El Tribunal Constitucional (TC) resolvió por unanimidad no abrir una etapa de pruebas en la causa que busca la destitución de la senadora Isabel Allende, argumentando que no existen hechos relevantes que necesiten ser acreditados. Este caso se originó tras una solicitud presentada por parlamentarios de oposición, específicamente de Republicanos y Chile Vamos, quienes acusan a la legisladora socialista de haber firmado un contrato con el Estado en el fallido intento de venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Según la acusación, esto violaría el artículo 60 de la Constitución, que establece la cesación del cargo para parlamentarios que celebren contratos con el Estado. El fallo del TC no implica un cierre del caso ni una resolución definitiva sobre la continuidad de Isabel Allende en el Senado. Lo que la resolución establece es que no se permitirá presentar más pruebas en la causa, ya que el tribunal considera que los hechos clave ya están claros y no requieren mayor investigación. Ahora, el proceso entra en una nueva fase en la que el Pleno del Tribunal Constitucional deberá analizar el fondo del asunto y determinar si la senadora socialista debe ser removida de su cargo o no. El caso ha generado controversia en el mundo político, especialmente porque también involucra a la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, quien participó en la firma del contrato, pero ha defendido que la operación nunca se concretó. Mientras tanto, Isabel Allende sigue en funciones, a la espera del fallo definitivo del TC. Fuente: ADN Radio Nacional
Fue en el desarrollo de esta última jornada, que se destaparon nuevos antecedentes de la truncada transacción en cuanto a la compraventa de la casa del exPresidente Salvador Allende, inmueble que el Gobierno buscaba reconvertirla en museo, a modo de patrimonio cultural del país. Un correo electrónico proveniente desde el Servicio Nacional de Patrimonio en abril de 2024, habría advertido a la Subsecretaría de Patrimonio la dificultad que significaba el vínculo de la ministra de Defensa, Maya Fernández -nieta del exmandatario-, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende -hija del otrora jefe de Estado- con la vivienda. Según recogió La Segunda este martes, el mencionado correo está en manos de la Fiscalía y es parte de los antecedentes recopilados en la investigación por eventual fraude al Fisco por esta venta, que finalmente no se concretó. De igual forma, el citado medio publicó parte del mail que advierte lo dificultoso de la compraventa “para efectos jurídicos”, aunque no se cita el artículo en particular que infringiría de la Constitución el negocio que en definitiva no se materializó. Se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos, reveló el documento digital que escaló dentro del Ministerio de las Culturas. Asimismo, dio cuenta que fuentes consultadas por dicho medio -vinculadas al caso- indicaron que el email fue una de las primeras alarmas que se percibieron sobre un posible conflicto de interés en el proceso, aunque admiten que no se profundizó en los artículos legales en juego. Así las cosas, cabe recordar que, al ser alertado públicamente de la situación, el Gobierno desistió de la compra, en acuerdo con la familia Allende pese a que el compromiso de compraventa ya estaba firmado, pero la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tuvo que salir de su cargo, pagando el costo político del caso.
Durante esta jornada, la ministra de Interior, Carolina Tohá, tuvo palabras para la citación por parte del Ministerio Público a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, para declarar en calidad de imputadas en el marco de la fallida venta de la casa del exPresidente Salvador Allende. En este escenario, la jefa de gabinete fue consultada respecto a la disposición del Gobierno, considerando que existe la posibilidad que el Presidente Gabriel Boric también preste declaración. “Yo creo que no hay ningún misterio sobre estos temas, cada vez que la Fiscalía necesitaba antecedentes sobre cualquier investigación que estén en manos del Gobierno, así se ha hecho”, afirmó. Vale consignar que causa está siendo liderada por el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper. Por una parte, se espera que la titular de Defensa atestigüe mañana jueves, a las 15.00 hrs, mientras que la parlamentaria lo haga el viernes, también a las 15.00 hrs. “Se ha colaborado con las investigaciones y siempre también se ha tenido el cuidado de manejar, de la manera más prudente, antecedentes que pueden afectar a terceras personas”, aseveró Tohá. “O que dicen relación con materia sensible que maneja el Estado y que no pueden divulgarse, o no pueden entrar en discusiones que están ajenas a la materia de la cual se trataban”, apuntó la titular de Estado. Finalmente, cabe señalar que también está citada a comparecer -en la misma calidad- la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien se le solicitó su renuncia el pasado lunes 6 de enero. De igual manera, la otrora autoridad declarará el viernes a las 15.00 hrs.
Durante la presente jornada, se confirmó que la Fiscalía citó a declarar en calidad de imputadas a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora (PS) Isabel Allende, en el marco de la investigación en su contra tras la fallida compra por parte del Gobierno de una vivienda del exPresidente Salvador Allende (1970-1973), buscando convertirla en una suerte de casa-museo. La indagatoria penal se inició por una denuncia que presentó el abogado y excandidato a constituyente por el Partido Republicano, Raimundo Palamara, en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric, y quienes resulten responsables. Vale recordar que la situación vio la luz pública los primeros días de enero cuando se conoció que el gobierno buscaba materializar la compra de las casas de los exjefes de Estado Patricio Aylwin y Salvador Allende, no obstante, la propiedad de éste último no se concretó. Lo anterior, en base a que una de las propietarias de la vivienda es la actual ministra y nieta del otrora Mandatario, y la ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es la senadora Allende, quien también tiene el mismo impedimento, al ser su hija. Así las cosas, ambas personeras políticas fueron convocadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, designado a cargo de la persecusión penal que surgió tras la querella interpuesta. Por una parte, la líder de Defensa fue llamada para el jueves 23 de enero, mientras que la parlamentaria socialista al día siguiente, viernes 24 de enero. Con todo, los coletazos que ha traído consigo el escenario descrito, desembocaron además en la renuncia de Marcela Sandoval al cargo de ministra de Bienes Nacionales. Asimismo, el Partido Republicano y Chile Vamos presentaron un requerimiento de destitución de la Maya Fernández e Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional (TC), petición que será revisada este jueves por el órgano para definir si la acoge o no.
Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó a su par de Defensa, Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende (PS), quien han sido cuestionadas por parlamentarios de Oposición -buscando su destitución- tras el polémico y fallido proceso de compra de la casa del exPresidente Salvador Allende para convertirla en una especie de museo. “Es una decisión y está dentro del marco de sus competencias, no tenemos nada que decir al respecto. Lo que sí podemos decir es que los detalles de lo que aquí sucedió, y las personas… la trayectoria de la senadora Allende y de la ministra Fernández, que además fue parlamentaria, es bien conocida: son personas rectas, son personas que han actuado siempre de buena fe”, recalcó la titular de la cartera. “Eso no quita la facultad de los parlamentarios de ejercer sus atribuciones, pero lo que uno esperaría que, en el marco del ejercicio de esas facultades, ciertos límites no se pasen a llevar. Ciertos límites de personas que, en el caso de la senadora Allende, una persona que ha entregado su vida entera a cuidar la memoria de su padre, el presidente Salvador Allende”, añadió la secretaria de estado. Cabe consignar que los motivos son que una de las propietarias de la vivienda es la actual ministra de Defensa Maya Fernández Allende, nieta del expresidente, y la ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es la propia senadora Allende, quien también tiene el mismo impedimento. “Los errores que se cometieron en esta operación fueron admitidos y enmendados de inmediato, apenas se tomó conciencia de que había una dificultad para llevar adelante la operación, y eso espero que se pondere y que todos los actores que tengan algo que decir en esto no lo pierdan de vista”, complementó la jefa de gabinete. Con todo, vale recordar que la acción que significó la renuncia de la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, continúa siendo investigada por la Fiscalía, motivo por el cual, este miércoles el Ministerio de Bienes Nacionales entregó voluntariamente antecedentes al organismo persecutor.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió por unanimidad no abrir una etapa de pruebas en la causa que busca la destitución de la senadora Isabel Allende, argumentando que no existen hechos relevantes que necesiten ser acreditados. Este caso se originó tras una solicitud presentada por parlamentarios de oposición, específicamente de Republicanos y Chile Vamos, quienes acusan a la legisladora socialista de haber firmado un contrato con el Estado en el fallido intento de venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Según la acusación, esto violaría el artículo 60 de la Constitución, que establece la cesación del cargo para parlamentarios que celebren contratos con el Estado. El fallo del TC no implica un cierre del caso ni una resolución definitiva sobre la continuidad de Isabel Allende en el Senado. Lo que la resolución establece es que no se permitirá presentar más pruebas en la causa, ya que el tribunal considera que los hechos clave ya están claros y no requieren mayor investigación. Ahora, el proceso entra en una nueva fase en la que el Pleno del Tribunal Constitucional deberá analizar el fondo del asunto y determinar si la senadora socialista debe ser removida de su cargo o no. El caso ha generado controversia en el mundo político, especialmente porque también involucra a la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, quien participó en la firma del contrato, pero ha defendido que la operación nunca se concretó. Mientras tanto, Isabel Allende sigue en funciones, a la espera del fallo definitivo del TC. Fuente: ADN Radio Nacional
Fue en el desarrollo de esta última jornada, que se destaparon nuevos antecedentes de la truncada transacción en cuanto a la compraventa de la casa del exPresidente Salvador Allende, inmueble que el Gobierno buscaba reconvertirla en museo, a modo de patrimonio cultural del país. Un correo electrónico proveniente desde el Servicio Nacional de Patrimonio en abril de 2024, habría advertido a la Subsecretaría de Patrimonio la dificultad que significaba el vínculo de la ministra de Defensa, Maya Fernández -nieta del exmandatario-, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende -hija del otrora jefe de Estado- con la vivienda. Según recogió La Segunda este martes, el mencionado correo está en manos de la Fiscalía y es parte de los antecedentes recopilados en la investigación por eventual fraude al Fisco por esta venta, que finalmente no se concretó. De igual forma, el citado medio publicó parte del mail que advierte lo dificultoso de la compraventa “para efectos jurídicos”, aunque no se cita el artículo en particular que infringiría de la Constitución el negocio que en definitiva no se materializó. Se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos, reveló el documento digital que escaló dentro del Ministerio de las Culturas. Asimismo, dio cuenta que fuentes consultadas por dicho medio -vinculadas al caso- indicaron que el email fue una de las primeras alarmas que se percibieron sobre un posible conflicto de interés en el proceso, aunque admiten que no se profundizó en los artículos legales en juego. Así las cosas, cabe recordar que, al ser alertado públicamente de la situación, el Gobierno desistió de la compra, en acuerdo con la familia Allende pese a que el compromiso de compraventa ya estaba firmado, pero la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tuvo que salir de su cargo, pagando el costo político del caso.
Durante esta jornada, la ministra de Interior, Carolina Tohá, tuvo palabras para la citación por parte del Ministerio Público a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, para declarar en calidad de imputadas en el marco de la fallida venta de la casa del exPresidente Salvador Allende. En este escenario, la jefa de gabinete fue consultada respecto a la disposición del Gobierno, considerando que existe la posibilidad que el Presidente Gabriel Boric también preste declaración. “Yo creo que no hay ningún misterio sobre estos temas, cada vez que la Fiscalía necesitaba antecedentes sobre cualquier investigación que estén en manos del Gobierno, así se ha hecho”, afirmó. Vale consignar que causa está siendo liderada por el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper. Por una parte, se espera que la titular de Defensa atestigüe mañana jueves, a las 15.00 hrs, mientras que la parlamentaria lo haga el viernes, también a las 15.00 hrs. “Se ha colaborado con las investigaciones y siempre también se ha tenido el cuidado de manejar, de la manera más prudente, antecedentes que pueden afectar a terceras personas”, aseveró Tohá. “O que dicen relación con materia sensible que maneja el Estado y que no pueden divulgarse, o no pueden entrar en discusiones que están ajenas a la materia de la cual se trataban”, apuntó la titular de Estado. Finalmente, cabe señalar que también está citada a comparecer -en la misma calidad- la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien se le solicitó su renuncia el pasado lunes 6 de enero. De igual manera, la otrora autoridad declarará el viernes a las 15.00 hrs.
Durante la presente jornada, se confirmó que la Fiscalía citó a declarar en calidad de imputadas a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora (PS) Isabel Allende, en el marco de la investigación en su contra tras la fallida compra por parte del Gobierno de una vivienda del exPresidente Salvador Allende (1970-1973), buscando convertirla en una suerte de casa-museo. La indagatoria penal se inició por una denuncia que presentó el abogado y excandidato a constituyente por el Partido Republicano, Raimundo Palamara, en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric, y quienes resulten responsables. Vale recordar que la situación vio la luz pública los primeros días de enero cuando se conoció que el gobierno buscaba materializar la compra de las casas de los exjefes de Estado Patricio Aylwin y Salvador Allende, no obstante, la propiedad de éste último no se concretó. Lo anterior, en base a que una de las propietarias de la vivienda es la actual ministra y nieta del otrora Mandatario, y la ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es la senadora Allende, quien también tiene el mismo impedimento, al ser su hija. Así las cosas, ambas personeras políticas fueron convocadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, designado a cargo de la persecusión penal que surgió tras la querella interpuesta. Por una parte, la líder de Defensa fue llamada para el jueves 23 de enero, mientras que la parlamentaria socialista al día siguiente, viernes 24 de enero. Con todo, los coletazos que ha traído consigo el escenario descrito, desembocaron además en la renuncia de Marcela Sandoval al cargo de ministra de Bienes Nacionales. Asimismo, el Partido Republicano y Chile Vamos presentaron un requerimiento de destitución de la Maya Fernández e Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional (TC), petición que será revisada este jueves por el órgano para definir si la acoge o no.
Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó a su par de Defensa, Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende (PS), quien han sido cuestionadas por parlamentarios de Oposición -buscando su destitución- tras el polémico y fallido proceso de compra de la casa del exPresidente Salvador Allende para convertirla en una especie de museo. “Es una decisión y está dentro del marco de sus competencias, no tenemos nada que decir al respecto. Lo que sí podemos decir es que los detalles de lo que aquí sucedió, y las personas… la trayectoria de la senadora Allende y de la ministra Fernández, que además fue parlamentaria, es bien conocida: son personas rectas, son personas que han actuado siempre de buena fe”, recalcó la titular de la cartera. “Eso no quita la facultad de los parlamentarios de ejercer sus atribuciones, pero lo que uno esperaría que, en el marco del ejercicio de esas facultades, ciertos límites no se pasen a llevar. Ciertos límites de personas que, en el caso de la senadora Allende, una persona que ha entregado su vida entera a cuidar la memoria de su padre, el presidente Salvador Allende”, añadió la secretaria de estado. Cabe consignar que los motivos son que una de las propietarias de la vivienda es la actual ministra de Defensa Maya Fernández Allende, nieta del expresidente, y la ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es la propia senadora Allende, quien también tiene el mismo impedimento. “Los errores que se cometieron en esta operación fueron admitidos y enmendados de inmediato, apenas se tomó conciencia de que había una dificultad para llevar adelante la operación, y eso espero que se pondere y que todos los actores que tengan algo que decir en esto no lo pierdan de vista”, complementó la jefa de gabinete. Con todo, vale recordar que la acción que significó la renuncia de la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, continúa siendo investigada por la Fiscalía, motivo por el cual, este miércoles el Ministerio de Bienes Nacionales entregó voluntariamente antecedentes al organismo persecutor.
