La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (SACFI) en conjunto con la Brigada de Robos de la PDI en Antofagasta, formalizó a 30 personas acusadas de formar parte de una red dedicada a la apropiación fraudulenta de vehículos en varias regiones del país. La investigación reveló que los implicados realizaban denuncias falsas por robo de automóviles y luego, usando documentos falsificados, se presentaban en las comisarías para recuperarlos, “gemelearlos” y venderlos a terceros. En caso de no lograr la recuperación a través de las policías, los miembros de la organización se hacían pasar por carabineros para intimidar a los propietarios y obtener los vehículos. Esta semana se formalizó a dos nuevos implicados en el caso: uno de ellos detenido en San Antonio, acusado de asociación ilícita, falsificación y obstrucción a la justicia, mientras que el segundo fue detenido en Llolleo y enfrentará cargos adicionales por posesión ilegal de municiones. Ambos quedaron en prisión preventiva, elevando a 17 el total de detenidos bajo esta medida cautelar. Investigación Compleja El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, explicó que el trabajo coordinado con la PDI ha permitido reunir evidencias cruciales para determinar el rol específico de cada miembro dentro de esta red delictiva. “ Se trata de una investigación extremadamente compleja, donde es necesario establecer con exactitud la participación que tuvo cada imputado y junto con eso analizar un cúmulo importante de información que se fue generando antes, durante y con posterioridad a las detenciones. Recordemos que esta es una asociación delictiva que operaba en distintas regiones del país, integrada por decenas de personas, en roles distintos, lo que complejiza mucho más el proceso” , señaló. El persecutor también recordó el modus operandi utilizado por la banda, señalando que este tipo de fraude no era conocido en Chile y que la organización contaba con la capacidad de falsificar documentación para sustentar su operación delictiva. Se sustentaba básicamente en la capacidad que tenía de la organización para suministrarse distinta documentación falsificada, aspecto que también debe ser objeto de una profunda investigación , explicó. Lucha Contra el Crimen Organizado Castro Bekios agregó que este tipo de investigaciones van en la línea de perseguir el crimen organizado en todas sus dimensiones, y destacó los desafíos de estas operaciones. “El crimen organizado, como estructura compleja, con líderes, miembros especializados y redes de apoyo, tiene diversas manifestaciones delictivas y entre ellas están el fraude, falsificación, robo y en general sustracción de bienes valiosos, como son los vehículos. Por otra parte, observamos los peligros que existen en la relación estrecha entre el crimen organizado y distintas actividades ilícitas. Basta pensar, por ejemplo, en la protección y colaboración que requieren estas organizaciones para poder actuar y que se traduce en el pago de sobornos para evitar detenciones o alertar de la existencia de investigaciones” , sostuvo. El Juzgado de Garantía otorgó 120 días iniciales para la investigación, período en el cual la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para identificar y detener a otros posibles integrantes de la red. Los formalizados enfrentan cargos por asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, obstrucción a la investigación, receptación de vehículos, estafa, cohecho y extorsión, entre otros.
Una investigación conjunta entre la Fiscalía de Antofagasta y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros ha llevado a la condena de una banda delictual implicada en un robo a mano armada, conocido como “salida de bancos”. El ilícito tuvo lugar el 13 de marzo de 2023, cuando los acusados Felipe Molina Sanhueza, Héctor Castro López y Francisco Morales Manríquez, junto a una cuarta cómplice, siguieron a una pareja que había retirado una suma considerable de dinero de una sucursal bancaria en el centro de Antofagasta. Los delincuentes, en un plan meticulosamente orquestado, pincharon un neumático del vehículo de las víctimas y las siguieron hasta una vulcanización. En el momento en que la pareja se distrajo, uno de los imputados aprovechó para robar el bolso que contenía el efectivo, huyendo rápidamente del lugar. Ante esto, la denuncia de las víctimas llevó a la SIP a iniciar una investigación, en la cual se analizaron las grabaciones de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar el vehículo y su patente. Dos días después del robo, la banda fue capturada durante un operativo en pleno centro de la ciudad. Asimismo, la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, ratificada por la Corte de Apelaciones, impuso penas de 4 y 5 años de prisión a los imputados, además de una condena adicional de 61 días por portar elementos destinados al robo. La cuarta integrante del grupo recibió una condena a través de un juicio abreviado. Finalmente, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó la importancia de la coordinación entre los delincuentes y el uso de vigilancia en el entorno bancario. Subrayó que gracias a la rápida acción de la SIP y la recopilación de pruebas, se logró detener a los responsables de este grave delito, que buscaban operar en la región. Los condenados deberán cumplir su pena privativa de libertad, la cual comenzó a contarse desde el 15 de marzo de 2023.
Fiscalía formalizó a seis sujetos de nacionalidad chilena y boliviana por el delito de contrabando aduanero y asociación criminal. Además, uno de ellos fue formalizado por el delito de cohecho. Para detallar, los imputados ingresaron 1.253.000 cajetillas de cigarrillos avaluadas en $2.768 millones, al interior de dos camiones de alto tonelaje por un paso no habilitado. Asimismo, según información de personal policial, uno de los sujetos ofreció $2 millones de pesos a cambio de continuar el viaje. Ahora bien, en la audiencia de formalización, se conoció que los imputados movilizaban la carga precedidos por un furgón con cuatro ocupantes en su interior cumpliendo funciones de vigilancia. Dicho vehículo fue el primero en ser fiscalizado por Carabineros en el kilómetro 7 de la Ruta 23, cerca de Hito Cajón. Así también, se incautaron radiotransmisores, celulares y $8.470.070 pesos en dinero en efectivo, entre otros elementos. Cabe mencionar que, los sujetos habían creado un grupo de WhatsApp para coordinar la entrada y traslado de la mercadería, que tenía como destino final la zona central del país. Por consiguiente, los detenidos tras ser formalizados quedaron en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Se dispuso un plazo de 120 días de investigación. Finalmente, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios detalló quelas ganancias que se obtienen de este tipo de delitos son muy importantes y dan cuenta de un nivel de organización y preparación propia de las estructuras criminales más complejas, las cuales no sólo cometen este delito, sino que podrían estar vinculadas a otros delitos incluso de mayor gravedad. Por eso, como Fiscalía vamos a recurrir a todas las herramientas que nos provee la ley para lograr las medidas cautelares más severas y finalmente las condenas más altas para quienes participen de este delito, sea como autores, cómplices o encubridores.
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, dispuso de oficio una investigación para verificar si existían hechos que pudieran revestir el delito. Ante esto, las investigaciones estarán a cargo de los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Cristian Aguilar Aranela y Eduardo Peña Martínez quienes trabajarán en conjunto con equipos de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). Para contextualizar, los medios de comunicación han revelado información sobre un extraordinario incremento en el padrón electoral en las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe. Cabe mencionar que, la Ley 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios establece en su artículo 150 que, en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos. Finalmente, la Ley 18.556 “Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”, en su artículo 54, N° 2, sanciona con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales, al que al declarar o actualizar domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, proporcione datos falsos o un domicilio electoral diferente de los permitidos en el artículo 10 de la misma norma.
La operación fue dirigida en terreno por el fiscal de Tocopilla, Andrés Godoy Rojas junto al jefe de la zona Policial, prefecto inspector Jorge Aguillón Vidal. Además, participaron alrededor de 90 detectives desde distintas regiones del norte de nuestro país. Ahora bien, durante el procedimiento se logró la incautación de marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base, tusi y comprimidos de Clotiazepam y Clonazepam. Así también, se incautaron pesas digitales y elementos empleados para la dosificación de drogas. Asimismo, el fiscal Andrés Godoy indicó que el procedimiento surge a raíz de investigaciones que mantenía el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), lo que permitió ubicar una serie de domicilios que se r elacionaban con la comercialización de droga. Ante esto, el fiscal señaló queen total se hizo un ingreso a trece domicilios en distintos puntos de la comuna y se logró la detención de cuatro personas, quienes serán formalizadas mañana por infracciones a la Ley 20.000. Finalmente, estas operaciones se enmarcan en un plan instruido por el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios y se seguirán desarrollando procedimientos similares en distintas comunas, con el apoyo de Carabineros y PDI.
La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (SACFI) en conjunto con la Brigada de Robos de la PDI en Antofagasta, formalizó a 30 personas acusadas de formar parte de una red dedicada a la apropiación fraudulenta de vehículos en varias regiones del país. La investigación reveló que los implicados realizaban denuncias falsas por robo de automóviles y luego, usando documentos falsificados, se presentaban en las comisarías para recuperarlos, “gemelearlos” y venderlos a terceros. En caso de no lograr la recuperación a través de las policías, los miembros de la organización se hacían pasar por carabineros para intimidar a los propietarios y obtener los vehículos. Esta semana se formalizó a dos nuevos implicados en el caso: uno de ellos detenido en San Antonio, acusado de asociación ilícita, falsificación y obstrucción a la justicia, mientras que el segundo fue detenido en Llolleo y enfrentará cargos adicionales por posesión ilegal de municiones. Ambos quedaron en prisión preventiva, elevando a 17 el total de detenidos bajo esta medida cautelar. Investigación Compleja El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, explicó que el trabajo coordinado con la PDI ha permitido reunir evidencias cruciales para determinar el rol específico de cada miembro dentro de esta red delictiva. “ Se trata de una investigación extremadamente compleja, donde es necesario establecer con exactitud la participación que tuvo cada imputado y junto con eso analizar un cúmulo importante de información que se fue generando antes, durante y con posterioridad a las detenciones. Recordemos que esta es una asociación delictiva que operaba en distintas regiones del país, integrada por decenas de personas, en roles distintos, lo que complejiza mucho más el proceso” , señaló. El persecutor también recordó el modus operandi utilizado por la banda, señalando que este tipo de fraude no era conocido en Chile y que la organización contaba con la capacidad de falsificar documentación para sustentar su operación delictiva. Se sustentaba básicamente en la capacidad que tenía de la organización para suministrarse distinta documentación falsificada, aspecto que también debe ser objeto de una profunda investigación , explicó. Lucha Contra el Crimen Organizado Castro Bekios agregó que este tipo de investigaciones van en la línea de perseguir el crimen organizado en todas sus dimensiones, y destacó los desafíos de estas operaciones. “El crimen organizado, como estructura compleja, con líderes, miembros especializados y redes de apoyo, tiene diversas manifestaciones delictivas y entre ellas están el fraude, falsificación, robo y en general sustracción de bienes valiosos, como son los vehículos. Por otra parte, observamos los peligros que existen en la relación estrecha entre el crimen organizado y distintas actividades ilícitas. Basta pensar, por ejemplo, en la protección y colaboración que requieren estas organizaciones para poder actuar y que se traduce en el pago de sobornos para evitar detenciones o alertar de la existencia de investigaciones” , sostuvo. El Juzgado de Garantía otorgó 120 días iniciales para la investigación, período en el cual la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para identificar y detener a otros posibles integrantes de la red. Los formalizados enfrentan cargos por asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, obstrucción a la investigación, receptación de vehículos, estafa, cohecho y extorsión, entre otros.
Una investigación conjunta entre la Fiscalía de Antofagasta y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros ha llevado a la condena de una banda delictual implicada en un robo a mano armada, conocido como “salida de bancos”. El ilícito tuvo lugar el 13 de marzo de 2023, cuando los acusados Felipe Molina Sanhueza, Héctor Castro López y Francisco Morales Manríquez, junto a una cuarta cómplice, siguieron a una pareja que había retirado una suma considerable de dinero de una sucursal bancaria en el centro de Antofagasta. Los delincuentes, en un plan meticulosamente orquestado, pincharon un neumático del vehículo de las víctimas y las siguieron hasta una vulcanización. En el momento en que la pareja se distrajo, uno de los imputados aprovechó para robar el bolso que contenía el efectivo, huyendo rápidamente del lugar. Ante esto, la denuncia de las víctimas llevó a la SIP a iniciar una investigación, en la cual se analizaron las grabaciones de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar el vehículo y su patente. Dos días después del robo, la banda fue capturada durante un operativo en pleno centro de la ciudad. Asimismo, la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, ratificada por la Corte de Apelaciones, impuso penas de 4 y 5 años de prisión a los imputados, además de una condena adicional de 61 días por portar elementos destinados al robo. La cuarta integrante del grupo recibió una condena a través de un juicio abreviado. Finalmente, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó la importancia de la coordinación entre los delincuentes y el uso de vigilancia en el entorno bancario. Subrayó que gracias a la rápida acción de la SIP y la recopilación de pruebas, se logró detener a los responsables de este grave delito, que buscaban operar en la región. Los condenados deberán cumplir su pena privativa de libertad, la cual comenzó a contarse desde el 15 de marzo de 2023.
Fiscalía formalizó a seis sujetos de nacionalidad chilena y boliviana por el delito de contrabando aduanero y asociación criminal. Además, uno de ellos fue formalizado por el delito de cohecho. Para detallar, los imputados ingresaron 1.253.000 cajetillas de cigarrillos avaluadas en $2.768 millones, al interior de dos camiones de alto tonelaje por un paso no habilitado. Asimismo, según información de personal policial, uno de los sujetos ofreció $2 millones de pesos a cambio de continuar el viaje. Ahora bien, en la audiencia de formalización, se conoció que los imputados movilizaban la carga precedidos por un furgón con cuatro ocupantes en su interior cumpliendo funciones de vigilancia. Dicho vehículo fue el primero en ser fiscalizado por Carabineros en el kilómetro 7 de la Ruta 23, cerca de Hito Cajón. Así también, se incautaron radiotransmisores, celulares y $8.470.070 pesos en dinero en efectivo, entre otros elementos. Cabe mencionar que, los sujetos habían creado un grupo de WhatsApp para coordinar la entrada y traslado de la mercadería, que tenía como destino final la zona central del país. Por consiguiente, los detenidos tras ser formalizados quedaron en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Se dispuso un plazo de 120 días de investigación. Finalmente, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios detalló quelas ganancias que se obtienen de este tipo de delitos son muy importantes y dan cuenta de un nivel de organización y preparación propia de las estructuras criminales más complejas, las cuales no sólo cometen este delito, sino que podrían estar vinculadas a otros delitos incluso de mayor gravedad. Por eso, como Fiscalía vamos a recurrir a todas las herramientas que nos provee la ley para lograr las medidas cautelares más severas y finalmente las condenas más altas para quienes participen de este delito, sea como autores, cómplices o encubridores.
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, dispuso de oficio una investigación para verificar si existían hechos que pudieran revestir el delito. Ante esto, las investigaciones estarán a cargo de los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Cristian Aguilar Aranela y Eduardo Peña Martínez quienes trabajarán en conjunto con equipos de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). Para contextualizar, los medios de comunicación han revelado información sobre un extraordinario incremento en el padrón electoral en las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe. Cabe mencionar que, la Ley 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios establece en su artículo 150 que, en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos. Finalmente, la Ley 18.556 “Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”, en su artículo 54, N° 2, sanciona con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales, al que al declarar o actualizar domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, proporcione datos falsos o un domicilio electoral diferente de los permitidos en el artículo 10 de la misma norma.
La operación fue dirigida en terreno por el fiscal de Tocopilla, Andrés Godoy Rojas junto al jefe de la zona Policial, prefecto inspector Jorge Aguillón Vidal. Además, participaron alrededor de 90 detectives desde distintas regiones del norte de nuestro país. Ahora bien, durante el procedimiento se logró la incautación de marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base, tusi y comprimidos de Clotiazepam y Clonazepam. Así también, se incautaron pesas digitales y elementos empleados para la dosificación de drogas. Asimismo, el fiscal Andrés Godoy indicó que el procedimiento surge a raíz de investigaciones que mantenía el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), lo que permitió ubicar una serie de domicilios que se r elacionaban con la comercialización de droga. Ante esto, el fiscal señaló queen total se hizo un ingreso a trece domicilios en distintos puntos de la comuna y se logró la detención de cuatro personas, quienes serán formalizadas mañana por infracciones a la Ley 20.000. Finalmente, estas operaciones se enmarcan en un plan instruido por el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios y se seguirán desarrollando procedimientos similares en distintas comunas, con el apoyo de Carabineros y PDI.
