La Fiscalía de Antofagasta ha iniciado una investigación tras la denuncia de tres personas que fueron contactadas por individuos que se hicieron pasar por fiscales. Bajo la excusa de una supuesta investigación por visitar páginas o poseer material con contenido sexual, los estafadores exigieron pagos a las víctimas a través de WhatsApp para detener el presunto proceso judicial. Ante este nuevo modus operandi, la Fiscalía ha unificado las denuncias en una sola causa, a cargo de la unidad SACFI. La Fiscalía Regional de Antofagasta hace un llamado a la comunidad a extremar las precauciones y a denunciar de inmediato cualquier contacto sospechoso al Ministerio Público o a las policías, con el objetivo de identificar y detener a los responsables de esta estafa.
La Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI en Antofagasta ha advertido sobre el incremento de delitos de amenazas, destacando un cambio significativo en su forma de ejecución.Si antes predominaban las cartas anónimas o llamadas telefónicas, hoy se cometen principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales, señaló el subcomisario Pablo Gutiérrez Amestica. Según cifras de la PDI, en 2023 se registraron 330 casos de amenazas en la Región de Antofagasta, aumentando a 348 en 2024. En lo que va de 2025, ya se contabilizan 33 denuncias, reflejando una tendencia al alza. Ante esto, el anonimato que ofrecen las redes sociales, junto al uso de perfiles falsos y técnicas para ocultar la identidad, complica la identificación de los responsables. No existe un modus operandi único, lo que nos obliga a actualizar constantemente nuestras técnicas investigativas, explicó Gutiérrez. Recomendaciones para la ciudadanía El subcomisario aconseja a las víctimas de amenazas en línea denunciar de forma presencial ante la BICRIM y resguardar toda evidencia digital: capturas de pantalla, enlaces, perfiles o números involucrados. Además, enfatizó que la libre expresión no justifica mensajes intimidatorios: Las amenazas constituyen un delito y actuaremos en coordinación con el Ministerio Público para investigarlas.
La Fiscalía de Antofagasta ha iniciado una investigación tras la denuncia de tres personas que fueron contactadas por individuos que se hicieron pasar por fiscales. Bajo la excusa de una supuesta investigación por visitar páginas o poseer material con contenido sexual, los estafadores exigieron pagos a las víctimas a través de WhatsApp para detener el presunto proceso judicial. Ante este nuevo modus operandi, la Fiscalía ha unificado las denuncias en una sola causa, a cargo de la unidad SACFI. La Fiscalía Regional de Antofagasta hace un llamado a la comunidad a extremar las precauciones y a denunciar de inmediato cualquier contacto sospechoso al Ministerio Público o a las policías, con el objetivo de identificar y detener a los responsables de esta estafa.
La Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI en Antofagasta ha advertido sobre el incremento de delitos de amenazas, destacando un cambio significativo en su forma de ejecución.Si antes predominaban las cartas anónimas o llamadas telefónicas, hoy se cometen principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales, señaló el subcomisario Pablo Gutiérrez Amestica. Según cifras de la PDI, en 2023 se registraron 330 casos de amenazas en la Región de Antofagasta, aumentando a 348 en 2024. En lo que va de 2025, ya se contabilizan 33 denuncias, reflejando una tendencia al alza. Ante esto, el anonimato que ofrecen las redes sociales, junto al uso de perfiles falsos y técnicas para ocultar la identidad, complica la identificación de los responsables. No existe un modus operandi único, lo que nos obliga a actualizar constantemente nuestras técnicas investigativas, explicó Gutiérrez. Recomendaciones para la ciudadanía El subcomisario aconseja a las víctimas de amenazas en línea denunciar de forma presencial ante la BICRIM y resguardar toda evidencia digital: capturas de pantalla, enlaces, perfiles o números involucrados. Además, enfatizó que la libre expresión no justifica mensajes intimidatorios: Las amenazas constituyen un delito y actuaremos en coordinación con el Ministerio Público para investigarlas.
