna, Adriana Rivera Vega, quien recurrió al Tribunal conforme al artículo 49 de la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Rivera Vega había solicitado la exclusión de 886 personas, pero el TER finalmente acogió la exclusión de 663. En paralelo, el candidato de Chile Vamos, Diego Fernández, también intentó impugnar la inclusión de más de 400 personas en el padrón electoral de Sierra Gorda, pero su recurso solo logró que una persona fuera excluida, según reportó El Mercurio de Antofagasta.
Una tensa jornada de impugnaciones se produjo el pasado jueves en la comuna de Sierra Gorda, específicamente en el Tribunal Electoral Regional (TER) que culminó en un violento altercado, llegando a los golpes entre los candidatos por la alcaldía. Ante esto, los golpes se produjeron cuando bandos rivales se enfrentaron por un intercambio de acusaciones. Asimismo, varias personas intentaron calmar la situación, sin embargo la jueza del Tribunal Electoral Regional, Fabiola Rivera tuvo que intervenir y advirtió a los presentes que guarden silencio en este momento y vuelvan a mantener una conducta acorde a un ciudadano en un Estado de derecho o de inmediato llamo a Carabineros.
El Tribunal Electoral Regional (TER) ha desestimado la solicitud de la defensa del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, para anular la prueba testimonial en el juicio que enfrenta por abandono de deberes. La defensa argumentaba que la notificación para acceder a la audiencia, programada para el 24 de septiembre, no se realizó con el tiempo suficiente, lo que supuestamente vulneró las garantías procesales de Velásquez. Según los antecedentes, el tribunal había fijado la fecha de la audiencia el 16 de septiembre, pero el enlace para conectarse fue enviado solo una hora antes, a las 08:00 horas del mismo día. La defensa alegó que esto contravenía el plazo mínimo de tres horas estipulado para las notificaciones. Sin embargo, el TER determinó que no hubo un perjuicio significativo que justificara la anulación de la audiencia. El tribunal señaló que la defensa había tenido conocimiento de la fecha y hora de la diligencia con una semana de anticipación y que los abogados del alcalde asistieron a una audiencia previa, lo que indicaba su conocimiento del proceso. En su fallo, el tribunal subrayó que, a pesar de que la notificación del enlace no cumplió con el tiempo estipulado, ello no fue suficiente para invalidar la audiencia, ya que los abogados debieron haber revisado oportunamente sus correos electrónicos como parte de sus responsabilidades procesales. El tribunal también hizo énfasis en que la confianza en el procedimiento establecido por el tribunal no podía ser desconocida.Asumimos sobre la base de la confianza depositada en las normas del procedimiento fijas por el tribunal de VSI, que la testifical no se llevaría a cabo; por cuanto sí sabía el incidentista que a las 9:00 horas habría una audiencia de prueba de testigos , por lo que por lo menos debió haber revisado con prolijidad su correo electrónico, cuestión que no hizo porque como el mismo lo señaló en su escrito fue suficiente revisarlo una vez , lo que no encuentra sustento para poder determinar que existió efectivamente un perjuicio , detalla el fallo. Con esta resolución, el TER concluyó que no hubo vulneración de las garantías constitucionales ni un perjuicio procesal irreparable en el caso del alcalde Velásquez, quien continúa enfrentando el juicio por abandono de deberes.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta se encuentra en medio de un proceso de remoción que involucra al alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, quien enfrenta serias acusaciones por faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes. Las audiencias, realizadas el 23 y 24 de septiembre, han visto la presentación de más de veinte testigos, algunos considerados cruciales para el caso. La situación se complica para Velásquez, quien busca su reelección en las próximas elecciones. De ser hallado culpable, podría enfrentar no solo la destitución de su cargo, sino también una inhabilitación de cinco años para ocupar cualquier puesto público. Las denuncias fueron formuladas por siete de los diez concejales de la ciudad y abarcan diversas irregularidades, incluyendo: Ilegalidades en el cierre del ex vertedero “La Chimba”. Modificaciones no aprobadas al contrato de transporte de residuos. Uso indebido de servicios legales municipales. Abuso en la contratación de servicios directos. Favores personales que vulneran principios de probidad. Pendientes en sumarios internos. Irregularidades en la administración de concesiones marítimas. Una de las pruebas más relevantes son las más de 700 páginas de conversaciones en WhatsApp, conocidas como los Plan 9 Papers, que revelan intercambios entre Velásquez y su equipo sobre decisiones que afectarían la transparencia de su gestión. Durante la jornada del lunes, la defensa del alcalde presentó a varios testigos, incluidos su jefe de gabinete, Diego Yáñez, y el asesor jurídico Felipe Guzmán. Sin embargo, la ausencia del ex asesor jurídico Marcelo Pizarro generó especulaciones sobre el proceso. En contraste, el martes se escucharon las declaraciones de testigos de la parte denunciante, como Cecilia Aqueveque, directora de Control, el director de El Diario de Antofagasta, Cristian Reyes, y la concejala Paz Fuica. Este juicio podría extenderse más allá del actual mandato de Velásquez, quien podría enfrentar serias consecuencias si es reelecto. La comunidad de Antofagasta observa con atención el desenlace de un caso que podría significar un cambio en el panorama político local, recordando situaciones similares como la de la ex alcaldesa Karen Rojo.
La reciente exclusión de 663 personas del padrón electoral de Sierra Gorda por parte del Tribunal Electoral Regional (TER) ha impulsado a la candidata a alcaldesa, Adriana Rivera, a tomar nuevas medidas legales. Rivera anunció que presentará estos antecedentes ante el Ministerio Público, con la intención de abrir una investigación penal por el presunto uso de domicilios falsos en los registros electorales. Rivera denunció que esta práctica ha sido recurrente en elecciones pasadas y ha beneficiado a ciertos candidatos.El fiscal también podría ver si el caso calza con una asociación ilícita con el fin de defraudar a toda una comuna. Acá es importante saber quién está detrás del acarreo, esa persona debiese tener un castigo ejemplificador , declaró la candidata. Aunque no mencionó nombres específicos, Rivera insinuó que los responsables podrían ser aquellos que han salido beneficiados en elecciones anteriores.Acá hay sólo que ver quienes se han beneficiado con el acarreo, ahí está la respuesta, pero eso es parte de la investigación que esperamos lidere la Fiscalía , señaló. Rivera también destacó que esta problemática no es nueva en la comuna, afirmando que todos los alcaldes anteriores llegaron al poder gracias al acarreo. Acá ha llegado gente a liderar la comuna y gente que no conocíamos , añadió. Finalmente, la candidata subrayó la importancia de erradicar el acarreo para permitir que candidatos locales lideren la comuna.Queremos que funcione la democracia en nuestra comuna, que puedan salir gente de acá electa y no enfrentemos más la idea de que llegue otra persona de afuera a imponer, concluyó Rivera. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adriana Rivera Vega (@adriana_rivera_vega)
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta decidió excluir a 663 personas del padrón electoral de la comuna de Sierra Gorda, luego de que se detectaran irregularidades en los domicilios de inscripción de estos votantes. La resolución se da en el contexto de una polémica que surgió tras la aparición de más de 800 nuevos votantes en dicho padrón, lo que generó preocupación a nivel regional y nacional. La solicitud de exclusión fue presentada por la candidata a alcaldesa por la comuna, Adriana Rivera Vega, quien recurrió al Tribunal conforme al artículo 49 de la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Rivera Vega había solicitado la exclusión de 886 personas, pero el TER finalmente acogió la exclusión de 663. En paralelo, el candidato de Chile Vamos, Diego Fernández, también intentó impugnar la inclusión de más de 400 personas en el padrón electoral de Sierra Gorda, pero su recurso solo logró que una persona fuera excluida, según reportó El Mercurio de Antofagasta.
Una tensa jornada de impugnaciones se produjo el pasado jueves en la comuna de Sierra Gorda, específicamente en el Tribunal Electoral Regional (TER) que culminó en un violento altercado, llegando a los golpes entre los candidatos por la alcaldía. Ante esto, los golpes se produjeron cuando bandos rivales se enfrentaron por un intercambio de acusaciones. Asimismo, varias personas intentaron calmar la situación, sin embargo la jueza del Tribunal Electoral Regional, Fabiola Rivera tuvo que intervenir y advirtió a los presentes que guarden silencio en este momento y vuelvan a mantener una conducta acorde a un ciudadano en un Estado de derecho o de inmediato llamo a Carabineros.
